Ahogar la protesta pol¨ªtica con el rigor de las multas

El a?o que est¨¢ a punto de acabar ha popularizado en Espa?a la palabra escrache (protestas de los ciudadanos ante las viviendas de representantes pol¨ªticos) y ha estado marcado por un flujo incesante de mareas: la marea blanca en defensa de la sanidad p¨²blica, la verde (educaci¨®n), la naranja (servicios sociales)... Una avalancha de protestas, concentraciones y manifestaciones que el Gobierno piensa atajar con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tiene previsto sacar del horno en el Consejo de Ministros de este viernes. La reforma impondr¨¢ elevadas multas y castigos a quienes protesten fuera del camino marcado por las autoridades. Y los expertos advierten de que bordea peligrosamente los l¨ªmites que delimitan algunos derechos fundamentales.

La propuesta convertir¨¢ los escraches, la grabaci¨®n y difusi¨®n de im¨¢genes de polic¨ªas en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos auton¨®micos y los tribunales en faltas administrativas ¡°muy graves¡±, multadas con hasta 600.000 euros, de acuerdo con el borrador que manejaba esta semana el Ministerio del Interior. Alterar el orden p¨²blico con capucha o insultar a un polic¨ªa en el transcurso de una manifestaci¨®n ser¨¢ considerado falta ¡°grave¡± y conllevar¨¢ una sanci¨®n de 1.000 a 30.000 euros.

La oposici¨®n no ha tardado en apodar la norma como la ley de la patada en la boca en referencia, 20 a?os despu¨¦s, a la ley de la patada en la puerta, que conten¨ªa el precepto del c¨®digo de seguridad ciudadana del ministro Jos¨¦ Luis Corcuera, tumbado por el Tribunal Constitucional en 1993. ¡°Es un absoluto disparate y parece un c¨®digo disciplinario para militarizar la sociedad¡±, resume el magistrado em¨¦rito del Tribunal Supremo Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, que alerta de que recurrir una multa de estas dimensiones por la v¨ªa del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.

Con este giro hacia la v¨ªa administrativa, m¨¢s r¨¢pida y ejecutiva, el ciudadano tiene que demostrar su inocencia ante el tribunal, en lugar de ser el Estado el que pruebe la culpabilidad. ¡°Es m¨¢s f¨¢cil sancionar administrativamente que llevar el caso ante el juez¡±, explica el catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Juan Cruz Alli, que piensa que esta f¨®rmula de penalizar a los manifestantes ¡°es algo menos gravosa para los afectados ¡ªles evita el proceso judicial¡ª, pero es m¨¢s conveniente para la Administraci¨®n porque es muy dif¨ªcil ganar un recurso contra el Estado¡±. Cruz Alli considera que las faltas que prev¨¦ la nueva ley pueden ser dif¨ªciles de probar. En su opini¨®n, se trata de una reforma reclamada por la propia polic¨ªa y que ¡°obedece a la realidad de los ¨²ltimos a?os, en los que se ve impotente para multar a los manifestantes que provocan disturbios¡±.

Uno de los aspectos de la reforma es la prohibici¨®n de manifestarse en determinados espacios p¨²blicos. Algo que convertir¨¢ en innecesarias las vallas que llevan m¨¢s de un a?o amontonadas en las aceras de las calles colindantes al Congreso de los Diputados. Desde la convocatoria de la protesta Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012, est¨¢n permanentemente preparadas para fortificar la C¨¢mara Baja ante eventuales protestas. La reforma prohibir¨¢ las manifestaciones y escraches en determinados per¨ªmetros urbanos en los que la polic¨ªa podr¨¢ establecer ¡°zonas de seguridad¡±, y el epicentro ser¨¢ el Congreso de los Diputados, incluso cuando no est¨¦ en actividad.

Este es el punto que m¨¢s alerta a los constitucionalistas. ¡°Habr¨¢ que ver c¨®mo se desarrolla la ley pero, efectivamente, tiene puntos conflictivos que pueden entrar en colisi¨®n con derechos fundamentales como el de asociaci¨®n o reuni¨®n. La redacci¨®n tendr¨¢ que ser bastante fina para no invadir libertades b¨¢sicas¡±, apunta Yolanda Gonz¨¢lez, constitucionalista de la UNED y catedr¨¢tica Jean Monnet de la Comisi¨®n Europea. ¡°Prohibir que una manifestaci¨®n tenga un recorrido puede hacerse ad hoc, en condiciones reales de fecha, hora y circunstancias de la protesta, pero me parece m¨¢s discutible excluir absolutamente un radio de la ciudad a las protestas. Especialmente las residencias privadas¡±, apunta. Y a?ade que no ve ¡°nada exc¨¦ntrico¡± en que el pueblo quiera protestar ante los representantes de su soberan¨ªa.

Javier Garc¨ªa Roca, catedr¨¢tico de la Universidad Complutense y vocal de la Asociaci¨®n de Constitucionalistas de Espa?a, matiza sin embargo que ¡°la restricci¨®n de las protestas en torno a los Parlamentos tiene l¨®gica hist¨®rica. Durante la Revoluci¨®n Francesa se prohibi¨® porque los revolucionarios increpaban a la Asamblea desde los balcones¡±. En su opini¨®n, ¡°el derecho a manifestaci¨®n conlleva unas molestias inevitables, pero deben ser ponderadas y no anular otros derechos como el funcionamiento normal de la C¨¢mara o el derecho a la privacidad del domicilio, en el caso de los escraches¡±. El C¨®digo Penal ya castiga la concentraci¨®n ante el Parlamento ¡°si se altera el normal funcionamiento de la C¨¢mara¡± y otros comportamientos previstos en la nueva del ministro de Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, cuando son constitutivos de delito, pero no en todos los casos.

El Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco, por ejemplo, consider¨® en abril que las concentraciones ante las viviendas de los pol¨ªticos son una ¡°perturbaci¨®n desproporcionada¡±, pero asume que ¡°el derecho a reuni¨®n no puede ser limitado a priori por disposiciones administrativas¡± y que, por tanto, no se puede blindar un per¨ªmetro antes de recibir una propuesta de recorrido de una manifestaci¨®n. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, declar¨® en esta l¨ªnea que no debe ¡°criminalizarse¡± cualquier reuni¨®n o manifestaci¨®n, y que la fiscal¨ªa solo analizar¨¢ los escraches que tengan ¡°trascendencia penal¡±.

El blindaje de las instituciones pol¨ªticas y policiales responde, seg¨²n los expertos, a su distanciamiento de la ciudadan¨ªa. Justo en el ecuador de la legislatura, el PP ha perdido 14 puntos de intenci¨®n de voto desde que lleg¨® al poder, el 20 de noviembre de 2011. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, est¨¢ valorado con un 2,45 en una escala de 0 a 10, seg¨²n el CIS. ¡°El Gobierno est¨¢ utilizando la polic¨ªa para protegerse de las acusaciones de corrupci¨®n. Una ley as¨ª les blinda m¨¢s que un coche oficial¡±, exclama Manuel Ballb¨¦, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona.

La ley de seguridad ciudadana sustituir¨¢ a la ley Corcuera de 1992, pero para algunos analistas es m¨¢s retr¨®grada. ¡°La ley nos llevar¨ªa al corcuerismo, al autoritarismo dentro de la democracia¡±, espeta Ballb¨¦, tambi¨¦n experto en seguridad ciudadana y en el proceso de desmilitarizaci¨®n de la Polic¨ªa Nacional durante la Transici¨®n. El Tribunal Constitucional anul¨® el punto de la ley Corcuera conocido como ¡°la patada en la puerta¡±, que permit¨ªa a la polic¨ªa entrar en los domicilios de los sospechosos de tr¨¢fico de drogas sin orden del juez, al considerar que vulneraba la inviolabilidad del domicilio. Durante el a?o en que estuvo en vigor la normativa, la polic¨ªa detuvo a unas 800 personas que tuvieron que ser absueltas tras la sentencia.

Interior ¡°intenta remilitarizar la seguridad y radicalizar a los manifestantes con m¨¦todos provocadores de la polic¨ªa¡±, apunta Ballb¨¦. En su opini¨®n, el objetivo no es otro que ¡°poder criminalizar los movimientos ciudadanos¡±. ¡°La prohibici¨®n de manifestaciones pac¨ªficas en las cercan¨ªas del Congreso no tiene parang¨®n en los pa¨ªses democr¨¢ticos¡±, insiste.

En Europa, el pa¨ªs m¨¢s restrictivo con el derecho a manifestaci¨®n es Alemania, aunque en los ¨²ltimos a?os han proliferado normas represivas con las protestas para controlar el orden p¨²blico en varios pa¨ªses. Berl¨ªn estableci¨® en 2008 unos permisos especiales para las manifestaciones que se organicen en las franjas de seguridad que rodean las sedes de tres de los llamados ¡°¨®rganos constitucionales¡±: amplias zonas anejas a las dos C¨¢maras legislativas federales y el Tribunal Constitucional. En Italia, pese a no estar prohibido por ley, la polic¨ªa blinda las C¨¢maras durante las protestas. Solo Reino Unido est¨¢ preparando una normaiva similar a la ley Fern¨¢ndez. La polic¨ªa brit¨¢nica ya tiene amplios poderes para modelar o prohibir manifestaciones y las restringe particularmente en las cercan¨ªas del Parlamento. El Gobierno est¨¢ tramitando, adem¨¢s, una ley que reforzar¨¢ los poderes de las autoridades locales para prevenir el gamberrismo y denegar los permisos de protestas si consideran que pueden molestar al vecindario. Prev¨¦ tambi¨¦n multar a los asistentes a manifestaciones ilegales, aunque cada permiso seguir¨¢ siendo analizado caso a caso.

En Francia, las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados requieren una autorizaci¨®n id¨¦ntica a cualquier otra protesta, aunque durante el ¨²ltimo a?o han proliferado las manifestaciones a las puertas del Congreso, legales o espont¨¢neas, en contra de la ley del matrimonio homosexual. Fueron toleradas en un principio y disueltas despu¨¦s.

A juicio de Ballb¨¦, la ley Fern¨¢ndez recuerda a las primeras medidas sobre seguridad ciudadana del expresidente franc¨¦s Nicolas Sarkozy, en su primera etapa de ministro de Interior entre 2002 y 2004, muy criticadas por criminalizar la pobreza. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el tr¨¢fico de armas y drogas, acab¨® focalizado en los disturbios callejeros. Dos a?os despu¨¦s, Sarkozy ampli¨® los poderes de la polic¨ªa y la gendarmer¨ªa y lleg¨® a penalizar las reuniones de j¨®venes en las escaleras de los edificios.

Espa?a se caracteriza por su elevado ¨ªndice de seguridad humana, un concepto de Naciones Unidas que, seg¨²n Ballb¨¦, ¡°no se protege con polic¨ªa, sino con intangibles como la seguridad social, la educaci¨®n o la integraci¨®n de la inmigraci¨®n¡±. Con m¨¢s de un 50% de paro, los j¨®venes ¡°se est¨¢n comportando de una manera incre¨ªble. En otros pa¨ªses del mundo, en estas condiciones, el ¨ªndice de criminalidad es much¨ªsimo m¨¢s elevado¡±, concluye el catedr¨¢tico.

Con informaci¨®n de Miguel Mora, Walter Oppenheimer, Juan G¨®mez y Pablo Ordaz.