Una sanidad m¨¢s cara y excluyente

La reforma sanitaria se vendi¨® a la ciudadan¨ªa m¨¢s que como una necesidad; casi como una imposici¨®n. De no tomar medidas ¡°urgentes¡±, el sistema p¨²blico no iba a aguantar la creciente presi¨®n presupuestaria. La sanidad estaba en grave riesgo: era ¡°insostenible¡±. El Gobierno de Mariano Rajoy present¨® el real decreto 16/2012 como la f¨®rmula magistral que iba a salvar el sistema del colapso. Dos a?os despu¨¦s, lo que ha conseguido la reforma es alterar de ra¨ªz su esencia: el ciudadano ha pasado de beneficiario de un derecho a asegurado en un servicio. Por el camino tambi¨¦n se ha perdido la vocaci¨®n de universalidad que hab¨ªa guiado las ¨²ltimas normativas sanitarias, que intentaron ir reduciendo los colectivos excluidos del sistema. Desde que se aprob¨® la reforma Mato, el 20 de abril de 2012, los inmigrantes en situaci¨®n irregular han perdido su derecho a ser tratados en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. Adi¨®s a la universalidad; hola a la desigualdad.

La exclusi¨®n de la asistencia, en forma de p¨¦rdida de la tarjeta sanitaria, no solo afecta a los extranjeros sin papeles. Las sucesivas modificaciones de la norma han provocado que tambi¨¦n se quede fuera otro colectivo, el de los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupaci¨®n familiar y la obtuvieron despu¨¦s de la aprobaci¨®n del decretazo. Son sobre todo personas mayores, los padres de trabajadores que emigraron a Espa?a para trabajar, regularizaron su situaci¨®n y despu¨¦s trajeron a sus familias. Tambi¨¦n los ciudadanos espa?oles pueden quedarse sin derecho a la atenci¨®n sanitaria desde el 1 de enero de 2013: los parados de larga duraci¨®n que hayan agotado la prestaci¨®n o el subsidio por desempleo y residan fuera de Espa?a m¨¢s de 90 d¨ªas en un a?o pierden la tarjeta. Tambi¨¦n est¨¢ el caso de los rentistas: personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Pese a que con sus impuestos sufragan la sanidad p¨²blica, tampoco ellos tienen tarjeta.

Pese a todas estas excepciones, y a que las organizaciones y los servicios sociales de las autonom¨ªas han informado de centenares de casos de desatenci¨®n, Mato sigue empe?ada en asegurar que la sanidad p¨²blica espa?ola nunca hab¨ªa sido tan universal como ahora.

El decreto, por su calado, debi¨® tramitarse como ley, opina CiU

El proceso de aprobaci¨®n de la reforma fue visto y no visto. El cambio era de tal calado que hubiera requerido una nueva ley, pero no fue as¨ª, como recuerda Conxita Tarruella, portavoz de Sanidad de CiU: ¡°Pedimos en el Congreso que se hiciera a trav¨¦s de un proyecto de ley, para que pudiera debatirse y pactarse, y se negaron alegando la urgencia...¡±, recuerda. En 2012 se empezaba a sentir de lleno el impacto de los recortes en el sistema nacional de salud, con las plantillas de personal menguando, cada vez menos medios y un inaudito aumento de las listas de espera. Sobrevolaba entonces la amenaza velada de la implantaci¨®n de un pago por visita m¨¦dica. Sanidad nunca anunci¨® p¨²blicamente que pensara aplicarla, aunque ahora insin¨²a que su reforma lo ha evitado.

Lo que s¨ª hizo el rescate ¡°urgente¡± de la maltrecha sanidad p¨²blica espa?ola fue derribar otro tab¨², el del copago farmac¨¦utico. La reforma del sistema del pago de medicinas ten¨ªa reservada una sorpresa para los pensionistas, que jam¨¢s hab¨ªan puesto un euro de su bolsillo ¡ªs¨ª de sus impuestos¡ª al recoger la medicaci¨®n en la botica. Los trabajadores en activo ya copagaban, pero por primera vez los jubilados empezaron ¡ªen julio de 2012¡ª a desembolsar el 10% del precio de sus medicamentos (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en funci¨®n de la renta). Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago por los f¨¢rmacos se estableci¨® por los ingresos: el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al a?o, el 50% los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000, y el 60% quienes ganen m¨¢s de esa cifra.

Un escal¨®n ampl¨ªsimo que el Ministerio anunci¨® hace meses que modular¨ªa. A¨²n no lo ha hecho. ¡°La idea es establecer alg¨²n tramo m¨¢s para que la aportaci¨®n sea m¨¢s equitativa, estamos a la espera de que las comunidades aut¨®nomas, a las que hemos preguntado, nos env¨ªen sus propuestas sobre qu¨¦ patr¨®n establecer¡±, dice Agust¨ªn Rivero, director general de Cartera B¨¢sica de Servicios del Ministerio de Sanidad. ¡°Ellos est¨¢n m¨¢s cerca de la poblaci¨®n y ven los problemas que pueden surgir, pero a¨²n no nos han dado informaci¨®n suficiente¡±, a?ade.

La desigualdad entre comunidades que ha generado la reforma es una de las cosas que m¨¢s preocupa a Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, portavoz del PSOE. Cada una ha respondido a su manera a los retos normativos que han planteado los cambios que se dictaban en Madrid. Unas atienden a los inmigrantes irregulares; otras, no. Unas devuelven al momento lo cobrado de m¨¢s a los pensionistas; otras obligan a esperar meses. Y lo peor, se?ala, ¡°es que desde el punto de vista de la econom¨ªa, la reforma no ha servido para hacer m¨¢s sostenible el sistema¡±.

Rivero, sin embargo, asegura que el balance es ¡°positivo¡±. Explica que hace unos d¨ªas acudi¨® a Bruselas a dar cuenta del resultado de las medidas y que la respuesta fue satisfactoria. ¡°Lo primero era sostener el sistema, considerado como un buen sistema, luego garantizar que sea universal, p¨²blico y gratuito para los que residan en Espa?a; y luego mantener la calidad, la eficiencia y la accesibilidad de los grupos m¨¢s vulnerables¡±, dice. ¡°Hemos logrado un ahorro importante. Sobre todo en el ¨¢rea farmac¨¦utica, donde se ha reducido unos 3.000 millones de euros¡±, dice. Y recuerda que gracias a los cambios ahora hay un mill¨®n de personas, sobre todo parados sin prestaci¨®n, que ya no pagan por sus f¨¢rmacos.

Los efectos del decreto a¨²n no se han desplegado del todo. Queda por determinar lo que se conoce como cartera b¨¢sica y suplementaria, es decir, las prestaciones comunes y gratuitas y las que en el futuro puedan considerarse extra, al arbitrio de cada regi¨®n. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, llama al decretazo ¡°bomba de fragmentaci¨®n¡±. Dice que ha tenido efectos a corto plazo, pero que los de largo a¨²n est¨¢n por ver. Si el Gobierno ha aflojado ahora es por las elecciones europeas, se?ala. Por el camino, algunos copagos previstos se han abandonado, te¨®ricamente porque el ahorro esperado ¡ªaunque no han dado cifras¡ª ya se ha logrado. Otros, como el de la farmacia hospitalaria, cuentan con la activa oposici¨®n de gobiernos auton¨®micos del PP. El Constitucional deber¨¢ decidir sobre los recursos de Andaluc¨ªa o Asturias. Al decretazo a¨²n le queda mucho camino por recorrer.