Los tribunales certifican el desmoronamiento del imperio iDental

La irrupci¨®n policial en 17 cl¨ªnicas odontol¨®gicas de iDental en agosto constituy¨® el pr¨®logo de una muerte anunciada. Tras meses de impagos a trabajadores, denuncias de pacientes y el cierre de los establecimientos al p¨²blico ¡ªadem¨¢s de una investigaci¨®n de detectives privados que desvel¨® una amplia red empresarial¡ª, la Audiencia Nacional puso con esa macrooperaci¨®n punto final a una trama sobre la que los tribunales estrechan ahora el cerco. Medio a?o despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo, el magistrado Jos¨¦ de la Mata avanza con la instrucci¨®n general por estafa y blanqueo de capitales, que este martes permiti¨® la detenci¨®n de los fundadores de la compa?¨ªa; un juzgado de Gij¨®n ya la ha declarado en rebeld¨ªa y la ha condenado por negligencia; y en los juzgados de lo Social sigue la batalla de los empleados que se quedaron en la calle.

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Beatriz Sanz, de 30 a?os, fue una de ellas. Cuenta que desde enero de 2016 trabajaba en la sede central de iDental, en Rivas Vaciamadrid (Madrid), como coordinadora del call center de atenci¨®n al cliente y con un salario base de 1.082 euros. El 11 de junio de 2018, apenas dos meses antes de que todo saltara por los aires, recibi¨® el breve comunicado de la empresa: no deb¨ªa volver. "Fue de un d¨ªa para otro", recalca esta graduada en Magisterio, solo unas semanas despu¨¦s de tener a su primer hijo: "Desde entonces, solo gracias a mi pareja estoy saliendo adelante". Porque los empleados quedaron atrapados.

"A todos dos los trabajadores le dieron un permiso retribuido. Es decir, se les eximi¨® de ir a su puesto y se les prometi¨® que se les seguir¨ªa pagando. Pero no se les abona nada desde entonces y, como siguen dados de alta en la Seguridad Social, no pueden acceder a otro trabajo ni a la prestaci¨®n por desempleo", explica el abogado laboralista Juan Antonio Jim¨¦nez-Piernas, que representa a Beatriz Sanz, que a¨²n no sabe tampoco si podr¨¢ recibir el permiso de maternidad. "As¨ª que, por tanto, se encuentran en el m¨¢s absoluto desamparo hasta un juez decida extinguir sus contratos", apostilla el letrado. Y van muchos meses de espera.

Las sospechas contra iDental comenzaron a tomar forma a principios de 2016. Antonio Javier Garc¨ªa Pellicer y Vicente Casta?er hab¨ªan fundado en 2014 en Alicante una red de cl¨ªnicas que se extend¨ªa a una velocidad de infarto. Con cerca de 3.000 trabajadores, su facturaci¨®n alcanz¨® los 125 millones en 2016, seg¨²n inform¨® el fondo de inversi¨®n Weston Hill, que la compr¨® por 25 millones en 2017. Bajo el lema Dentistas con coraz¨®n, ofrec¨ªan tratamientos odontol¨®gicos a personas con escasos recursos, a las que ofertaba tratamientos con supuestos descuentos de hasta el 80%, que financiaba supuestamente la UE y la Junta de Andaluc¨ªa. Pero esas subvenciones no exist¨ªan, seg¨²n explica ?scar Castro, presidente del Consejo de Dentistas, que encarg¨® entonces un informe a una agencia de detectives privados.

Ese documento, incorporado a la instrucci¨®n, desvela que?hab¨ªan tejido una red de m¨¢s de cien empresas para "prevenir riesgos" ¡ªadquir¨ªan, adem¨¢s, implantes "de menor calidad" en Brasil para colocarlos en Espa?a y aumentar as¨ª su beneficio¡ª. Un entramado que los gestores de iDental han querido reproducir otra vez, una vez intervenida la compa?¨ªa por la Audiencia Nacional. El pasado octubre, De la Mata descubri¨® que trataban presuntamente de volver a montar un sistema similar a trav¨¦s de testaferros. "Cuando la Guardia Civil entr¨® en los centros de iDental, se dio cuenta de que faltaban materiales y documentos. Se hab¨ªan llevado cosas apresuradamente", detalla el presidente del Consejo de Dentistas, personado en la causa. Pretend¨ªan abrir 180 nuevas cl¨ªnicas en todo el pa¨ªs mediante una nueva red llamada Institutos Odontol¨®gicos Asociados (IOA). Tambi¨¦n estaban intentando implantarse en Reino Unido.

Actualmente, "la prioridad absoluta es asegurar la salud de las personas. Para ello, es necesario garantizar la continuidad de los servicios odontol¨®gicos", insiste en un auto el magistrado, que tambi¨¦n trabaja desde hace meses en precisar el n¨²mero de afectados por esta presunta estafa, que acumula denuncias por lesiones y tratamientos abandonados a medias. En ese sentido, a trav¨¦s de una pieza separada, el juez tom¨® declaraci¨®n como imputados a dos trabajadores de la empresa inform¨¢tica que almacenaba los historiales cl¨ªnicos, que fueron borrados ¡ªseg¨²n ellos, por impagos de iDental¡ª.Y los Gobiernos auton¨®micos hablaron el pasado verano de 400.000 posibles afectados. "Pero ese era un dato estimatorio, en base a todos los pacientes que pasaron por las cl¨ªnicas. Una vez hechas las primeras depuraciones, debe rondar entre 18.000 y 20.000", precisa Castro, que explica que ahora habr¨¢ que diferenciar entre los casos de fraude, mala praxis y delitos contra la salud p¨²blica.

Desviaci¨®n de fondos

"Tambi¨¦n, qui¨¦n se hace responsable", a?ade el presidente del Consejo de Dentistas, que recuerda que De la Mata envi¨® a prisi¨®n a tres de sus directivos detenidos en la operaci¨®n de octubre. Los fundadores, por su parte, no han sido detenidos hasta el pasado martes, acusados de desviar a su patrimonio personal cerca de 60 millones procedentes de fondos de inversores internacionales destinados a reflotar empresas en crisis.

Mientras tanto, iDental hace meses que no se presenta a los juicios. Por ello, el juzgado de Primera Instancia n¨²mero 6 de Gij¨®n, que ha condenado a la compa?¨ªa a pagar 26.000 euros por los da?os causados a una paciente, la ha declar¨® "en rebeld¨ªa". Y tambi¨¦n, por ejemplo, el Juzgado de lo Social n¨²mero 23 de Madrid tuvo que suspender un acto de conciliaci¨®n entre la sociedad y un trabajador.

"Es un proceso largo y tedioso", subraya Beatriz Sanz, que ya sabe que, en su caso, el juicio ha sido fijado para el pr¨®ximo 30 de abril. Pero, entonces, comenzar¨¢ otro arduo procedimiento. "iDental previsiblemente no se presentar¨¢ y, en la pr¨¢ctica, si ganamos, esta se declarar¨¢ insolvente para abonar los salarios que debe y las indemnizaciones. Por lo que, finalmente, tendr¨¢ que pagarlo el Fogasa (Fondo de Garant¨ªa Salarial), [dependiente del Ministerio de Trabajo]", explica su abogado, que concluye: "As¨ª pasar¨¢ con muchos trabajadores. Y hablamos de decenas de miles de euros que saldr¨¢n del dinero de todos".