Los jueces piden independencia econ¨®mica y recursos para combatir con m¨¢s eficacia la violencia machista

Julio Mart¨ªnez se tom¨® el caf¨¦ cuando todav¨ªa no era del todo de d¨ªa y se fue al Juzgado de Instrucci¨®n y Primera Instancia N¨²mero 5 de Avil¨¦s del que es titular, all¨ª se ocupan de lo civil, lo penal y de la violencia de g¨¦nero. Trabaj¨® durante toda la ma?ana hasta que, sobre el mediod¨ªa, lleg¨® un caso de violencia contra la mujer. Aparc¨® la agenda para ocuparse de ello. Cuando llegaron las 18.00, volvi¨® a retomar lo que hab¨ªa quedado pendiente. As¨ª es su jornada laboral, dice, de lunes a viernes, m¨¢s las guardias: montones de carpetas que no acaban, falta de personal, ausencia de psic¨®logos, trabajadores sociales y otros expertos fuera de las horas oficiales¡­ Y en Avil¨¦s, subraya, no se pueden quejar: ¡°Aqu¨ª tenemos salas adecuadas para entrevistar, por ejemplo", explica. "Pero no es as¨ª en todas partes, he vivido momentos en los que la mujer, o el hombre, acaban en el ba?o para no cruzarse¡±. Esa es una de las cosas que hace que s¨ª se queje, y de forma generalizada, la judicatura, que ir¨¢ a la huelga el pr¨®ximo 19 de noviembre en protesta por su situaci¨®n.

Los jueces llevan a?os denunciando la falta de recursos para combatir la violencia machista. Volvieron a hacerlo el pasado mi¨¦rcoles tras el encuentro anual de decanos y decanas de Espa?a. El informe de conclusiones que presentaron apunta a que, aunque el sistema es garantista y de alta calidad, tambi¨¦n es "poco ¨¢gil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado". Arguyen que, al final, todo es cuesti¨®n de dinero. Tambi¨¦n el c¨²mulo de expedientes al que hace referencia Mar¨ªa Jes¨²s Del Barco, decana de Madrid: "Que cada juzgado tenga el trabajo que pueda asumir, no que haya hasta tres veces m¨¢s asuntos de los que se pueden tratar".

La judicatura reclama inversi¨®n para iniciativas que faciliten el trabajo judicial, pero tambi¨¦n la mejora en la protecci¨®n de las v¨ªctimas ¡ªque ya pueden recibirla sin necesidad de declarar contra su agresor¡ª y la de los menores -en los ¨²ltimos meses hasta seis mujeres y dos menores han sido asesinadas a pesar de haber denunciado. Piden, adem¨¢s, la instalaci¨®n de sistemas adecuados de videoconferencia, para facilitar el proceso a las v¨ªctimas, y salas especiales donde realizar las pruebas preconstituidas, con el objetivo de que los menores puedan hacer una ¨²nica declaraci¨®n.

La decana de Madrid, Mar¨ªa Jes¨²s del Barco, hace hincapi¨¦ tambi¨¦n en los ni?os y pone como ejemplo pr¨¢ctico el refuerzo en los Juzgados de Familia: "Si los tr¨¢mites para una separaci¨®n tardan mucho, una relaci¨®n que ya tiene tensi¨®n puede acabar en violencia y maltrato. Hay que dar salida cuanto antes a esas situaciones. Si hay hijos, con m¨¢s raz¨®n". En estos procesos, las listas de espera alcanzan los dos a?os y, seg¨²n Del Barco, no tiene ni pies ni cabeza: "Los informes psicosociales pueden detectar situaciones de riesgo, evitarlas. Pero claro, nunca hay personal suficiente". Algo para lo que tambi¨¦n ayudar¨ªa una figura reciente: el coordinador de parentalidad.

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Ignacio Gonz¨¢lez, portavoz de Juezas y jueces para la democracia, explica que se ha importado de Canad¨¢ y Estados Unidos y hay programas piloto en Catalu?a y Valencia: "El juez nombra a un psic¨®logo experto en relaciones familiares que ayuda al padre y la madre en el trato con los menores e informa al juez de lo que sucede con los hijos". Los resultados, por el momento, son positivos, han demostrado que se reduce la litigiosidad y hay una mejora en las relaciones familiares. "Para lo que tambi¨¦n podr¨ªa ayudar la exclusividad de los jueces que se dedican a la violencia contra la mujer, liberarlos de otros procedimientos como el civil y el penal", apunta Gonz¨¢lez. En este sentido va tambi¨¦n otro de los deseos de los juristas: que crezca el n¨²mero de m¨¦dicos forenses, psic¨®logos y trabajadores sociales, y que estos dos ¨²ltimos sectores estuvieran tambi¨¦n durante las guardias.

Sobre todo en las Unidades de Valoraci¨®n Forense Integral, dedicadas a valorar con la mayor precisi¨®n posible el riesgo de agresi¨®n de las mujeres. Esa falta de profesionales supone uno de los grandes obst¨¢culos para estos equipos, que adem¨¢s, seg¨²n las conclusiones de los magistrados, est¨¢n menos extendidos de lo que deber¨ªan, al igual que las Oficinas de Asistencia a las V¨ªctimas del delito, que se establecieron en 2015 sin previsi¨®n de gasto, o la digitalizaci¨®n real de sus sistemas, porque hasta ahora, dicen refiri¨¦ndose al expediente judicial electr¨®nico, esa modernizaci¨®n ha sido "una falacia que no facilita el trabajo".

Su diagn¨®stico de situaci¨®n coincide con las conclusiones del VII Congreso del Observatorio contra la violencia dom¨¦stica y de g¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial, celebrado la pasada semana en el Senado. Reivindican lo mismo, entre otras cosas, la necesidad de que el agravante de g¨¦nero se aplique en el 100% de los delitos cometidos contra la mujer (entre 2016 y 2018, se hizo en el 67% de los casos en los que se pidi¨®, seg¨²n datos del CGPJ), la urgencia de poner en marcha esos equipos de valoraci¨®n del riesgo y la creaci¨®n de nuevas unidades judiciales, que se est¨¢n ultimando seg¨²n apunt¨® el pasado viernes Esmeralda Rasillo, directora general de Relaciones con la Administraci¨®n de Justicia, durante el Congreso. Explic¨® que est¨¢n a la espera de conocer la opini¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas: "Se est¨¢ analizando y estudiando la situaci¨®n, pero si diese una cifra o una fecha estar¨ªa mintiendo".

En casi todas partes, el trabajo puede acabar siendo una carrera de obst¨¢culos. ¡°Un d¨ªa tienes un caso de violencia de g¨¦nero, otro cuatro y otro ninguno. Pero el d¨ªa que hay se compatibiliza con todo lo dem¨¢s, con la falta extendida de medios que hay¡­¡°. Julio Mart¨ªnez tarda un buen rato en desmenuzar los detalles de qu¨¦ falla en la rutina diaria. Y una de esas explicaciones refleja la gravedad que conlleva este c¨²mulo de problemas: "Puede llegar a disuadir de la denuncia. Si no hay un apoyo generalizado, el sistema genera desconfianza y habr¨¢ mujeres para las que el ¨¢mbito judicial no sea una soluci¨®n sino otro trago m¨¢s". Es tajante: "Hay mucho que invertir en prevenci¨®n y educaci¨®n". Sobre todo porque el Derecho Penal entra en juego una vez que ya se ha cometido el delito.

Por eso, estas propuestas agilizar¨ªan los procedimientos y evitar¨ªan inconvenientes a las personas implicadas, seg¨²n comenta Ignacio Gonz¨¢lez. En Espa?a, desde que se registran datos oficiales, 971 mujeres han sido asesinadas y, entre abril y junio de este a?o, 40.232 mujeres figuran como v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero en la estad¨ªstica del Poder Judicial. "Eso siempre deber¨ªa ser preferente".