No solo falta est¨¦tica, sino transparencia

La presi¨®n ha podido m¨¢s que todos los mensajes de apoyo enviados por altos cargos del Partido Popular. Juan Jos¨¦ G¨¹emes anunci¨® el martes su dimisi¨®n como miembro del Consejo de Administraci¨®n de la empresa suiza Unilabs. Esta compa?¨ªa adquiri¨® en noviembre la participaci¨®n mayoritaria de la UTE (uni¨®n temporal de empresas) encargada de realizar los an¨¢lisis cl¨ªnicos de seis hospitales p¨²blicos madrile?os, un servicio que privatiz¨® G¨¹emes cuando era consejero de Sanidad (entre 2008 y 2010). G¨¹emes sostiene que ha cumplido la ley, que se marcha para que nadie pueda cuestionar la labor que realiz¨® al frente de la consejer¨ªa y que su actuaci¨®n es inapelable desde el punto de vista ¨¦tico. Seg¨²n su razonamiento se tratar¨ªa, pues, de un mero problema de est¨¦tica.

El caso de G¨¹emes ha hecho que salten de nuevo las alarmas sobre las llamadas puertas giratorias (del ingl¨¦s revolving doors), que facilitan el tr¨¢nsito de altos cargos del sector p¨²blico al privado, y viceversa. El fen¨®meno inquieta especialmente cuando se trata de profesionales del sector sanitario, en un momento en el que se intensifican las iniciativas privatizadoras del sistema de salud p¨²blico.

?Existen herramientas suficientes para garantizar a los ciudadanos que las reformas tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema sanitario p¨²blico y no beneficiar a determinados intereses empresariales? No las suficientes, seg¨²n coinciden los expertos consultados.

¡°Hay que avanzar en cuestiones relacionadas con la independencia y la transparencia del sistema para desterrar las sospechas de colisi¨®n de intereses¡±, se?ala Ildefonso Hern¨¢ndez, vicepresidente de la Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria (Sespas). ¡°Desde hace tiempo, sociedades profesionales y cient¨ªficas vienen defendiendo que una de las v¨ªas fundamentales del avance de la solvencia del sistema nacional de salud (extrapolable a otras esferas de decisi¨®n p¨²blica) es desarrollar normas o herramientas de buen gobierno de la sanidad¡±, a?ade Juan Oliva, presidente de la Asociaci¨®n de Econom¨ªa de la Salud.

Sanidad carece de una agencia de evaluaci¨®n independiente

Lo sucedido con G¨¹emes puede servir de ejemplo. En Espa?a no existe una agencia de evaluaci¨®n sanitaria independiente similar a la que existe en otros pa¨ªses (como el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Cl¨ªnica brit¨¢nico; NICE por su acr¨®nimo en ingl¨¦s) encargada de arrojar luz a las decisiones pol¨ªticas.

Ning¨²n organismo de este tipo, independiente del poder pol¨ªtico, tuvo ocasi¨®n de evaluar los efectos que tendr¨ªa la cesi¨®n al sector privado de la gesti¨®n de los an¨¢lisis cl¨ªnicos de los seis hospitales madrile?os, de analizar la eficiencia de la medida, los beneficios que aportar¨ªa o las garant¨ªas que exist¨ªan en cuanto a los est¨¢ndares de calidad cl¨ªnicos. Ni, en consecuencia, pudo concluir que se trataba de una medida beneficiosa para la red sanitaria p¨²blica.

Si esto hubiera sucedido, el exconsejero de Sanidad podr¨ªa haber dado el salto a la industria privada sin tener que preocuparse por posibles cuestionamientos futuros, ya que su decisi¨®n habr¨ªa estado avalada desde el origen por especialistas independientes. Y los madrile?os podr¨ªan tener m¨¢s garant¨ªas de que la decisi¨®n se adopt¨® en aras de mejorar el servicio sanitario p¨²blico.

G¨¹emes justifica su actuaci¨®n se?alando que Unilabs no gan¨® el concurso de los an¨¢lisis que ¨¦l mismo convoc¨® en el a?o 2008, y que si la multinacional suiza se ha hecho con este servicio ha sido porque compr¨® en noviembre la participaci¨®n (un 55% de las acciones) que ten¨ªa en el negocio una de las empresas adjudicatarias, los laboratorios catalanes Balagu¨¦.

Adem¨¢s ha manifestado que su dimisi¨®n obedece a su deseo de no estar vinculado a ninguna actividad empresarial, para as¨ª poder expresarse ¡°con total libertad¡± sobre c¨®mo cree que debe evolucionar el modelo sanitario p¨²blico.

Ildefonso Hern¨¢ndez, exdirector general de Salud P¨²blica del Ministerio de Sanidad entre 2008 y 2011, considera que el problema de fondo es que en Espa?a no existen garant¨ªas como la que ofrece la agencia NICE.

Los expertos piden comit¨¦s de ¨¦tica que analicen los conflictos de inter¨¦s

En Espa?a existe un claro d¨¦ficit de transparencia en todo lo que hace referencia a la gesti¨®n sanitaria, sostiene Hern¨¢ndez. Y no solo en relaci¨®n con las experiencias de gesti¨®n privada de recursos p¨²blicos, sino tambi¨¦n en todo lo referido a la gesti¨®n p¨²blica tradicional. Hoy d¨ªa, por ejemplo, resulta imposible conocer algo tan b¨¢sico como las diferencias entre las listas de espera de los sistemas de salud de las distintas comunidades aut¨®nomas (ni hablar de las existentes entre hospitales). Y no porque no se recojan estos datos, sino porque no se hacen p¨²blicos. O no se publican de manera adecuada.

Los expertos se?alan que no solo ser¨ªa necesario un organismo encargado de evaluar medidas como la que tom¨® G¨¹emes ¡ªo la que ha tomado el actual responsable del departamento, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty, de ceder a la gesti¨®n privada seis hospitales y 27 centros de salud p¨²blicos¡ª. Otro de los instrumentos b¨¢sicos para aportar transparencia al sistema, seg¨²n apunta Hern¨¢ndez, ser¨ªa la puesta en marcha de comit¨¦s de ¨¦tica encargados de vigilar eventuales conflictos de inter¨¦s y garantizar la independencia de las pol¨ªticas que se toman. Y no solo en la selecci¨®n de cargos p¨²blicos, sino tambi¨¦n en los casos de expertos o sociedades cient¨ªficas que asesoran a las autoridades e influyen en la adopci¨®n de pol¨ªticas con consecuencias sanitarias o econ¨®micas relevantes.

Cuando Oliva habla de dotarse de herramientas de buen gobierno, como las agencias o los comit¨¦s, no solo se refiere a estos instrumentos. Tambi¨¦n a una amplia bater¨ªa de medidas que incluyen ¡°construir un sistema mucho m¨¢s transparente en la informaci¨®n proporcionada a usuarios, profesionales y ciudadanos; buscar f¨®rmulas de participaci¨®n en la toma de decisiones con los profesionales sanitarios y con la ciudadan¨ªa; desarrollar normas y estructuras concretas para que las personas responsables de la toma de decisiones rindan cuentas y puedan justificarlas bas¨¢ndose en criterios de efectividad, eficiencia y calidad en todos los niveles del sistema sanitario¡±.

Pero ni siquiera poner en marcha agencias o comit¨¦s de ¨¦tica ser¨ªa relevante si no existe la convicci¨®n de que son necesarias. ¡°Si no hay conciencia de la importancia que tienen los valores de la participaci¨®n, rendici¨®n de cuentas o el cumplimiento de c¨®digos de conductas para nuestro sistema, crearemos organismos huecos y carentes de valor¡±,sostiene Oliva.

Tan importante como tener normas es garantizar su cumplimiento

Ricard Meneu, vicepresidente de la Fundaci¨®n Instituto de Investigaci¨®n de Servicios de Salud, insiste en esta idea. ¡°Ser¨¢ dif¨ªcil avanzar sustancialmente si como sociedad no compartimos unos m¨ªnimos principios de buenas pr¨¢cticas que hoy no parecen sencillos de acordar¡±. Meneu apunta a que ¡°seguramente hace falta un mayor activismo social¡±, y apunta a experiencias como la web estadounidense?Open Secrets, donde se siguen y difunden casos de puertas giratorias y de lobbistas.

El conflicto de intereses, seg¨²n la definici¨®n de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE), es la colisi¨®n ¡°entre deber p¨²blico y el inter¨¦s personal de un cargo p¨²blico, en que el inter¨¦s personal podr¨ªa influir indebidamente en la realizaci¨®n de sus tareas y responsabilidades oficiales¡±. Y, como indica Hern¨¢ndez, ¡°es demasiado frecuente¡±. Prueba de ello es que ha afectado, en mayor o menor medida, a todas las agencias sanitarias europeas. Hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas Europeo intervino a finales del a?o pasado a ra¨ªz de la preocupaci¨®n mostrada por el Parlamento de Bruselas respecto a distintas informaciones sobre comportamientos dudosos que afectaban a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la Agencia Europea de Medicamentos, entre otros organismos. El tribunal denunci¨® en su informe que ninguna de las agencias estudiadas (tambi¨¦n la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Qu¨ªmicos o la Agencia Europea de Seguridad A¨¦rea) ¡°gestionaba debidamente las situaciones de conflicto de intereses¡±.

Otro caso similar es el de Manuel Mar¨ªn Ferrer, el hombre de la Administraci¨®n valenciana encargado de controlar a la empresa responsable de la gesti¨®n privada del departamento de salud de La Ribera, que atiende la sanidad p¨²blica de 250.000 habitantes, durante los a?os 2000 a 2007. De un d¨ªa para otro, la empresa que fiscalizaba le fich¨® para ocupar la direcci¨®n del departamento de Salud; es decir, pas¨® de supervisor a estar en n¨®mina de la empresa que vigilaba.

Antonio Burgue?o recorri¨® el camino inverso. De un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, desde donde impuls¨® el modelo de privatizaci¨®n de la gesti¨®n sanitaria mediante la f¨®rmula de la concesi¨®n administrativa (el modelo Alzira), ha pasado a la Direcci¨®n General de Hospitales de la Consejer¨ªa de Salud madrile?a, desde donde impulsa la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de centros p¨²blicos bajo la f¨®rmula que ¨¦l dise?¨® en Adeslas.

Los problemas relacionados con la colisi¨®n de intereses y las incompatibilidades no se limitan a la gesti¨®n privada de la sanidad p¨²blica. ¡°Con escasas excepciones, los responsables de pol¨ªticas farmac¨¦uticas o la agencia del medicamento pasan al poco tiempo a formar parte de la n¨®mina de las principales empresas a las que ven¨ªan regulando¡±, apunta Ricard Meneu. Tampoco son exclusivas del ¨¢mbito sanitario. Pero en esta parcela revisten una gravedad especial. ¡°La confianza de la poblaci¨®n en las autoridades sanitarias se gana lentamente pero se puede perder de golpe. Por eso, no puede haber dudas sobre los intereses reales de las decisiones que toman las autoridades sanitarias¡±, comenta Hern¨¢ndez.

Al margen de los comit¨¦s ¨¦ticos o las agencias de evaluaci¨®n est¨¢ la ley. ?Se puede hacer algo m¨¢s para garantizar la transparencia? La Ley 5/2006 que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de la Administraci¨®n General del Estado limita a los altos cargos la posibilidad de trabajar en empresas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempe?ado durante los dos a?os siguientes de su salida de la funci¨®n p¨²blica. G¨¹emes respet¨® este periodo entre que dej¨® la consejer¨ªa y fich¨® por Unilabs, por lo que no incumpli¨® la ley.

Un plazo muy largo de incompatibilidad penalizar¨ªa el paso por la pol¨ªtica

Podr¨ªa endurecerse la norma alargando el plazo. Pero si es demasiado estricta, con cuarentenas muy prolongadas, se llegar¨ªa a penalizar en exceso el paso por el sector p¨²blico, se?ala Jos¨¦ Ram¨®n Pin, de la escuela de negocios IESE. Existe el riesgo de que personas con capacidad y que pueden aportar su val¨ªa al sector p¨²blico renunciaran a ello por los problemas que tendr¨ªan a la hora de reincorporarse al sector privado y ¡°se perder¨ªa calidad en los directivos p¨²blicos¡±, explica el responsable de la c¨¢tedra de Gobierno y Liderazgo en la Administraci¨®n P¨²blica del IESE.

¡°La ley espa?ola es muy imperfecta en la acotaci¨®n de los conflictos de intereses de los altos cargos p¨²blicos¡±, sostiene Oliva. Y pone un ejemplo: ¡°no se puede considerar igual el trato a una persona que ha desempe?ado una carrera profesional en un campo y entra temporalmente en el servicio p¨²blico a otra cuya actividad profesional ha estado ligada a un partido pol¨ªtico y salta del servicio p¨²blico a la esfera privada¡±.

A la pregunta de si se deber¨ªa cambiar la ley, Ricard Meneu responde con una autocita incluida en el libro El buen gobierno sanitario, del que es coautor. ¡°No se trata tanto de una cuesti¨®n de leyes nuevas, como de conseguir que se cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes, lo cual no obsta para intentar perfeccionar estas, aunque sin desviar el ¨¦nfasis de la relevancia de su cumplimiento y supervisi¨®n frente a su mera promulgaci¨®n¡±.

¡°Si se debilitan las estructuras del Estado que tienen que mantener la independencia y la regulaci¨®n se corre el riesgo de que las decisiones se alejen del bien p¨²blico¡±, concluye Ildefonso Hern¨¢ndez. ¡°Y esto¡±, a?ade, ¡°est¨¢ sucediendo en el proceso de privatizaci¨®n de la sanidad p¨²blica¡±.