La polic¨ªa investiga un fraude masivo de t¨ªtulos universitarios
La Audiencia Nacional ya sospech¨® en 2015 de la colegiaci¨®n masiva de abogados italianos
El esc¨¢ndalo asedia a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. En ella estall¨® el caso m¨¢ster, que ha acabado ya con una presidenta regional y con una ministra y que cerca al principal l¨ªder de la oposici¨®n. Y sobre ella han puesto tambi¨¦n la mirada la Polic¨ªa Nacional y el juez de Instrucci¨®n n¨²mero 40 de la capital, que investigan su relaci¨®n con una supuesta trama de abogados italianos irregularmente colegiados en Espa?a. Una historia que ya denunci¨® en 2016 el Observatorio contra la Corrupci¨®n despu¨¦s de detectar una colegiaci¨®n masiva de abogados italianos gracias a las presuntas facilidades irregulares que les daba este centro docente. Seg¨²n la Cadena SER, que adelant¨® el jueves esta nueva investigaci¨®n, no solo ocurr¨ªa en esta universidad.
"Se celebr¨® un examen o prueba de conjunto a un n¨²mero muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana ¡ªm¨¢s o menos unas 500 personas¡ª, con el fin de que los mismos pudieran obtener, al margen del procedimiento de homologaci¨®n, el t¨ªtulo de Licenciado en Derecho, y as¨ª poder comenzar su actividad profesional mediante la simple colegiaci¨®n en Espa?a", resalta el escrito del Observatorio, enviado a la fiscal¨ªa. "Es muy llamativo que haya habido hasta ocho autobuses desplaz¨¢ndose desde la estaci¨®n de Atocha a la universidad como si fueran de excursi¨®n", continuaba la denuncia, que expone que los alumnos italianos podr¨ªan haber pagado en torno a 11.000 euros por un "examen de convalidaci¨®n" que les permit¨ªa comenzar su actividad profesional "sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesi¨®n de abogado".
Esta nueva investigaci¨®n pone el foco sobre un asunto que lleva levantando recelos en el sector desde hace a?os. De hecho, la Audiencia Nacional ya dict¨® un auto el 5 de febrero de 2015, al que ha tenido acceso EL PA?S, donde apreciaba la "posible existencia de una infracci¨®n penal" en un caso denunciado por un abogado de Ja¨¦n, que sospechaba que se estaban produciendo pr¨¢cticas irregulares en los Colegios de Lucena (C¨®rdoba), Ja¨¦n y Valencia, ya que en ellos se estaban inscribiendo numerosos abogados italianos. Estos ¨®rganos lo negaron. Pero, en su escrito, el letrado afirmaba que 29 de los registrados en Ja¨¦n ten¨ªan como domicilio profesional un "mismo piso peque?o" de Fuenlabrada (Madrid) y el mismo n¨²mero de tel¨¦fono.
Aunque el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de la Audiencia Nacional, encabezado entonces por Javier G¨®mez Berm¨²dez, admiti¨® a tr¨¢mite la denuncia y dio parte al Ministerio P¨²blico, finalmente, este ¨®rgano judicial descart¨® entrar en el fondo de la cuesti¨®n porque no era de su competencia. Seg¨²n reza en el auto de archivo, se procedi¨® a sobreseer porque el "supuesto fraude no producir¨ªa grave repercusi¨®n en la seguridad del tr¨¢fico mercantil, ni existen m¨²ltiples perjudicados, ni la cuant¨ªa de la supuesta defraudaci¨®n afecta a la econom¨ªa nacional; por lo que se rechaza el conocimiento por falta de competencia".
Seg¨²n consta en el sumario del caso M¨¢ster, el Grupo Operativo de Extranjeros II (GOE II) de la Polic¨ªa Nacional cit¨® hace unas semanas al profesor Pablo Acosta, nombrado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para hacerse cargo del Instituto de Derecho P¨²blico (IDP), donde estall¨® el esc¨¢ndalo. Los agentes tomaron esta decisi¨®n porque "gran parte de la informaci¨®n que maneja este GOE II apunta a que esta universidad estar¨ªa relacionada con los ciudadanos italianos que est¨¢n siendo investigados por colegiarse como abogados en distintos colegios de Espa?a, al parecer, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos".
A ra¨ªz de este esc¨¢ndalo, la polic¨ªa se puso en contacto con la Rey Juan Carlos, que, seg¨²n el propio centro, est¨¢ colaborando con la polic¨ªa desde mayo, aportando documentaci¨®n para esclarecer los hechos.
Evitar un m¨¢ster en Italia
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha afirmado este jueves que permiti¨® la colegiaci¨®n de ciudadanos italianos que no ten¨ªan el t¨ªtulo profesional de abogado porque lo permit¨ªa la ley y porque ten¨ªan "la seguridad o confianza" de que los t¨ªtulos de Derecho de la Rey Juan Carlos "eran v¨¢lidos". Con este diploma, evitaban cursar un m¨¢ster en Ciencias Jur¨ªdicas exigido en Italia para ejercer la abogac¨ªa, que cuesta en torno a 18.000 euros, y adem¨¢s, con la colegiaci¨®n en Espa?a, pod¨ªan ejercer en toda Europa. Cuando el ICAM supo que hab¨ªa una investigaci¨®n, abri¨® varios expedientes.
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