El verdadero agujero de las ayudas sociales

Rosario Planas fue desalojada el 14 de enero del trastero de cinco metros cuadrados donde viv¨ªa con su hijo discapacitado en Valencia. El caso sac¨® a la luz un tremendo drama personal, producto de la pobreza y del r¨¢pido ascenso del precio de los alquileres. Pero tambi¨¦n puso de relieve las dificultades que muchas personas encuentran para desenvolverse en la burocracia de las ayudas sociales. Rosario ten¨ªa derecho a recibirlas, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, que las han aumentado sustancialmente en los ¨²ltimos tres a?os, pero no lo hac¨ªa porque en el primer caso desconoc¨ªa que exist¨ªa y en el segundo no hab¨ªa acertado a tramitarlas.

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Desahuciada de un trastero con su hijo discapacitado

Su caso forma parte de un fen¨®meno global. ¡°Siempre estamos hablando del fraude, de cu¨¢nta gente que no debe usar este tipo de ayudas, cuando el verdadero problema es el contrario: la cantidad de gente que s¨ª deber¨ªa recibirlas y no lo hace¡±, afirma Joseba Zalakain, director del Centro de Documentaci¨®n y Estudios SiiS. La agencia de la UE Eurofound analiz¨® en 2015 un amplio rango de ayudas sociales en 16 pa¨ªses del norte, centro y sur del continente, entre los que no figuraba Espa?a. Los resultados, que los autores consideraban representativos del conjunto de la Uni¨®n, revelaron que el porcentaje de personas con derecho a recibir ayudas que no lo hac¨ªa se hallaba en la mayor parte de los casos entre el 30% y el 40%.

Un a?o antes, otro informe publicado por la Comisi¨®n Europea estim¨® que 964.400 personas que reun¨ªan los requisitos para recibir las rentas m¨ªnimas, que en Espa?a conceden las comunidades, no lo hac¨ªan. En 2017, el total de personas beneficiarias de esa ayuda fue de 313.000. Los principales motivos para ello eran, seg¨²n el estudio, no conocer su existencia, no saber c¨®mo tramitarlas, carecer de un domicilio estable que introducir en la solicitud y el miedo a ser estigmatizado como pobre. Aunque en Espa?a no existe un dato oficial de cu¨¢ntas personas no reciben ayudas, el porcentaje de quienes pese a reunir los requisitos de pobreza no reciben la prestaci¨®n en el Pa¨ªs Vasco ¡ªla autonom¨ªa con la renta de garant¨ªa m¨¢s avanzada¡ª es del 30%, seg¨²n estim¨® el Gobierno vasco en 2017.

¡°Las rentas de inserci¨®n espa?olas, con la excepci¨®n de Euskadi, Navarra y Asturias, se caracterizan por tener una cobertura muy baja. En Madrid, por ejemplo, solo la recibe una de cada nueve personas en situaci¨®n de pobreza severa. Esto obedece al tipo de requisitos que exigen, pero tambi¨¦n a que son procedimientos que utilizan un marcado lenguaje legal dif¨ªcil de entender especialmente para personas que no tienen un alto nivel de lectoescritura¡±, afirma Gabriela Jorquera, t¨¦cnica de Save the Children.

La ONG present¨® recientemente un informe que conclu¨ªa que en las becas estatales para estudiantes de Bachillerato y FP, los alumnos situados en el 20% de menor renta son los que menos las reciben. ¡°Quienes tienen m¨¢s recursos, m¨¢s contactos y m¨¢s informaci¨®n tambi¨¦n tienen un mayor acceso a las ayudas¡±, se?ala Fernando Fantova, consultor de servicios sociales. Es lo que en sociolog¨ªa se llama efecto Mateo ¡ªpor la frase de la Biblia: ¡°Al que m¨¢s tiene, se le dar¨¢, y al que menos tiene incluso se le quitar¨¢¡±¡ª, apunta Fantova.

No son derechos

Manuel Aguilar, profesor de Trabajo Social en la Universidad de Barcelona, cree que en Espa?a existe un grupo de prestaciones que pr¨¢cticamente todo el mundo conoce y tiene claras. ¡°Las ayudas estatales reguladas como derechos, como las pensiones de jubilaci¨®n y de incapacidad o el seguro por desempleo est¨¢n muy asumidas por la gente. Hasta Rosario, la mujer desahuciada del trastero, y su hijo cobraban unas peque?as pensiones. Pero cuando pasamos a las ayudas locales y en buena medida a las auton¨®micas, el terreno es m¨¢s borroso¡±, se?ala. ¡°No est¨¢n establecidas como derechos, cada Administraci¨®n decide si las implanta y bajo qu¨¦ condiciones, y su presupuesto suele ser anual y limitado; una vez que se agota, no se conceden m¨¢s. Todo esto hace que tengan mucho menos arraigo y que la gente no sepa que tiene derecho a ellas¡±, zanja Aguilar.

La gu¨ªa en esos casos deber¨ªa ofrecerla el trabajador social de proximidad, que es el municipal, llevando de la mano a los usuarios por las procelosas aguas de las ayudas que conceden los diferentes niveles administrativos, cree Luc¨ªa Mart¨ªnez, profesora de la Universidad de Valencia. ¡°El problema es que los ciudadanos no conocen las ayudas, pero los trabajadores sociales muchas veces tampoco; solo conocen su sistema. Su funci¨®n deber¨ªa ser equivalente al de un m¨¦dico de cabecera, tener la obligaci¨®n de informar integralmente y en su caso derivar a otros servicios¡±, afirma Mart¨ªnez. La nueva ley valenciana sobre la materia contempla este enfoque.

Los servicios sociales se encuentran en una fase de redefinici¨®n cuando todav¨ªa no se han recuperado de los recortes que sufrieron durante la crisis, coinciden los expertos. El trabajador social tiene, adem¨¢s, el encargo endiablado de ofrecer al ciudadano los recursos que necesita y administrar los limitados recursos de su Administraci¨®n. ¡°Es abogado y juez¡±, dice Aguilar. Sobre sus hombros tambi¨¦n recae la tramitaci¨®n burocr¨¢tica de los expedientes en un contexto de poco personal, convirti¨¦ndose con frecuencia en un ¡°gestor de papeles¡± que no tiene tiempo para conocer los problemas de los usuarios y acompa?arlos, afirma Joseba Zalakain: ¡°Si un m¨¦dico necesita 10 minutos, el trabajador social necesitar¨ªa algo parecido¡±.

En las ¨²ltimas d¨¦cadas, la labor de los servicios sociales ha experimentado un gran desarrollo en Espa?a, pero al mismo tiempo ha ido ¡°encerr¨¢ndose en los despachos¡±, opina Ana Sales, que fue trabajadora social durante 18 a?os y ahora es profesora de la Universidad de Valencia. ¡°La labor humanitaria, que est¨¢ en el origen y en el sentido de los servicios sociales, y que pasa por salir a la calle, estar en los barrios y contactar con el necesitado, no se hace. Como mucho, lo normal es que los Ayuntamientos financien a entidades para que lo hagan¡±, a?ade Sales.