El Supremo, dividido acerca de si las empresas pueden negar anticonceptivos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostr¨® este martes una clara divisi¨®n durante su estudio del caso sobre si las empresas pueden negarse a proporcionar a sus empleadas seguros m¨¦dicos que cubran el coste de anticonceptivos, tal y como exige la ley, alegando que este mandato les obliga a actuar en contra de sus creencias religiosas.

Una mayor¨ªa de los jueces pareci¨® coincidir con los demandantes en que las empresas tendr¨ªan derecho a emplear la religi¨®n -a trav¨¦s de sus empleados- como justificaci¨®n, aunque no aclararon si el marco legal actual les permite negar el acceso a anticonceptivos a sus trabajadoras. La legislaci¨®n s¨ª reconoce esta excepci¨®n a organizaciones religiosas y no gubernamentales, pero no a empresas privadas.

El juez Anthony Kennedy cuestion¨® que las dos familias demandantes est¨¦n siendo perjudicadas por este mandato, ya que la legislaci¨®n ofrece varias alternativas, desde aumentar el sueldo de sus empleadas para que puedan costearse ellas mismas el precio de los anticonceptivos, hasta negarse a proporcionarles un seguro y pagar la multa a cambio.

Kennedy, el magistrado que puede tener en sus manos el voto decisivo, plante¨® adem¨¢s si al proteger los derechos religiosos de los empresarios se estar¨ªan limitando los de sus empleadas. ¡°En este caso se estar¨ªa dando permiso a un empresario a poner a sus empleadas en desventaja. Si ellas no comparten la religi¨®n de los due?os, ?quedan por encima entonces los derechos religiosos?¡±

Si ellas no comparten la religi¨®n de los due?os, ?quedan por encima entonces los derechos religiosos?¡±

La juez Ruth Ginsburg, por su parte, pidi¨® al defensor de los demandantes, el abogado Paul Clement, que explicara d¨®nde queda el l¨ªmite legal si se reconoce el derecho de las empresas a negar ciertos anticonceptivos en base a creencias religiosas. ¡°El argumento ser¨ªa el mismo si los due?os quisieran negarse a cubrir todos los anticonceptivos, ?verdad?¡±, pregunt¨®.

Ginsburg presion¨® adem¨¢s poniendo en duda por qu¨¦ deben a?adir los jueces una excepci¨®n ¡°de conciencia¡± para este tipo de empresas cuando ya se hab¨ªa opuesto el Congreso a la hora de votar la reforma en 2010. Tanto el Congreso como los jueces han reconocido anteriormente numerosas excepciones en la aplicaci¨®n de las leyes, incluida la reforma sanitaria de Obama, para reconocer los intereses de las agrupaciones religiosas. Este martes, los jueces m¨¢s conservadores preguntaron tambi¨¦n por qu¨¦ la Casa Blanca no puede ¡°acomodar¡± una vez m¨¢s a empresas como las demandantes para que no se vean empujadas a incumplir la ley ni sus creencias.

Una de las compa?¨ªas demandantes, Hobby Lobby, alega que si no proporcionan esos seguros a sus empleadas se enfrentar¨¢n a una multa de 26 millones de d¨®lares al a?o. La empresa asegura que no se opone a las p¨®lizas m¨¦dicas que abarcan determinados tratamientos anticonceptivos, preservativos o diafragmas, pero que si se incluyen, tal y como exige la ley, algunos que ellos consideran abortivos, les convertir¨ªa en c¨®mplices y violar¨ªan sus creencias.

Los jueces m¨¢s conservadores preguntaron tambi¨¦n por qu¨¦ la Casa Blanca no puede ¡°acomodar¡± una vez m¨¢s a empresas como las demandantes

El abogado del Gobierno, Donald Verrilli, asegur¨® que tales ¡°acomodaciones¡± ya se han hecho y que los denunciantes est¨¢n pidiendo que se extiendan los derechos religiosos de los empresarios a las compa?¨ªas en s¨ª, equipar¨¢ndolas con una persona. La divisi¨®n que ha causado esta pregunta en instancias judiciales inferiores llev¨® a la Administraci¨®n Obama a pedir al Supremo que se pronunciase al respecto.

La juez Sonia Sotomayor fue la primera en mostrar sus dudas, cuestionando c¨®mo deber¨ªan regularse entonces las posibles negativas de otras empresas. Junto con las otras dos magistradas, Sotomayor plante¨® si, de la misma manera que los demandantes consideran que algunos tratamientos son ¡°abortivos¡±, a pesar de que el Gobierno no los haya definido as¨ª, cualquier empresario puede censurar un seguro m¨¦dico que cubra el coste de una transfusi¨®n, una vacuna o cualquier otro tratamiento objetado por una religi¨®n en concreto.

¡°Un grupo religioso podr¨ªa pedir que se le eximiera de cumplir una ley, otro pedir¨ªa otra excepci¨®n, y al final no habr¨ªa un sistema unificado. Todos los objetores religiosos se saldr¨ªan del entramado legal¡±, afirm¨® la juez Elena Kagan. Clement respondi¨® en nombre de los demandantes que todos esos supuestos deber¨ªan ser estudiados por separado y que, en cualquier caso, ¡°no va a ocurrir en el mundo real¡± ni lo plantear¨ªan ¡°grandes corporaciones ni multinacionales¡±.

Se espera que la sentencia llegue el pr¨®ximo mes de junio, pocos meses antes de unas elecciones legislativas en las que ya se anticipa que los derechos reproductivos de las mujeres cobrar¨¢n protagonismo. La decisi¨®n de los jueces se producir¨¢ apenas dos a?os despu¨¦s de que respaldar los principales apartados de la reforma sanitaria de Obama, centro de las disputas entre dem¨®cratas y conservadores desde entonces.