El fracaso de la investigaci¨®n

El abandono pol¨ªtico y econ¨®mico de la investigaci¨®n en Espa?a ha promovido numerosas protestas al Gobierno, a la UE y en los medios de comunicaci¨®n, que alg¨²n d¨ªa ser¨¢n la memoria del fracaso espa?ol para alcanzar nivel de pa¨ªs desarrollado en el siglo XXI. Sin embargo, muy poco se ha escrito sobre los actores del sistema: principalmente el Consejo Superior de Investigaciones Cient¨ªficas (CSIC) y la Universidad, receptores del abandono y gestores necesarios del fracaso. Poco se puede decir del CSIC, en el que lo ¨²nico que ahora importa es detener su destrucci¨®n. En cambio, la Universidad hay que reinventarla, como Universidad moderna o humboltiana, si queremos que sirva al desarrollo tecnol¨®gico.

Con este fin, una comisi¨®n de expertos, nombrada por el Gobierno, hizo p¨²blica recientemente su propuesta de reforma y de inmediato aparecieron voces cr¨ªticas, algunas de rectores, aduciendo que el informe hace mucho ¨¦nfasis en la investigaci¨®n. Extra?a cr¨ªtica, si se considera la pobre aportaci¨®n de la Universidad espa?ola al progreso del conocimiento, que ya he descrito en estas mismas p¨¢ginas. Afortunadamente, la docencia es buena y los titulados espa?oles, al menos de las universidades m¨¢s antiguas, son apreciados fuera de Espa?a, algo muy notable en algunas titulaciones como Medicina, Telecomunicaciones o Aeron¨¢utica.

Para describir la situaci¨®n bastan algunos datos de buenas universidades, que elegir¨¦ t¨¦cnicas para que no haya dudas: el ETH de Zurich tiene 8.000 estudiantes de grado y 9.000 empleados, y al otro lado del Atl¨¢ntico, el MIT tiene 4.500 estudiantes de grado y 11.000 empleados. Bajas ratios estudiantes/empleados ¡ªpocos estudiantes para muchos empleados¡ª reflejan la actividad investigadora de la universidad. En Espa?a esas ratios oscilan entre 7 y 8, y varias universidades superan 10, frente a 0,9 y 0,4 en el ETH y MIT, lo que demuestra el escaso papel que la investigaci¨®n tiene en las universidades espa?olas.

La LRU de 1983 hizo imposible la reinvenci¨®n de la Universidad como instituci¨®n investigadora

El problema es antiguo, pero la historia que ahora interesa empieza en 1983 con la Ley de Reforma Universitaria (LRU). En aquel momento la Universidad necesitaba dos reformas: de gobierno y de reinvenci¨®n como instituci¨®n investigadora. Pero la LRU abord¨® la primera haciendo imposible la segunda, porque dise?¨® un gobierno en el que los investigadores estaban en notoria minor¨ªa. Y como la investigaci¨®n interesaba a pocos y perjudicaba a muchos con otras actividades, la evoluci¨®n hacia un modelo de universidad moderna era imposible. Un control externo podr¨ªa haber salvado a la Universidad de la LRU, pero el Gobierno no acept¨® la propuesta cuando la LRU era a¨²n un borrador.

M¨¢s tarde, en 1989, se constituy¨® la Comisi¨®n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) para asignar un complemento de productividad por investigaci¨®n. Los miles de recursos jur¨ªdicos contra la CNEAI son prueba irrefutable del divorcio entre Universidad e investigaci¨®n. Nada puede objetarse a los recursos contra las evaluaciones negativas. El divorcio se demuestra por el rechazo a la evaluaci¨®n en s¨ª, justificado como defensa altruista de la autonom¨ªa universitaria y apoyado sin fisuras por sindicatos, algunos partidos pol¨ªticos y muchas universidades. Hubo tantos recursos contra el decreto de creaci¨®n de la CNEAI que el Tribunal Supremo tuvo que hacer una reflexi¨®n para detenerlos.

La CNEAI dignific¨® la investigaci¨®n en la universidad pero no modific¨® el amiguismo en la provisi¨®n de plazas, en las que la investigaci¨®n solo contaba si conven¨ªa. Por ello, en 1993, el Gobierno cre¨® una comisi¨®n, similar a la que ahora ha actuado, que propuso una reforma muy sencilla de la LRU, de car¨¢cter transitorio, dise?ando una carrera docente con una m¨ªnima exigencia de evaluaciones positivas de la CNEAI. Esta soluci¨®n se adopt¨® porque se sab¨ªa que ni el Gobierno ni el PSOE admit¨ªan reformar el gobierno de las universidades, que era la causa del problema. La modesta reforma lleg¨® al Parlamento, pero el Ejecutivo cedi¨® a las presiones, congel¨® el proyecto y ces¨® al secretario de Estado que lo impuls¨® ¡ªque previamente hab¨ªa sido seis a?os profesor de la Universidad de California¡ª. Despu¨¦s de esto, la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU) de 2001 y su reforma en 2007 ratificaron la forma de gobierno de la LRU, desoyendo cr¨ªticas fundamentadas.

La desatenci¨®n de algunas comunidades aut¨®nomas es inexplicable

En paralelo con lo descrito, las universidades se transfirieron a las comunidades aut¨®nomas, lo que a?ad¨ªa otra dificultad a su modernizaci¨®n, porque incluso en una Espa?a econ¨®micamente fuerte, el n¨²mero de universidades de alto nivel investigador tendr¨ªa que ser muy inferior al n¨²mero de comunidades aut¨®nomas. As¨ª que determinar su situaci¨®n y financiaci¨®n es la primera dificultad de nuestro desarrollo tecnol¨®gico.

Volviendo al gobierno de las universidades, LRU y LOU significan clientelismo y mal funcionamiento, donde la acci¨®n sindical se confunde con la acci¨®n de gobierno y coloca a la universidad al servicio de sus empleados. As¨ª, mientras la Universidad funciona por el compromiso de algunos, docentes y no docentes, que mantienen una actividad que excede a sus obligaciones, otros permanecen inactivos, protegidos por un complejo entramado que los rectores no tienen capacidad real para romper.

Este entramado se extiende en m¨²ltiples direcciones y dos ejemplos lo muestran, uno con el profesorado y otro con el personal de administraci¨®n y servicios (PAS). El primero: el art¨ªculo 11 de la LRU, despu¨¦s 83 en la LOU, autoriza a los profesores a hacer trabajos t¨¦cnicos en la jornada laboral, que se cobran adem¨¢s del sueldo. El problema es complejo, pero no tanto cuando son servicios triviales que podr¨ªan competir deslealmente con la actividad privada, que se autorizan sin analizar y adem¨¢s se gravan con c¨¢nones rid¨ªculos. El volumen econ¨®mico del art¨ªculo 83 es unas 15 veces m¨¢s alto que las licencias de patentes, pero algunas universidades superan la media enormemente.

El PAS no tiene art¨ªculo 83, pero a cambio cada elecci¨®n de rector puede suponer aumento de salario o disminuci¨®n de jornada, o ambas cosas, si triunfa el candidato adecuado. Tomando como indicador salarial los contratos de personal en los proyectos de investigaci¨®n, el nivel en algunas universidades supera en un 40% el nivel del CSIC, que es la referencia. Con respecto a la jornada laboral, lo estipulado en el convenio de la Comunidad de Madrid (CM) es ilustrativa: ¡°La jornada ordinaria de trabajo ser¨¢ de 1.470 horas anuales ¡ªen el CSIC son 1.647¡ª, con un promedio semanal de 35 horas. En todo caso, se respetar¨¢n las condiciones m¨¢s beneficiosas existentes en cada universidad. Es decir, cuatro d¨ªas a la semana de 9.00 a 13.00 estar¨ªa dentro del convenio. Esta es una exageraci¨®n ret¨®rica, pero la realidad lo parece.

En este proceso, la desatenci¨®n de algunas comunidades aut¨®nomas es inexplicable. En la CM, los recortes y la falta de acuerdo entre universidad y sindicatos han llevado a la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid a despedir al 15% del PAS. Ese recorte no va a afectar a la docencia pero va contra la investigaci¨®n, por las razones de ratios arriba discutidas y porque los despedidos trabajaban. Por eso, es inexplicable que CM, universidad y sindicatos no hayan llegado a un acuerdo para evitar unos despidos que son socialmente inaceptables y perniciosos para la instituci¨®n, cuando la comparaci¨®n con el CSIC demuestra que hab¨ªa margen para negociar. Y hay preguntas sin respuesta: ?por qu¨¦ la CM desmantela la investigaci¨®n en las universidades mientras deja de cobrar impuestos transferidos? Algunas comunidades no hacen esto, pero de poco le va a servir a Espa?a si solo son algunas. Este desconcierto predice que al final del siglo XXI Espa?a estar¨¢ todav¨ªa m¨¢s lejos que ahora del norte de Europa.

Incluso asumiendo este pesimismo, modernizar la universidad es una obligaci¨®n pol¨ªtica desatendida demasiados a?os, tanto por el PP como por el PSOE. Por eso, transformar el informe de la comisi¨®n de expertos en Ley de Universidades es vital. Sin duda, hay detalles que pueden modificarse, pero no su mensaje o su propuesta de gobierno de la universidad. Ser¨ªa terrible que el PP hiciera ahora lo que el PSOE hizo en 1994.

Alonso Rodr¨ªguez Navarro es profesor em¨¦rito en el Centro de Biotecnolog¨ªa y Gen¨®mica de Plantas de la Universidad Polit¨¦cnica de Madrid.