Siete claves para entender c¨®mo le afecta la ley que respalda el ¡®derecho al olvido¡¯

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea para que los buscadores eliminen ¡°en determinadas circunstancias¡± los enlaces que contengan informaci¨®n de terceros supone un cambio importante en el funcionamiento cotidiano de Internet. Alejandro Touri?o, abogado experto en Derecho de las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y la comunicaci¨®n y autor del libro El derecho al olvido y a la intimidad en Internet, da respuesta a algunas de estas cuestiones.

?Qu¨¦ modifica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea?

Supone un cambio de signo respecto a lo que hab¨ªamos previsto en las conclusiones del abogado de la UE. Ven¨ªan a decir que el derecho al olvido no exist¨ªa y que cuando hab¨ªa un conflicto, el buscador era neutral y el ciudadano deb¨ªa dirigirse al medio de comunicaci¨®n. Ahora tambi¨¦n puede pedirle a Google que elimine el contenido.

?Qu¨¦ se debe tener en cuenta para decidir si se eliminan los datos?

Hay que ver si prevalece el inter¨¦s general de que todos conozcamos algo o el inter¨¦s particular del sujeto. El derecho al honor protege al ciudadano de recibir insultos, el de la propia imagen de que nos hagan fotograf¨ªas y el derecho a la intimidad impide que nadie hable de nuestra vida privada. El buscador deber¨¢ ponderar caso por caso si prevalece la libertad de informaci¨®n o los derechos individuales de la persona. Se le dice a Google que debe someterse a la legislaci¨®n espa?ola, y si recibe una reclamaci¨®n de un particular deber¨¢ decidir si esa informaci¨®n que est¨¢ enlazando vulnera alguno de sus derechos. Quedan en el aire los medios con los que cuenta Google para tramitar la ingente cantidad de reclamaciones que va a recibir.

?Y si Google rechaza la reclamaci¨®n?

El ciudadano deber¨¢ acudir a la Agencia Estatal de Protecci¨®n de Datos o a los tribunales ordinarios para solicitar que quiten el contenido y pedir cuentas al buscador por negarse a borrarlo. Al ser derechos fundamentales, en estos procedimientos no cabe ejecuci¨®n provisional: desde que se presenta la demanda hasta que llega la sentencia firme del Supremo pueden pasar f¨¢cilmente cinco o seis a?os.

?Qu¨¦ va a pasar con las m¨¢s de 200 causas congeladas en la Audiencia Nacional?

El proceso seguir¨¢ su curso natural. La Audiencia ya sabe cu¨¢l es el criterio: le ha preguntado a Europa qu¨¦ hacer y ya tiene respuesta. Sabiendo que Google est¨¢ obligado a analizar caso por caso, deber¨¢ ir a nuestra jurisprudencia y valorar si prevalece el derecho del individuo o el derecho a la informaci¨®n. Es previsible que determine que el inter¨¦s informativo no prevalece y obligue a Google a no enlazar ese contenido.

?Qu¨¦ puede hacer un ciudadano para que le borren?

Ahora tiene dos opciones: puede ir al medio que publica la informaci¨®n y, adem¨¢s, ir directamente al buscador. En realidad son dos agentes distintos, como si una misma informaci¨®n la publicasen El Mundo y EL PA?S. Ambos son responsables de la infracci¨®n.

?C¨®mo afecta a las redes sociales?

Se aplica el mismo criterio. Facebook funciona m¨¢s como un medio de comunicaci¨®n que como un buscador. Cualquier operador extranjero que tenga residencia en Espa?a tendr¨¢ que someterse a la legislaci¨®n espa?ola de protecci¨®n de datos. Eso significa, por ejemplo, que los menores de 14 a?os no pueden acceder a una red social.

?C¨®mo puede un ciudadano protegerse de un insulto en Internet?

Las redes sociales son grandes tablones de anuncios donde cada sujeto es libre de hacer lo que quiera, pero debe someterse a la legislaci¨®n. Jur¨ªdicamente, la acci¨®n es un insulto sea en la calle, por tel¨¦fono o por Facebook, pero la viralidad de las redes sociales hace que el da?o sea mucho mayor. La sanci¨®n se grad¨²a en funci¨®n de cu¨¢l sea la repercusi¨®n: si lo ven millones de personas el da?o es mayor. En estos temas no hay un baremo predeterminado, la sanci¨®n queda en manos del juez.