S¨¢nchez lamenta la impopularidad de algunas normas medioambietales y pide colaboraci¨®n ciudadana

El presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha admitido la impopularidad que generan algunas normas medioambientales. "Las leyes de cambio clim¨¢tico no son muy populares entre los ciudadanos", ha afirmado en referencia a algunas normativas que contemplan medidas como las limitaciones a los veh¨ªculos m¨¢s contaminantes o "trasformaciones industriales" como el cierre de las plantas que queman carb¨®n o minas. Por ello, S¨¢nchez ha abogado por hacer "pedagog¨ªa" desde la pol¨ªtica y por "pedir a los ciudadanos" colaboraci¨®n ante la adaptaci¨®n que se necesita en el "corto plazo".

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A cambio, S¨¢nchez ha resaltado las oportunidades que se abren vinculadas al cambio clim¨¢tico. Por ejemplo, en inversiones. El presidente ha anunciado este viernes que el futuro plan nacional integrado de energ¨ªa y clima, que debe servir para limpiar el sector energ¨¦tico de Espa?a de gases de efecto invernadero durante la pr¨®xima d¨¦cada, supondr¨¢ inversiones por valor de 235.000 millones de euros hasta 2030, la mayor¨ªa procedentes del sector privado. S¨¢nchez ha asegurado que ese plan se presentar¨¢ en breve.

El plan de energ¨ªa y clima es una obligaci¨®n impuesta por Bruselas a todos los Estados. Espa?a deber¨ªa haberlo presentado antes del 31 de diciembre, pero se ha retrasado su remisi¨®n a la Comisi¨®n Europea y la presentaci¨®n p¨²blica. Algo parecido ha ocurrido con la ley de cambio clim¨¢tico, que a¨²n no ha llegado al Congreso a pesar de que desde el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica se hab¨ªa anunciado que se har¨ªa antes de final de a?o.

En el seno del propio Gobierno algunas de las medidas que contemplan tanto el plan de energ¨ªa como la futura ley han generado discusiones. Y algunas de esas propuestas han sido rechazadas por sectores empresariales. Por ejemplo, la patronal Anfac ha criticado con dureza la intenci¨®n de prohibir las ventas de los veh¨ªculos de combusti¨®n a partir de 2040, a pesar de que entronca con los planes de otros pa¨ªses europeos e, incluso, de algunos fabricantes de coches.

Anfac, que agrupa los intereses de los fabricantes de automoci¨®n de Espa?a, no parece tener intenci¨®n de aflojar en este asunto. La asociaci¨®n ha recurrido ante Bruselas y el Ministerio de Econom¨ªa la reciente ley de la islas Baleares de cambio clim¨¢tico, que est¨¢ en fase de tramitaci¨®n, por fijar un calendario para impedir la circulaci¨®n de los coches de combusti¨®n en esta comunidad. Ese recurso ha sido apoyado a trav¨¦s de un escrito p¨²blico este viernes por la Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederaci¨®n Espa?ola de la Peque?a y Mediana Empresa (CEPYME) y la Confederaci¨®n de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que han mostrado un "apoyo un¨¢nime".

En el primer borrador de la futura ley de cambio clim¨¢tico (que a¨²n no ha pasado por el Consejo de Ministros) se contemplaba que en 2040 ya no se puedan comercializar los motores de combusti¨®n. Sin embargo, en varios de los borradores en los que se ha ido trabajando se eliminaba esa fecha y se pospon¨ªa la decisi¨®n sobre el veto. La ministra para la Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, ha reiterado en varias ocasiones que la fecha de 2040 se mantendr¨¢ en la futura norma.

Transici¨®n justa

El presidente S¨¢nchez ha realizado estas declaraciones durante la clausura del evento Impulsando la ambici¨®n clim¨¢tica, que ha organizado el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica y que ha reunido durante dos d¨ªas en Madrid a expertos internacionales en la lucha contra el calentamiento global. En esas jornadas, el concepto de "transici¨®n justa" para las personas que se ver¨¢n afectadas por los cambios necesarios para limpiar de gases de efecto invernadero la econom¨ªa se ha utilizado reiteradamente.

Tambi¨¦n lo ha utilizado la ministra Teresa Ribera para referirse, por ejemplo, al cierre de minas y centrales de carb¨®n. Todas las minas de carb¨®n de Espa?a dejaron de funcionar el 31 de diciembre debido a la normativa europea que impide que esos yacimientos sigan recibiendo fondos p¨²blicos. Paralelamente, las el¨¦ctricas han iniciado una carrera por cerrar sus centrales que queman carb¨®n durante el pr¨®ximo a?o y medio. A esas compa?¨ªas no le resulta rentable acometer las obras de descontaminaci¨®n a las que Bruselas les obliga si quieren seguir funcionando m¨¢s all¨¢ de 2020. En total, nueve de las 15 centrales de carb¨®n del pa¨ªs cerrar¨¢n de forma inmediata.

El anuncio de los cierres ha desencadenado ya protestas en las regiones afectadas (Asturias, Galicia, Arag¨®n y Castilla y Le¨®n). Pero, de momento, esos cierres est¨¢n motivados por normas comunitarias que Espa?a y las empresas han de cumplir. En el plan de energ¨ªa y clima que Espa?a debe presentar s¨ª tendr¨¢ que haber un pronunciamiento concreto del Gobierno. Es decir, el Ejecutivo tendr¨¢ que exponer sus planes de cierre para las centrales de carb¨®n que seguir¨¢n operando m¨¢s all¨¢ de 2020 y de las nucleares.