El Supremo de EE UU estudia si las empresas pueden negar anticonceptivos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudiar¨¢ esta semana nuevo caso relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, la reforma sanitaria del presidente Obama y la libertad religiosa. Tras la avalancha de normativas que desde hace tres a?os aumentan las restricciones al aborto en diferentes Estados, la m¨¢xima instancia judicial del pa¨ªs volver¨¢ a pronunciarse acerca de si las empresas pueden negarse a proporcionar a sus empleadas seguros m¨¦dicos que cubran el coste de anticonceptivos.

Los nueve jueces del Supremo escuchar¨¢n este martes los argumentos acerca de si las empresas pueden citar su confesi¨®n religiosa para solicitar su exenci¨®n de la ley de salud que les obliga a proporcionar seguros m¨¦dicos a sus trabajadoras y que ¨¦stos cubran el gasto de m¨¦todos anticonceptivos y otros servicios, aunque sea por razones m¨¦dicas. Los dos casos plantean ante los magistrados si tanto los due?os de un negocio como la entidad en s¨ª tienen derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda y la Ley de Libertad Religiosa.

El Tribunal acept¨® el pasado mes de noviembre estudiar dos casos planteados por la cadena de tiendas Hobby Lobby y los due?os de la empresa Conestoga Wood Specialties. Ambos parten de la obligaci¨®n establecida por la reforma del sistema de salud firmada por Obama en 2010 y cuya constitucionalidad respald¨® el Supremo dos a?os despu¨¦s. En esta ocasi¨®n, no est¨¢ en duda la ley sino si el Gobierno federal puede obligar a las empresas a proporcionar p¨®lizas m¨¦dicas que incluyan m¨¦todos anticonceptivos cuando esto vaya en contra de las creencias religiosas de los due?os.

Kyle Duncan, abogado de los demandantes, explica que sus clientes ¡°se han visto obligados¡± a cubrir el coste de medicamentos abortivos, en contra de su religi¨®n. ¡°Las empresas ya ofrecen p¨®lizas m¨¦dicas a sus empleados, pero no pueden incluir este tipo de tratamientos de buena fe", argumenta.

Las dos familias demandantes defienden que se les est¨¢ haciendo part¨ªcipes de una pr¨¢ctica que va en contra de sus creencias religiosas

La Constituci¨®n estadounidense establece que el Gobierno no puede regular las creencias religiosas de los ciudadanos. Sin embargo, la cuesti¨®n planteada por estos empresarios -si la Primera Enmienda y la Ley de Libertad Religiosa protege a una empresa igual que a sus due?os- no ha sido aclarada por la m¨¢xima instituci¨®n judicial del pa¨ªs, hasta ahora.

Las dos demandas surgieron a partir de la aprobaci¨®n de la reforma sanitaria y han tenido distinta suerte en los tribunales, por lo que la Administraci¨®n Obama pidi¨® al Supremo que las estudiara despu¨¦s de que llegaran a una corte de apelaciones en el verano de 2013. "Lo que la Casa Blanca ha argumentado hasta ahora es que estas corporaciones no pierden sus derechos religiosos dentro del ¨¢mbito de sus negocios", dice Duncan.

El revuelo causado por este apartado de la reforma sanitaria, especialmente entre empresas y organizaciones religiosas, empuj¨® a la Administraci¨®n Obama a crear un sistema para que no fueran las compa?¨ªas, sino las aseguradoras, las que deban garantizar que las p¨®lizas incluyen esos anticonceptivos. Sin embargo, para los demandantes, no basta con eso.

Duncan explica que no es suficiente que el Gobierno haya creado la opci¨®n de que una tercera parte, un intermediario -las aseguradoras- asuman el coste de los anticonceptivos en nombre de las empresas. Las dos familias demandantes defienden que se les est¨¢ haciendo part¨ªcipes de una pr¨¢ctica que va en contra de sus creencias religiosas.

"La mayor¨ªa de los tribunales que han estudiado estos casos est¨¢n de acuerdo en que los due?os pueden practicar su religi¨®n, como en el caso de no querer abrir los domingos", dice el abogado. "Confiamos en que a pesar de tener que estar sujetos a m¨¢s regulaciones, podamos conservar nuestros derechos".

Terry O¡¯Neill, presidenta de la Organizaci¨®n Nacional de Mujeres -National Organization for Women (NOW), asegura que quien est¨¢ limitando los derechos de las trabajadoras son este tipo de empresas al imponer sus creencias religiosas y limitar el seguro m¨¦dico al que tienen acceso. "Se trata de un caso de abuso de poder y es inconstitucional", dice O'Neill.

"Millones de mujeres conf¨ªan en este tipo de tratamiento por razones de salud, si dejamos de proporcionarlos, estamos condenando su salud", asegura. O'Neill plantea tambi¨¦n que puede tratarse de un caso de discriminaci¨®n sexual, ya que en ning¨²n momento ninguna de las organizaciones ha planteado modificar el seguro m¨¦dico al que tienen derecho sus empleados masculinos. "?Por qu¨¦ deber¨ªan ver las empleadas c¨®mo se impone un dogma religioso sobre ellas?"

Se espera que los jueces pronuncien su sentencia el pr¨®ximo mes de junio, apenas unos meses antes de que se celebren unas elecciones legislativas en las que los derechos reproductivos de las mujeres, as¨ª como el acceso al aborto y m¨¦todos anticonceptivos, pueden ser protagonistas. El Supremo decidir¨¢ entonces si la ley interfiere con los derechos religiosos de los due?os de estas empresas, oblig¨¢ndoles a dirigir sus negocios en contra de sus creencias, y si las corporaciones cuentan en este ¨¢mbito con las mismas protecciones que los ciudadanos.