Ecuaci¨®n imposible
Wert impone duros recortes al tiempo que f¨ªa la mejora de la calidad educativa a una gran ley
En contra de lo que defiende la presidenta de Castilla-La Mancha Mar¨ªa Dolores de Cospedal, Espa?a necesita pol¨ªticos profesionales. Y suscribiendo casi al 100% la tesis de C¨¦sar Molinas sobre los desmanes de muchos de nuestros servidores p¨²blicos en su espl¨¦ndido art¨ªculo Una teor¨ªa de la clase pol¨ªtica espa?ola en El Pa¨ªs, el pasado 10 de septiembre, considero que esos pol¨ªticos profesionales deben tener, por supuesto, dedicaci¨®n exclusiva y un sueldo digno; eso s¨ª, sin privilegios distintos a los que tienen el resto de los trabajadores.
La maniobra de Cospedal, que tambi¨¦n es secretaria general del Partido Popular, es extremadamente burda. Se propone retirar el salario a los diputados del parlamento regional ¡ªlo que perjudica fundamentalmente a la oposici¨®n, dado que la mayor¨ªa del PP tiene sueldo p¨²blico, por ejemplo, en la Junta ¡ª, pero no incluye al Ejecutivo, es decir, a s¨ª misma y los miembros de su gabinete. A rengl¨®n seguido, el portavoz del grupo popular en las Cortes regionales, Francisco Ca?izares, defiende a su jefa alegando que ¡°quien ha vivido de la pol¨ªtica toda la vida no es capaz de saber las necesidades de la gente¡±. ?No es ese, acaso, el perfil de Cospedal y, sobre todo, el de Mariano Rajoy? As¨ª son de tramposos y contradictorios los discursos populistas.
Los frecuentes casos de corrupci¨®n pol¨ªtica, la crisis, la receta de la austeridad y la mala praxis en la funci¨®n p¨²blica alimentan este discurso de la antipol¨ªtica cuando, en puridad, deber¨ªan tener la consecuencia contraria. Lo que aqu¨ª se necesita con urgencia son pol¨ªticos profesionales que hagan su trabajo y, a ser posible, que lo hagan bien. Pol¨ªticos que pongan coto a las exigencias de los mercados y que trabajen para quien realmente les paga, que es el contribuyente.
El sistema espa?ol nos ofrece permanentemente ejemplos de una forma de entender la pol¨ªtica muy alejada de ese objetivo esencial. Y as¨ª, en nuestras democracias medi¨¢ticas, en la carrera del pol¨ªtico no se valoran tanto sus logros como la cantidad de titulares que es capaz de cosechar porque eso es lo que le aportar¨¢ m¨¢s votos; algo sobre lo que deber¨ªan reflexionar no solo los pol¨ªticos, sino la ciudadan¨ªa que les elige en las urnas.
Trabajar profesionalmente desde las instituciones p¨²blicas significa, por ejemplo, analizar las graves deficiencias del sistema educativo espa?ol para intentar corregirlas. Claro, eso, en un estado tan descentralizado como el espa?ol, no es una tarea sencilla. Requiere reunirse con los diecisiete consejeros auton¨®micos, consensuar pol¨ªticas y corregir coordinadamente los fallos.
Es un problema con el que se enfrentan todos los ministros de dos de los m¨¢s importantes pilares del Estado de bienestar: Sanidad y Educaci¨®n. Con las competencias ya transferidas a las comunidades aut¨®nomas, algunos de los ministros de tales carteras consideran que la ¨²nica manera de resolver los problemas del sector y, al tiempo, ocupar amplios espacios en los medios de comunicaci¨®n es dictar nuevas leyes. Su amor por legislar es notable.
Durante esta semana hemos sabido que el sistema educativo espa?ol no prepara a los j¨®venes para el mundo laboral, que el abandono escolar ha mejorado un poco pero que sigue siendo el m¨¢s alto de la Uni¨®n Europea, que la baja proporci¨®n de alumnos en formaci¨®n profesional es un lastre y que la desigualdad regional de la calidad educativa es de las peores del continente. Pues bien, la respuesta no es exhibir el trabajo en marcha y los proyectos de futuro para ir corrigiendo tales deficiencias. La respuesta, ideada ya desde el programa electoral del PP, es confeccionar una nueva ley, una gran norma legal que quiz¨¢ no resuelva casi ninguno de esos problemas pero que dejar¨¢ titulares y la impronta de quien detenta la cartera de Educaci¨®n. Lamentablemente, Jos¨¦ Ignacio Wert no es el primero en caer en la tentaci¨®n.
S¨ª es el primero en lanzar un proyecto pomposamente titulado Ley Org¨¢nica de Mejora de la Calidad Educativa al tiempo que impone el m¨¢s duro recorte presupuestario que ha sufrido el sistema en los ¨²ltimos 80 a?os. La ecuaci¨®n es materialmente imposible. Que haya menos profesores, m¨¢s alumnos por clase y menos becas ya era una mala noticia. Que, adem¨¢s, se f¨ªe a un texto legal la mejora de ese sistema ahora tan castigado parece una tomadura de pelo.
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