El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadan¨ªa

El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el ¨®rgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un ¡°acuerdo general de las fuerzas pol¨ªticas y sociales¡± para ¡°buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema¡± ¡ªesta es la s¨¦ptima ley de la democracia¡ª y cambios y matizaciones en asuntos pol¨¦micos. como la ense?anza en castellano en comunidades biling¨¹es ¡ªson las autonom¨ªas las que deben garantizar ¡°una proporci¨®n equilibrada¡± de ambas lenguas¡ª, la Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa ¡ªdeber¨ªa ser ¡°obligatoria en alg¨²n momento¡±¡ª y la Religi¨®n ¡ªse est¨¢ ¡°discriminando¡± a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores ¨¦ticos¡ª.

El texto tambi¨¦n discute otro de los aspectos de la ley que m¨¢s ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educaci¨®n mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cu¨¢les son los beneficios de la segregaci¨®n de alumnos y fijen ¡°medidas acad¨¦micas a favor de la igualdad¡± para que estos centros reciban dinero p¨²blico.

El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de all¨ª, al Congreso. Pero sindicatos y oposici¨®n ya han calificado de ¡°varapalo¡± el dictamen de una ley que no estar¨¢ en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotaci¨®n econ¨®mica ¡ªes insuficiente para una ¡°reforma estructural de esta envergadura¡±¡ª.

El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elecci¨®n de v¨ªas distintas en la ESO, el nuevo dise?o de la FP (con la creaci¨®n del FP B¨¢sica) o la recuperaci¨®n de las rev¨¢lidas. En este caso, solicita que esos ex¨¢menes externos queden en manos de ¡°funcionarios p¨²blicos y en ning¨²n caso de profesores contratados o empresas privadas¡±. En cuanto a la rev¨¢lida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce ¡°un elemento de discrecionalidad que podr¨ªa perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos¡±. Asimismo, hace alusiones cr¨ªticas al programa acad¨¦mico (dise?o, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias b¨¢sicas) y protesta por la falta de participaci¨®n de la comunidad educativa.

No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.

?En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparici¨®n completa del curr¨ªculo de cualquier rastro de asignaturas "de formaci¨®n ¨¦tico-c¨ªvica", hasta ahora englobadas dentro de la pol¨¦mica ¨¢rea de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso proceder¨ªa imponerla como obligatoria en alg¨²n momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por Espa?a, del Consejo de Europa y de la Uni¨®n Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Uni¨®n el velar por el aprendizaje de los valores democr¨¢ticos y de la participaci¨®n democr¨¢tica con el fin de preparar a las personas para una ciudadan¨ªa activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.

Asimismo, respecto al pol¨¦mico apartado de la ense?anza en las lenguas cooficiales en comunidades biling¨¹es, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos aut¨®nomos deban "determinar la 'proporci¨®n razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "M¨¢s all¨¢ de las dificultades t¨¦cnico-jur¨ªdicas que podr¨ªa conllevar su aplicaci¨®n [...], no deber¨ªa figurar en la ley, por afectar al ¨¢mbito de decisi¨®n de las comunidades aut¨®nomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas as¨ª lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red p¨²blica el uso del castellano como lengua vehicular", se?ala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprob¨® el cambio de contenidos de la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de g¨¦nero y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del curr¨ªculo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadan¨ªa de la ?tica de 4? de ESO y de Filosof¨ªa de 1? de bachillerato. Se mantendr¨ªa solamente en 2? o 3? de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educaci¨®n C¨ªvica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa creada con la reforma de 2006 y la ?tica de 4? de ESO, obligatoria en el curr¨ªculo desde los a?os noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religi¨®n, que se llamar¨¢ Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores ?ticos en secundaria. Wert lleg¨® a hablar de "materias que distraen" para defender m¨¢s tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matem¨¢ticas) en detrimento de otras como Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. La Iglesia hab¨ªa mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideol¨®gico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminaci¨®n en su dictamen para los alumnos que se queden sin formaci¨®n ¨¦tico-c¨ªvica por elegir Religi¨®n. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religi¨®n' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores ¨¦ticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminar¨ªa a los alumnos que al elegir la primera no cursar¨¢n asignatura alguna sobre valores sociales y ¨¦ticos a lo largo de toda su formaci¨®n¡±.

Laberinto judicial

Otra de las grandes pol¨¦micas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Catalu?a, donde el modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica consiste en dar la inmensa mayor¨ªa de las clases en catal¨¢n. El ministro, que ha sembrado pol¨¦mica en torno a este asunto, por ejemplo, al hablar de "espa?olizar" a los ni?os catalanes, siempre ha dicho que su intenci¨®n es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Catalu?a, que dicen que la inmersi¨®n es perfectamente legal, pero que la Generalitat debe garantizar una "proporci¨®n razonable" de ense?anza en catal¨¢n y castellano.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha dictaminado -aplicando la doctrina del Supremo- c¨®mo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman m¨¢s horas de castellano: si un alumno lo pide, habr¨¢ que d¨¢rselas a ¨¦l y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersi¨®n en catal¨¢n. El fallo deja que la Generalitat decida c¨®mo hacerlo y este ha informado de que recurrir¨¢ la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atenci¨®n individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catal¨¢n. La tensi¨®n con el Gobierno lleg¨® a ser tal que la consejera Irene Rigau lleg¨® a abandonar una reuni¨®n con Wert.

Educaci¨®n separada por sexos

Tambi¨¦n responde a resoluciones judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones p¨²blicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia hab¨ªa dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminaci¨®n que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). As¨ª, la Lomce se?ala expresamente que pueden ser concertados porque no discriminan, seg¨²n una convenci¨®n de la UNESCO.

Sin embargo, tras un repaso a la legislaci¨®n internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educaci¨®n diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificaci¨®n objetiva y razonable de la excepci¨®n y la concreci¨®n de un programa y de las medidas acad¨¦micas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser as¨ª, la previsi¨®n podr¨ªa no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el art¨ªculo 9.2 y 14 de la Constituci¨®n", se?ala el dictamen, que hace, adem¨¢s, una defensa de la educaci¨®n mixta "para promover desde la escuela la igualdad de g¨¦nero, pues a trav¨¦s de la convivencia en la escuela se ense?a desde la m¨¢s temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia".

Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayor¨ªa est¨¢n vinculados al Opus Dei. La Junta de Andaluc¨ªa ha iniciado el proceso para retirarles la subvenci¨®n si no se coinvierten en mixtos.?

Capacidad de decisi¨®n para los padres

El ministerio ha hecho gran hincapi¨¦ en la necesidad de aumentar los controles a las escuelas ¡ªm¨¢s evaluaciones externas¡ª, y a la vez darles m¨¢s autonom¨ªa. Esto le parece muy bien al Consejo de Estado, pero dice que esa autonom¨ªa requiere de la participaci¨®n y control de la comunidad escolar: padres y docentes representados en los consejos escolares y los claustros. De ese modo, el refuerzo de la capacidad de decisi¨®n de las direcciones ¡°deber¨ªa ser compatible con mantener algunas competencias de decisi¨®n o co-decisi¨®n en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gesti¨®n y ejercer el control¡±. Por eso, pide al ministerio que sopese ¡°seriamente¡± la eliminaci¨®n de la capacidad de decisi¨®n de esos ¨®rganos que contempla el proyecto.

?En el mismo sentido, tampoco les gusta que los gobiernos aut¨®nomos tengan la mayor capacidad de decisi¨®n en los procesos de selecci¨®n de los directores. ¡°El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicci¨®n con "el aumento de la autonom¨ªa de los centros" que la exposici¨®n de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma¡±, dice el Consejo de Estado.

Sin fondos suficientes para aplicar la Ley

El Consejo de Estado considera que existe una ¡°insuficiencia de la valoraci¨®n econ¨®mica que entra?ar¨¢ su aprobaci¨®n¡±. En su opini¨®n, el coste que se estima de implantaci¨®n es ¡°muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura¡±. Y lamenta, adem¨¢s, que haya incluso una previsi¨®n ¡°de reducci¨®n de dichos costes en el medio plazo¡±.

Este ¨®rgano recuerda que distintos sectores sociales, profesionales e institucionales (lista en la que incluye a algunas Comunidades Aut¨®nomas) le han expresado su ¡°preocupaci¨®n¡± por el hecho de no existir una memoria econ¨®mica y, por tanto, que no se fijen las disponibilidades presupuestarias que tendr¨¢n impacto en sus d¨¦ficit que deben recortar. El Consejo Escolar del Estado ha sugerido la elaboraci¨®n de esta memoria econ¨®mica. "Existen mecanismos legalmente previstos que pueden contribuir a la mejor exposici¨®n de las condiciones de financiaci¨®n del sistema educativo", se?ala el Consejo, lo que , por otra parte, "no ha supuesto un obst¨¢culo" para detectar las insuficiencias.

¡°Incoherente¡± reparto de competencias

El dise?o de los contenidos escolares que propone la reforma necesitar¨ªa bastantes aclaraciones y m¨¢s de un cambio, seg¨²n se desprende del abanico de propuestas del Consejo de Estado en este punto. Dice que no est¨¢ clara la diferencia ¡°entre asignaturas troncales y asignaturas espec¨ªficas¡±, reclama que un buen n¨²mero de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes (Educaci¨®n Art¨ªstica en primaria; Artes, Tecnolog¨ªa, Musica y Cultura Cl¨¢sica en la ESO; Historia de la Filosof¨ªa en bachillerato, entre otros) y no entiende por qu¨¦ hay que separar en dos la actual v¨ªa del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.

Tampoco entiende el Consejo de Estado por qu¨¦ se permite a las comunidades desarrollar en curr¨ªculo en unos aspectos y en otros no. ¡°No parece coherente¡±, dice.

La reforma propone que el ministerio dise?e la mayor¨ªa de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biolog¨ªa y Geolog¨ªa; F¨ªsica y Qu¨ªmica, Geograf¨ªa e Historia; Lengua; Matem¨¢ticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las espec¨ªficas (Educaci¨®n F¨ªsica, Pl¨¢stica, M¨²sica, etc¨¦tera), pero el Gobierno controlar¨¢ en ambos casos las otras patas del curr¨ªculo: ¡°los est¨¢ndares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluaci¨®n¡±, es decir, que se eval¨²a y c¨®mo.

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