El Gobierno abre una v¨ªa ¡°sencilla¡± para inscribir a los nacidos por vientre de alquiler

Las familias que recurran a los vientres de alquiler, una pr¨¢ctica que no es legal en Espa?a pero a la que acuden cerca de un millar de parejas espa?olas cada a?o, tienen ahora una nueva v¨ªa para inscribir a los beb¨¦s. El Ministerio de Justicia ha cerrado una nueva instrucci¨®n, remitida ya a embajadas y consulados, que ampl¨ªa los criterios para el registro de estos menores. Ahora las pruebas de ADN ser¨¢n preceptivas, tras la ¨²ltima crisis vivida en Ucrania, donde varias familias han quedado atrapadas sin poder inscribir a estos beb¨¦s y volver a Espa?a con ellos. Las asociaciones que defienden la pr¨¢ctica de los vientres de alquiler aplauden esta iniciativa. El presidente de la asociaci¨®n Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, la considera ¡°un paso de gigante que regula con garant¨ªa la inscripci¨®n de los menores¡±.

La nueva instrucci¨®n de Justicia, que sustituye a la de 2010, fija un procedimiento que se aplicaba hasta julio en pa¨ªses como Ucrania pero que no estaba recogido oficialmente. El 13 de febrero, un grupo de familias espa?olas que ped¨ªa registrar a menores en Kiev iniciaron una protesta porque sus solicitudes fueron rechazadas. Exteriores ha confirmado este viernes que se han puesto en contacto con cinco familias para informarles sobre c¨®mo ¡°revisar esos expedientes¡±.

Ucrania y Estados Unidos son dos de los destinos preferidos por las familias espa?olas que acuden a esta pr¨¢ctica, que supone que una mujer gesta durante nueve meses un beb¨¦ y luego cede la maternidad y paternidad a terceros. En Estados Unidos el proceso cuesta hasta 120.000 euros, en Ucrania, la mitad. Los vientres de alquiler no son legales en Espa?a, pero el Estado acaba reconociendo que son hijos de espa?oles.

La v¨ªa se abri¨® en 2010 tras aprobar la Direcci¨®n de Registros y Notariado, que depende del Ministerio de Justicia, una instrucci¨®n basada en el inter¨¦s superior del menor y que los colectivos feministas califican como ¡°una puerta de atr¨¢s¡± para legalizar de facto esta pr¨¢ctica en Espa?a. Desde entonces, el camino legal era presentar una sentencia de filiaci¨®n del menor, algo que no se puede obtener en todos los pa¨ªses donde se permiten los vientres de alquiler (tambi¨¦n conocidos como gestaci¨®n subrogada).

Camino ¡°preferente¡±

En EE UU s¨ª se facilita una sentencia de filiaci¨®n, como tambi¨¦n hacen Canad¨¢ o Grecia. Pero eso no es posible en Ucrania, donde Exteriores calcula que se tramitan 300 casos anuales. Al no haber esa sentencia, hasta la fecha, el consulado ha ido aplicando distintos procedimientos, aunque desaconsejaba desde 2016 acudir a Ucrania. La queja de las familias que aguardan ahora en Kiev es que el consulado cambi¨® de la noche a la ma?ana los criterios y les reclam¨® la sentencia judicial de filiaci¨®n.

La nueva instrucci¨®n abre ahora una segunda v¨ªa para estas familias y para otros pa¨ªses, como Georgia. Y recoge como camino ¡°preferente, por su sencillez, aunque no exclusivo¡± la realizaci¨®n de una prueba de ADN en la que se garantice la cadena de custodia, seg¨²n confirman fuentes conocedoras del documento. Hasta julio, las familias pod¨ªan aportar esa prueba en el consulado de Kiev, que se hac¨ªa en laboratorios acreditados en Espa?a. La instrucci¨®n tambi¨¦n exige el consentimiento de la gestante libre, voluntario y confirmado tras el nacimiento.

¡°Esto es un avance en cuanto a institucionalizar la legitimidad de la gestaci¨®n subrogada como un medio de acceso a la paternidad y maternidad en nuestro pa¨ªs, sienta las bases del acceso al registro y regulaci¨®n de esos ni?os¡±, se?ala la abogada Ana Miramontes, experta en esta materia.

Las feministas, muchas de las cuales est¨¢n en contra de los vientres de alquiler, han manifestado su rechazo a esta v¨ªa que abre el Gobierno para inscribir a los ni?os. ¡°Se da carta de legalidad a una pr¨¢ctica que vulnera los derechos humanos. Establecer de facto, a trav¨¦s de una instrucci¨®n, la prevalencia del ADN masculino sobre los derechos de la madre y del menor al reconocimiento de filiaci¨®n supone, adem¨¢s de un grave riesgo de inseguridad jur¨ªdica, una vulneraci¨®n de las principales normas de derecho. Una instrucci¨®n no puede modificar ni ir en contra del C¨®digo Civil ni de la ley de reproducci¨®n. No se pueden condicionar los derechos, en este caso de mujeres y menores, a los deseos de unas pocas personas concretas¡±, ha dicho este viernes Alicia Miyares, de la asociaci¨®n No somos vasijas y la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres.