Un consenso in¨¦dito (en teor¨ªa) sobre el aborto en Am¨¦rica Latina

En El Salvador se llama Beatriz, en Costa Rica Aurora; en M¨¦xico, Hilda; en Chile, Bel¨¦n. En Am¨¦rica Latina, el aborto es una mala palabra. Y cuando lleva un nombre, representa una historia de persecuci¨®n, de mujeres que se han enfrentado a la justicia por el derecho a interrumpir su embarazo. Delegados de los mismos pa¨ªses de Am¨¦rica Latina que tienen abiertas decenas de causas penales contra estas mujeres, firmaron el pasado 15 de agosto un documento in¨¦dito en el que suscriben, por primera vez, la necesidad de instar a los Estados a ¡°modificar las leyes y pol¨ªticas p¨²blicas sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes¡±. Un total de 38 pa¨ªses suscriben el texto y la mayor¨ªa se oponen al aborto libre. Entre ellos Chile, El Salvador u Honduras, ejemplo de los que por ahora no han manifestado intenciones de modificar sus leyes. El texto, que contiene m¨¢s de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de las Naciones Unidas realizado en El Cairo en 1994, no es vinculante, pero supone un avance con respecto a los acuerdos anteriores.

Aunque ¡°la declaraci¨®n no es un tratado, s¨ª resulta un consenso importante que puede arrojar luz sobre cu¨¢l va a ser el empuje de Latinoam¨¦rica en la agenda de El Cairo¡±, dice Alma Beltr¨¢n y Puga, coordinadora jur¨ªdica de la organizaci¨®n Grupo de Informaci¨®n en la Reproducci¨®n Elegida (GIRE). Otros comit¨¦s ya hab¨ªan mencionado la necesidad de revisar las legislaciones que castiguen la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, subraya, pero ¡°nunca se hab¨ªa mencionado en t¨¦rminos de salvaguardar la vida de las mujeres¡±. El texto contempla adem¨¢s otros aspectos como la anticoncepci¨®n de emergencia, m¨¦todos anticonceptivos modernos y la atenci¨®n integral en salud reproductiva, y pide que se reconozca el derecho a una ¡°sexualidad plena¡±, as¨ª como a ¡°tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, sin coerci¨®n, discriminaci¨®n ni violencia¡±.

El texto, bautizado como Consenso de Montevideo, es el resultado de la primera reuni¨®n de la Conferencia Regional sobre Poblaci¨®n y Desarrollo de Am¨¦rica Latina y el Caribe, organizada por la Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina (CEPAL) y el Gobierno de Uruguay, con el apoyo del Fondo de Poblaci¨®n de las Naciones Unidas (UNFPA). Pese a lo acordado sobre el papel el avance real parece complicado.

El aborto en los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina

Argentina. M¨¢s de 50 proyectos de ley para ampliar la despenalizaci¨®n (solo se permite en caso de violaci¨®n y riesgo para la vida de la madre) entraron al Congreso. Ninguno ha prosperado.

Bolivia. Bolivia sanciona con pena de c¨¢rcel de uno a seis a?os la pr¨¢ctica del aborto. Hay una demanda de inconstitucionalidad en curso. El pa¨ªs andino registra uno de los niveles m¨¢s altos de violencia sexual del mundo: 7 de cada 10 mujeres han sufrido alg¨²n abuso.

Brasil. En 2012 se a?adi¨® a la ley que el aborto se permita en caso de que el feto sufra de anencefalia. El Estatuto de Nascituro pretende, desde 2005, dotar a las mujeres embarazadas de una compensaci¨®n financiera para disuadir a las mujeres embarazadas de abortar.

Chile. El caso de una ni?a de 11 a?os embarazada por m¨²ltiples violaciones revivi¨® el debate en el pa¨ªs, uno de los pocos que a¨²n impiden totalmente el aborto. Al menos 200 mujeres han sido encarceladas por abortar.

Colombia. Apenas hace siete a?os que el pa¨ªs despenaliz¨® el aborto en ciertos casos. El procurador (fiscal) general Alejandro Ord¨®?ez es un f¨¦rreo opositor de cualquier avance en la materia.

Nicaragua. En 2008, dio marcha atr¨¢s a su ley de aborto, con 100 a?os de antig¨¹edad, y que permit¨ªa la interrupci¨®n del embarazo en caso de riesgo de vida para la mujer y violaci¨®n.

Honduras. Proh¨ªbe y castiga la interrupci¨®n del embarazo bajo cualquier supuesto. M¨¢s de 9.000 mujeres son ingresadas cada a?o por abortos ilegales practicados fuera de hospitales y centros sanitarios.

El Salvador. Desde 1997 proh¨ªbe la intervenci¨®n y pena con c¨¢rcel a las mujeres que se lo practican. Una joven fue condenada el a?o pasado a 30 a?os de prisi¨®n por "homicidio calificado" despu¨¦s de interrumpir su embarazo. El fiscal hab¨ªa pedido 5 a?os.

Panam¨¢. Pese a que la legislaci¨®n proh¨ªbe el aborto salvo en los apartados usuales, activistas se?alan que cl¨ªnicas privadas lo practican a mujeres con mayores recursos. Al menos 23 personas fueron acusadas de practicar un aborto desde 2011. Han sido condenadas dos (un hombre y una mujer).

Costa Rica. Las ONG calculan que en el pa¨ªs se han producido unos 27.000 abortos clandestinos desde 2007.

Ecuador. El proyecto de ley para incluir la violaci¨®n como causa de aborto lleva 20 meses en la mesa de debate.

Per¨². De los 500 hospitales del pa¨ªs, solo 14 est¨¢n preparados para practicar la interrupci¨®n de un embarazo.

Uruguay. Es el primer pa¨ªs de la regi¨®n que permite el aborto, hasta las 12 semanas de gestaci¨®n, en todo su territorio.

En M¨¦xico, que ser¨¢ la sede de la segunda reuni¨®n del organismo, 151 personas fueron sometidas a un proceso penal por el delito de aborto entre 2007 y 2012, 41 han sido encarceladas de forma preventiva en ese tiempo y la interrupci¨®n voluntaria del embarazo de forma libre solo es posible en el Distrito Federal. ¡°La brecha entre ricos y pobres a la hora de acceder a servicios de salud reproductiva y a una atenci¨®n m¨¦dica integral es grand¨ªsima en M¨¦xico¡±, afirma Beltr¨¢n y Puga. ¡°La diferencia entre las leyes de cada Estado complica el cumplimiento de estos objetivos¡±.

En el a?o 2011, varios Estados Federales de la Rep¨²blica reformaron sus constituciones protegiendo la vida desde la concepci¨®n, lo que ha restringido el acceso al aborto. La interrupci¨®n voluntaria del embarazo en caso de violaci¨®n es legal en todo el pa¨ªs y, sin embargo, las autoridades dificultan el acceso y criminalizan a las mujeres. Seg¨²n datos de GIRE, en el ¨²ltimo lustro solo se han emitido 39 autorizaciones en todo M¨¦xico y 30 de ellas han sido en el Distrito Federal, ¨²nica regi¨®n que, desde 2007, practica el aborto libre hasta las 12 semanas. La cifra contrasta con el n¨²mero de abusos sexuales que se denuncian cada a?o en el pa¨ªs: 131.400.

Pero ni de lejos, el caso de M¨¦xico es de los m¨¢s restrictivos. Un total de ocho pa¨ªses proh¨ªben el aborto bajo cualquier concepto en Am¨¦rica Latina. Son Chile, El Salvador, Rep¨²blica Dominicana, Honduras, Nicaragua, Hait¨ª y Surinam. Todos ellos suscribieron el acuerdo de Montevideo hace unos d¨ªas, sin embargo, o bien todav¨ªa no se han pronunciado p¨²blicamente sobre el mismo, o bien han reafirmado su postura.

Consultada por EL PA?S, la ministra del Instituto Nacional de las Mujeres de Honduras, Mar¨ªa Antonieta Botto, inform¨® este viernes que el Ejecutivo ¡°no¡± tiene previsto promover reformas legislativas que despenalicen el aborto. ¡°El Gobierno de Honduras no est¨¢ de acuerdo con el aborto¡±, dijo Botto a este diario.

Paola Garc¨ªa Rey, coordinadora de Amnist¨ªa Internacional en Argentina, que asisti¨® a la conferencia de la CEPAL en Uruguay, advirti¨® que los pa¨ªses que proh¨ªben el aborto en todas las circunstancias ¡°suscribieron el acuerdo, pero en los debates en las negociaciones se opusieron fuertemente a que se incluyera un lenguaje progresivo¡±. Garc¨ªa Rey descarta que el tema sea abordado en el Congreso argentino antes de las legislativas de octubre.

En el caso de Chile, la delegaci¨®n de la CEPAL rechaza comentar el documento (¡°ninguno de los delegados que acudieron a la reuni¨®n est¨¢ en el pa¨ªs¡±) y por parte del Gobierno no se le ha dado ninguna publicidad al acuerdo. La tercera econom¨ªa m¨¢s grande del continente arrastra a¨²n el legado de Augusto Pinochet: el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia y el divorcio no fue legislado hasta 2004. Sin embargo, las pr¨®ximas elecciones de noviembre podr¨ªan dar un giro a la situaci¨®n si la expresidenta socialista Michelle Bachelet, quien estuvo al frente de ONU Mujeres hasta hace unos meses, decide tomar cartas sobre el asunto. La candidata presidencial ha dicho que est¨¢ a favor de despenalizar el aborto, ¡°particularmente en casos vinculados a violaciones¡±.

En todo caso, las reticencias de determinados sectores de la sociedad a avanzar hacia una legislaci¨®n que permita el derecho de la madre a decidir se extienden por toda Am¨¦rica Latina. Este viernes, miles de personas, sobre todo vinculadas a las iglesias Cat¨®lica y Evang¨¦lica, seg¨²n informan las agencias, se manifestaron en varias ciudades de Bolivia contra la posible despenalizaci¨®n del aborto que estudia el Tribunal Constitucional. El pa¨ªs sudamericano impone actualmente condenas de entre uno y seis a?os de c¨¢rcel a quienes practican el aborto. La excepci¨®n son los casos en los que el embarazo es producto de una violaci¨®n o cuando est¨¢ en riesgo la vida de la madre.

En otro ejemplo de oposici¨®n a este tipo de posturas, el pasado lunes, la puerta de la sede de las oficinas del Grupo de Informaci¨®n en Reproducci¨®n Elegida apareci¨® empapelada con cartulinas que conten¨ªan mensajes intimidantes. El grupo asocia el incidente a la posici¨®n que ha tomado en la defensa del caso Hilda, una joven del Estado de San Luis Potos¨ª que fue condenada a prisi¨®n por abortar en 2009. La pena fue impuesta sin pruebas que la inculparan, solamente una confesi¨®n de la muchacha obtenida bajo la presi¨®n de la m¨¦dico, que se negaba a atenderla si no le explicaba qu¨¦ hab¨ªa sucedido, seg¨²n el testimonio de la propia Hilda.

Tampoco resultan alentadoras las experiencias de El Salvador y Nicaragua, cuyas normativas han dado marcha atr¨¢s en los ¨²ltimos a?os. Hasta 2008, Nicaragua ten¨ªa una de las legislaciones m¨¢s avanzadas del continente. La ley, con m¨¢s de 100 a?os de antig¨¹edad, consideraba al aborto como un proceso legal, leg¨ªtimo y necesario. Todo cambi¨® en 2008. Bajo el visto bueno del Gobierno del sandinista Daniel Ortega, se aprob¨® un nuevo C¨®digo Penal que prev¨¦ duras condenas contra ni?as y mujeres que interrumpan voluntariamente su embarazo sea cual sea la circunstancia.

En El Salvador, los cambios llegaron en 1997, cuando el Parlamento prohibi¨® el aborto terap¨¦utico aunque ello significara poner en riesgo la vida de la madre. Una modificaci¨®n que Beatriz, una mujer de 22 a?os embarazada de un feto anencef¨¢lico ¡ªsin una parte del cerebro¡ª, record¨® con dolor en junio de este a?o.

¡°El debate fue inmenso. Evidenci¨® la cruel realidad de las mujeres salvadore?as¡±, afirma Morena Herrera, l¨ªder de la organizaci¨®n local Agrupaci¨®n para la Despenalizaci¨®n del Aborto. Afirma que hay decenas de mujeres encarceladas porque los hospitales y las cl¨ªnicas han sido denunciadas por sospechas de haberse practicado un aborto. ¡°La reuni¨®n de Uruguay es una buena noticia para El Salvador¡±, afirma. ¡°No podemos vivir en el oscurantismo vigente, junto con otros pa¨ªses como Nicaragua y Rep¨²blica Dominicana, donde no se respetan los derechos de las mujeres¡±.

Con informaci¨®n de Mabel Azcui (Bolivia), Rodrigo Cea (Chile), Soraya Constante (Ecuador), Juan Jos¨¦ Dalton (El Salvador), Jacqueline Fowks (Per¨²), Mar¨ªa Mart¨ªn (Brasil), Jos¨¦ Mel¨¦ndez (Panam¨¢ y Honduras), ?lvaro Murillo (Costa Rica), Alejandro Rebossio (Argentina, y Uruguay) y Elizabeth Reyes (Colombia).