El Constitucional anula la ley catalana que regula las asociaciones de consumidores de cannabis
El tribunal considera que la normativa invade las competencias del Estado y puede amparar actividades ilegales
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido anular por unanimidad la Ley catalana que regula las Asociaciones de Consumidores de Cannabis, seg¨²n consta en una sentencia fechada el pasado 19 de septiembre. Los magistrados han considerado que esa normativa invade las competencias del Estado, despu¨¦s de que el Gobierno de Mariano Rajoy la recurriese el pasado octubre, alegando tambi¨¦n que daba amparo legal a actividades tipificadas como delito en el C¨®digo Penal.
El tribunal subraya que, aunque el cannabis contiene elementos o principios activos susceptibles de aplicaci¨®n terap¨¦utica, no puede considerarse un f¨¢rmaco o medicamento en "sentido estricto". "Sino una sustancia calificada como estupefaciente, lo que significa que es una competencia en materia penal reservada al Estado, seg¨²n el art¨ªculo 149.1.6 de la Constituci¨®n", destaca la resoluci¨®n.
En ese sentido, el Constitucional incide en que la ley catalana "reconoce a los clubes funciones de acopio o adquisici¨®n y ulterior distribuci¨®n" de cannabis, adem¨¢s de definirlos como un"espacio de ¨¢mbito privado que re¨²ne las condiciones id¨®neas para el consumo". De ah¨ª que, al considerar esta sustancia una droga, las autonom¨ªas no puedan legislar sobre este tipo de centros. Una idea que los magistrados ya recalcaron cuando declararon inconstitucional una ley similar aprobada en Navarra. La "disciplina normativa reserva al Estado" la legislaci¨®n sobre "consumo, abastecimiento y dispensaci¨®n" de esta sustancia, destaca el tribunal.
En junio de 2017, el Parlament catal¨¢n dio luz verde a la ley que regulaba las asociaciones de consumidores de cannabis, que pretend¨ªa crear un?r¨¦gimen jur¨ªdico para estas organizaciones y dar un marco jur¨ªdico a sus actividades, adem¨¢s de establecer los derechos y deberes de los asociados. La ley, surgida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apenas estuvo en vigor unas semanas, ya que su aplicaci¨®n qued¨® en suspenso tras el recurso del Gobierno de Rajoy.
La sentencia del Constitucional devuelve a los clubes cann¨¢bicos a una especie de alegalidad. El deseo de poner fin a esta situaci¨®n, y tener un mayor control p¨²blico sobre el consumo de esta sustancia, era precisamente uno de los principales argumentos esgrimidos por la Generalitat para aprobar la norma. En el momento de su aprobaci¨®n, en Catalu?a exist¨ªan m¨¢s de 400 asociaciones.? Incluso con la ley en vigor, los vericuetos legales que rodean al cannabis no habr¨ªan terminado, ya que los responsables de los clubes pod¨ªan consumirla y distribuirla entre sus socios, pero pod¨ªan ser detenidos si eran sorprendidos cultivando o transportando marihuana.
En el fondo del debate subyacen los difuminados l¨ªmites que entorno a la marihuana rodea la aplicaci¨®n del c¨®digo penal en relaci¨®n a derechos constitucionales como el de la intimidad y el de asociaci¨®n. El primero de ellos ampara a cualquier persona a hacer lo que desee si lo hace en un espacio privado. El segundo, a asociarse para llevar cualquier actividad si esta no vulnera la ley.
La historia de la Asociaci¨®n Barcelonesa Cann¨¢bica de Autoconsumo, la primera en registrarse en Catalu?a, ilustra bien la controversia. En febrero de 2010, la entidad present¨® su solicitud al Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia de la Generalitat. Ante las dudas que despert¨® la petici¨®n, esta Consejer¨ªa solicit¨® un informe a la de Interior, responsable de los Mossos d'Esquadra. Interior respondi¨® que la asociaci¨®n no pod¨ªa registrarse porque su fin?¡ªel cultivo y distribuci¨®n de marihuana¡ª est¨¢ penado por el c¨®digo penal.
Meses m¨¢s tarde, sin embargo, otro informe de la Fiscal¨ªa tumb¨® al de Interior. El ministerio p¨²blico sostuvo que el derecho de asociaci¨®n prevalece y que no puede vetarsepreventivamentea una asociaci¨®n si su actividad (autoconsumo...) no est¨¢ penada. En todo caso, la Fiscal¨ªa instaba a los Mossos a intervenir si observaban consideraban que la forma de cultivar, distribuir o consumir la droga entraban en el ¨¢mbito delictivo.
La Asociaci¨®n fue finalmente aceptada por el Registro de Asociaciones en noviembre de 2010. Solo tres meses m¨¢s tarde, los Mossos entraban en la sede de la entidad y deten¨ªan a cuatro personas por tr¨¢fico de drogas. Los golpes policiales contra este otros clubes cann¨¢bicos se han ido sucediendo en Catalu?a en los ¨²ltimos a?os.
Con este precedentes, el limbo legal en el que viven los clubes cann¨¢bicos ¡ªque por otra parte pagan sus impuestos a Hacienda como cualquier otra actividad econ¨®mica, lo que les ha permitido ganar en los tribunales alg¨²n caso en su contra¡ª no terminar¨¢ hasta que el Gobierno central entre a legislar sobre la materia, seg¨²n todas las fuentes consultadas. Las Cortes Valencianas ¡ªcon el apoyo de PSOE, Ciudadanos, Podemos y Comprom¨ªs¡ª aprobaron el pasado mes de junio una proposici¨®n no de ley en este sentido.
La Generalitat de Catalu?a no ha hecho p¨²blica por ahora su posici¨®n ante la sentencia del Tribunal Constitucional.
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