Los tribunales no bastan para erradicar la ablaci¨®n

A Aminta le extirparon el cl¨ªtoris en Senegal. A?os despu¨¦s se instal¨® en Premi¨¤ de Mar (Barcelona) con su madre y sus tres hermanos. Su padre hab¨ªa obtenido el permiso para reagrupar a la familia en 2010. La Audiencia Nacional ha condenado a la madre de la ni?a, de siete a?os, a dos a?os de c¨¢rcel por un delito de lesiones graves y a indemnizarla con 10.000 euros. Es la primera vez que se castiga a un progenitor por llevar a cabo ¡ªo consentir¡ª esta pr¨¢ctica antes de emigrar a Espa?a con su hija.

La abogada de la condenada, Fatoumata D., presentar¨¢ un recurso de casaci¨®n ante el Supremo. En su opini¨®n, la sentencia es contraria a derecho. ¡°Parte de la premisa de que mi defendida es la autora, pero no hay ninguna prueba concluyente de que lo sea. Ni siquiera de que haya dado su consentimiento¡±, asegura Natalia Crespo. Adem¨¢s considera que es una resoluci¨®n machista, dado que el padre result¨® absuelto: ¡°La han condenado por su condici¨®n de madre, porque omiti¨® el deber de cuidado de su hija. ?El padre no tiene el mismo deber?¡±, plantea. El marido de Fatoumata, que result¨® absuelto, resid¨ªa en Espa?a desde el a?o 1999.

La condena social de la ablaci¨®n es pr¨¢cticamente un¨¢nime en todas las democracias occidentales. Y su consideraci¨®n como un delito contra la integridad f¨ªsica y moral que debe ser punible penalmente, tambi¨¦n. En el caso de Fatoumata, las dudas de los expertos surgen por el hecho de que la agresi¨®n se produjo antes de que la menor residiese en Espa?a.

Los especialistas en la lucha contra la ablaci¨®n est¨¢n adem¨¢s convencidos de que la erradicaci¨®n de esta pr¨¢ctica no vendr¨¢ solo de su persecuci¨®n penal, sino sobre todo a trav¨¦s de las campa?as de educaci¨®n y concienciaci¨®n de las familias. ¡°Tenemos que hacer bastante m¨¢s que dictar sentencias. Formar a las familias para evitar la mutilaci¨®n es el camino¡±, asegura Imma Sau, pediatra en Santa Coloma de Farners (Girona).

140 millones de mujeres han sido sometidas a esta pr¨¢ctica

Julia Ropero, profesora de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, coindice: ¡°La v¨ªa judicial no es la soluci¨®n. Ni tan siquiera la primera opci¨®n, sino el ¨²ltimo recurso. En este caso, aun admitiendo las lesiones graves y el deber de garante de la madre, los magistrados deber¨ªan haber actuado con la m¨¢xima cautela, porque es cruel, injusto y perpetuador de la discriminaci¨®n. La ni?a mutilada pierde tambi¨¦n a la madre¡±.

El abogado Manuel Oll¨¦, experto en Derechos Humanos y Justicia Universal, matiza este punto: ¡°Sin duda hay que concienciar all¨ª donde se practica, pero es intolerable que en nombre de la cultura se cometan delitos que afecten a la integridad de las mujeres. Que sea una tradici¨®n no lo justifica, porque no solo es un trato degradante prohibido por la Convenci¨®n de Derechos Humanos. Es una tortura y debe ser perseguido¡±.

La mutilaci¨®n genital femenina (MGF), total o parcial, es una tradici¨®n ancestral vigente en 28 pa¨ªses de ?frica y algunos de Asia. Naciones Unidas calcula que 140 millones de mujeres la han sufrido y tres millones de ni?as est¨¢n en riesgo cada a?o en el mundo. Adriana Kaplan, antrop¨®loga de la Fundaci¨®n Wassu-UAB, explica que ¡°la madre cumpli¨® las reglas de su pa¨ªs antes de emigrar. Para ella es lo normal. En la etnia mandinga, el 100% de las mujeres est¨¢n mutiladas. Suelen ser las abuelas quienes lo hacen, porque custodian la tradici¨®n¡±.

En los a?os noventa se detectaron los primeros casos de mutilaciones genitales en territorio espa?ol con la llegada de familias subsaharianas. ¡°Una madre¡±, recuerda Ropero, ¡°fue al m¨¦dico a pedir que le extirparan el cl¨ªtoris a su hija¡±. Saltaron todas las alarmas y se modific¨® el C¨®digo Penal para castigar la pr¨¢ctica con penas de 6 a 12 a?os de c¨¢rcel. Como las familias aprovechaban los viajes a su pa¨ªs en vacaciones para zafarse de la ley, una nueva reforma legislativa permite a la justicia perseguir las mutilaciones cometidas en el extranjero desde 2005. Es la que ha aplicado la Audiencia para condenar a Fatoumata. ¡°Como en los casos de genocidio, en virtud de la justicia universal, los tribunales espa?oles pueden perseguir delitos cometidos fuera¡±, dice Oll¨¦.

¡°Ser¨¢ tradici¨®n, pero es tortura y debe ser perseguida¡±, dice un abogado

En la anterior resoluci¨®n contra la ablaci¨®n, dictada por la Audiencia Provincial de Teruel y ratificada por el Supremo, se prob¨® que la amputaci¨®n del cl¨ªtoris de una menor de ocho meses se produjo cuando ya viv¨ªa en Espa?a. Ambos progenitores fueron condenados. Mientras al padre le impusieron seis a?os de c¨¢rcel, a la madre se lo rebajaron a dos, porque le aplicaron un ¡°atenuante al concurrir un error de prohibici¨®n vencible¡±.

¡°Es decir, reci¨¦n llegada a Espa?a, la madre ignoraba que su conducta era contraria a derecho, cre¨ªa que obraba l¨ªcitamente¡±, dice Ropero. Al padre, en cambio, no se le aplic¨® porque llevaba 10 a?os residiendo en territorio nacional y sab¨ªa que ¡°esto \[la ablaci¨®n\] no se puede hacer en Espa?a¡±, dice la sentencia del Supremo.

La resoluci¨®n de la Audiencia Nacional recoge el mismo principio y evitar¨¢, a priori, que la madre vaya a la c¨¢rcel, sostiene Oll¨¦. ¡°La propia sentencia justifica su conducta porque no ten¨ªa el suficiente conocimiento de lo realizado, y si lo hizo, fue por una motivaci¨®n cultural¡±. Respecto a que el padre fuera absuelto por el mismo delito, sin conocer los detalles, el experto en derechos humanos considera que es una ¡°cuesti¨®n de pruebas¡±.

En el caso de su mujer ¡°es determinante la declaraci¨®n del enfermero¡± que presenci¨® el reconocimiento pedi¨¢trico y manifest¨® que los padres respondieron con indiferencia y jactancia al comunicarles las lesiones. Crespo, la abogada defensora, difiere: ¡°La madre no habla ni una palabra de espa?ol, sino mandinga. Necesit¨® int¨¦rprete en el juicio y en esa primera visita al m¨¦dico el traductor fue su esposo. Cuando comprendi¨® de lo que hablaban se mostr¨® abiertamente en contra de la ablaci¨®n¡±.

El movimiento en contra de la mutilaci¨®n del cl¨ªtoris arranc¨® hace 30 a?os. Unas 8.000 comunidades africanas y 15 pa¨ªses se han comprometido a erradicarla en los ¨²ltimos tres. ¡°No implica que no se lleve a cabo, porque cuesta mucho cambiar h¨¢bitos milenarios. Sin embargo, la implicaci¨®n institucional es un primer paso importante¡±, sostiene Amalia G¨®mez, investigadora de la UAB.

En Gambia, por ejemplo, ¡°esta misma semana, tres pueblos dejar¨¢n de mutilar¡±, asegura Modika Bah, portavoz de la Asociaci¨®n de Mujeres Antimutilaci¨®n (AMAM), con la que colabora desde hace tres a?os, cuando fue ¡°consciente de lo que supon¨ªa la ablaci¨®n¡±. El Gobierno de su pa¨ªs, donde el 80% de las mujeres sufren la extirpaci¨®n de los genitales, est¨¢ formando a profesionales de la salud y la educaci¨®n y a estudiantes de Medicina para prevenir y atender a las afectadas. Un programa que impulsa Kaplan. ¡°Es fundamental formar tanto en los pa¨ªses de origen como en Espa?a para contribuir al cambio. Cuando se hace, las ni?as viajan a sus pa¨ªses de origen y regresan intactas¡±, dice.

Sau comparte esta visi¨®n. ¡°Los m¨¦dicos somos una pieza clave, al igual que la escuela, porque estamos en contacto con las familias. Lo importante es convencer, porque toman conciencia de lo que significa y cu¨¢les son sus consecuencias. Muchas madres lo sufren. Ellas tambi¨¦n son v¨ªctimas¡±.

Un m¨¦dico apunta: ¡°Lo importante es convencer, muchas madres son v¨ªctimas¡±

Girona fue pionera en la prevenci¨®n de la MGF en Espa?a. Sau forma parte de la mesa en Santa Coloma de Farners que re¨²ne a especialistas sanitarios, educadores, mediadores sociales, t¨¦cnicos de inmigraci¨®n y mossos, para prevenir, detectar y abortar casos de riesgo desde hace ocho a?os. Solo en esta provincia hay otras 40 mesas. Siguen el protocolo elaborado por la Generalitat de Catalu?a en 2002.

Mangas considera que ¡°el problema con el protocolo es que se incide m¨¢s en evitar que las ni?as viajen a sus pa¨ªses que en sensibilizar sobre un problema de salud. ?Por qu¨¦ las charlas en las escuelas las da la polic¨ªa y no los m¨¦dicos o los mediadores sociales?¡±, plantea. En su opini¨®n la educaci¨®n no es una competencia de los Mossos d¡¯Esquadra, ¡°pero las cifras de casos las suministran ellos¡±.

La polic¨ªa catalana intervino el a?o pasado en 31 casos de riesgo en Catalu?a, en seis de los cuales se produjo la extirpaci¨®n. El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa no dispone de datos, puesto que no segrega la ablaci¨®n del resto de delitos de lesiones. Seg¨²n su portavoz, la problem¨¢tica se da, principalmente, en Catalu?a.

Algunos expertos creen que este fallo animar¨¢ a dejar a las ni?as en su pa¨ªs

Oll¨¦ y Bah comparten que hay una parte positiva de la resoluci¨®n como mensaje para todos los emigrantes con intenci¨®n de vivir en Espa?a. Pero el gambiano teme que se haya llevado al extremo la ley, porque la ni?a no fue extirpada aqu¨ª. Ni sus padres aprovecharon las vacaciones para realizar la ablaci¨®n. ¡°Hay muchas en esta situaci¨®n ?Perseguir¨¢n a sus madres?¡±, plantea.

Aina Mangas, t¨¦cnica de Salud P¨²blica de Badalona, tambi¨¦n ve este aspecto con inquietud. En su opini¨®n, ¡°la resoluci¨®n supone un cambio de criterio radical¡± y, en el fondo, se trata de una medida antimigratoria que pretende ¡°frenar los reagrupamientos familiares¡±.

En 2008 hab¨ªa en Espa?a 40.890 mujeres africanas y 10.451 menores llegadas de pa¨ªses donde se practica, seg¨²n el Mapa de la mutilaci¨®n genital femenina en Espa?a de 2009.

Bombo NDir, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Inmigrantes Subsaharianas (ADDIS), cree que ¡°la sentencia echa por tierra el trabajo realizado. Tememos que se produzca una nueva discriminaci¨®n, porque las familias dejar¨¢n a las ni?as en sus pa¨ªses de origen¡±. Sau, que apoy¨® la reforma de 2005, lo suscribe. Alguna madre ya le ha preguntado: ¡°?Si traigo a mi hija mayor ir¨¦ a la c¨¢rcel?¡±. ¡°Es una pena. Al menos hay un centenar con hijas nacidas aqu¨ª que han viajado a su pa¨ªs y han regresado ¨ªntegras¡±. ¡°Una familia, m¨¢s a¨²n un padre convencido, es la mejor herramienta de prevenci¨®n. ?l tiene el poder de decisi¨®n. No solo deja de mutilar en Espa?a. Tambi¨¦n batalla en su pa¨ªs de origen¡±.

Bah tambi¨¦n reivindica el papel del hombre africano para luchar contra la ablaci¨®n. ¡°Las cosas est¨¢n cambiando deprisa. Hace 10 a?os era un tab¨²; ahora ya no. Se habla en p¨²blico y los hombres participamos¡±. En una sociedad patriarcal y gerontocr¨¢tica, ¡°nosotros no mutilamos, pero s¨ª tenemos la ¨²ltima palabra, al igual que el imam¡±.