Sa¨¦nz de Santamar¨ªa: ¡°Las leyes nos obligan a todos¡±

¡°La ley nos obliga a todos¡±. Con esta contundente frase, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, quiso zanjar este viernes las amenazas de insumisi¨®n manifestadas por Catalu?a y Pa¨ªs Vasco a la pol¨¦mica ley Wert, aprobada sin consenso el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y sobre la que ya se cierne la sombra de recursos ante el Tribunal Constitucional. Las autonom¨ªas pueden recurrir la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ante los tribunales si consideran ¡°que puede vulnerar ese reparto competencial¡± pues as¨ª lo establece la Constituci¨®n, ¡°por violaci¨®n de los preceptos constitucionales¡±, vino a decir la vicepresidenta, e ironiz¨®: ¡°Indudablemente, las opciones pol¨ªticas no forman parte de los motivos de esos recursos¡±.

Detr¨¢s de cualquier declaraci¨®n hay pol¨ªtica y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ahond¨® en la idea de que la LOMCE es una m¨¢s de las ¡°cargas explosivas contra Catalu?a¡± y contra los que quieren ¡°dialogar hasta el ¨²ltimo segundo aun sabiendo que el tiempo se acaba¡±. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, asegur¨® que la futura Ley Vasca de Educaci¨®n que pretenden aprobar ¡°dejar¨¢ sin efecto¡± en Euskadi la reforma y ¡°salvaguardar¨¢¡± su modelo educativo.

S¨¢enz de Santamar¨ªa lament¨® que existan estas intenciones de insumisi¨®n ¡°cuando se habla de la formaci¨®n de los j¨®venes y no hay ning¨²n argumento a favor de que este sistema educativo funcione¡±. Un modelo que, dijo, ¡°ha demostrado que es un fracaso¡±. Espa?a tiene una de las peores cifras de abandono temprano de los estudios de Europa: uno de cada cuatro j¨®venes no termina la educaci¨®n obligatoria. Tampoco sale bien parado en los informes internacionales, como el PISA ¡ªque mide los conocimientos de los estudiantes¡ª, donde ocupa una de las peores posiciones. ¡°El Estado respeta las leyes de las comunidades dentro de su ¨¢mbito competencial y pido a todos colaboraci¨®n porque hablamos de la formaci¨®n de los m¨¢s j¨®venes, un elemento clave luchar contra el desempleo¡±, asever¨®.

Comisiones Obreras ha denunciado ante Bruselas tres puntos<

Los nacionalistas insisten en que la reforma es inconstitucional. Principalmente porque obliga a ofrecer una escolarizaci¨®n en castellano (un punto que solo afecta a Catalu?a, no al resto con lengua cooficial), permite a la Administraci¨®n central controlar el temario ¡ªhoy dispar entre comunidades¡ª y tambi¨¦n deja en sus manos las rev¨¢lidas.

A la controversia se suman los Gobiernos de Andaluc¨ªa y Asturias (ambos socialistas) que se plantean tambi¨¦n llevar la norma ¡ªque ha movilizado a una huelga general de educaci¨®n el 24 de octubre¡ª, a los tribunales. Andaluc¨ªa pretende ¡°superar la LOMCE, desde el m¨¢s absoluto respeto a la legislaci¨®n b¨¢sica que se imponga¡±; aunque haciendo uso del margen que dan las competencias auton¨®micas. Y Asturias considera que la regulaci¨®n supone ¡°un aut¨¦ntico atentado contra lo p¨²blico y la igualdad de oportunidades¡±. Les preocupa que se abandone la idea de una educaci¨®n como servicio p¨²blico esencial. Por ello, ven posible inconstitucionalidad en la cesi¨®n de suelo p¨²blico para levantar un centro concertado que es un negocio o la subvenci¨®n a centros de educaci¨®n segregada.

En paralelo, los partidos pol¨ªticos que se han comprometido a tumbar la ley si los populares pierden la mayor¨ªa empiezan a consultar a juristas, con vistas a denunciar la norma cuando se apruebe a finales de a?o. Entretanto, Comisiones Obreras espera el pronunciamiento de Bruselas sobre tres puntos de la LOMCE ¡ªdesaparici¨®n de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, segregaci¨®n y contrataci¨®n de extranjeros no funcionarios¡ª que ha denunciado por ir en contra de la Carta Magna de la Uni¨®n Europea.

Analizar la constitucionalidad de una ley de tanto calado es complejo. As¨ª lo afirmaron este viernes un gran n¨²mero de juristas consultados por este peri¨®dico, que rehusaron pronunciarse antes de estudiar al detalle la norma. Quienes respondieron lo hicieron con algo de tibieza, sin querer entrar en pormenores jur¨ªdicos, y se limitaron a se?alar algunos aspectos de dudoso encaje constitucional. A Gregorio C¨¢mara, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, uno de los expertos que dio su opini¨®n sobre la norma en las comisiones parlamentarias previas a la aprobaci¨®n de la ley, le despierta ¡°dudas muy serias¡±. Cree que rompe el equilibrio entre el derecho a la educaci¨®n y la libertad de ense?anza, y ve problemas en que la ley entre en competencias auton¨®micas: ¡°All¨ª tienen un desarrollo normativo importante¡±. Apunta que la Constituci¨®n ¡°odia¡± las desigualdades entre sexos que fomentan los centros segregados, y sostiene que se relega la escuela p¨²blica ¡°a un papel secundario¡± si la ley garantiza una plaza a un alumno pero no precisa que ser¨¢ p¨²blica.

Tambi¨¦n ve problemas de acople constitucional el especialista en legislaci¨®n educativa Ram¨®n Plandiura ¡ªtambi¨¦n consultado en las comisiones¡ª, que cree que la norma hace una ¡°relectura del art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n que podr¨ªa crear desequilibrios entre los derechos y libertades¡±. Plandiura considera que la senda de recurso a la reforma la traz¨® el dictamen del Consejo de Estado, que ya vio indicios de inconstitucionalidad. Como la subvenci¨®n a centros segregados, o el vaciado de poder de los Consejos Escolares ¡ªque forman padres, estudiantes, profesores y administraci¨®n¡ª. Algo que tambi¨¦n critica C¨¢mara: ¡°Se produce una ruptura del pacto escolar. Se habla de m¨¢s autonom¨ªa y m¨¢s democracia en los centros cuando es lo contrario. Quien gana autonom¨ªa es el director¡±.

Eva Pons, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, subraya que la LOMCE tiene resquicios que permiten interponer recurso, especialmente en los aspectos ling¨¹¨ªsticos. Sobre la enmienda que introdujo UPyD que declara el castellano como lengua vehicular en todas las escuelas, sostiene que este art¨ªculo ¡°es contrario a las competencias de la Generalitat para definir el modelo ling¨¹¨ªstico educativo¡±, tal y como recoge el Estatut. ¡°El problema de ra¨ªz es que la LOMCE, aprovechando una lectura tergiversada de la jurisprudencia del Constitucional que ha efectuado el Supremo, da carta de naturaleza a un derecho a recibir la ense?anza en castellano, que no contemplan la Constituci¨®n ni el Estatut. Ah¨ª se produce una invasi¨®n competencial¡±.

Con informaci¨®n de Ivana Vallesp¨ªn.