La violaci¨®n en grupo de una ni?a ind¨ªgena retrata la violencia machista en Argentina

Hace casi cuatro a?os, ocho hombres violaron a una ni?a ind¨ªgena en un paraje rural de la provincia de Salta, en el norte de Argentina. La v¨ªctima, de la etnia wich¨ª, ten¨ªa entonces 12 a?os, un retraso madurativo evidente y viv¨ªa en la indigencia. El ataque pas¨® inadvertido hasta seis meses despu¨¦s, cuando la menor, embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufri¨® una ces¨¢rea en condiciones cr¨ªticas. El caso se convirti¨® en un icono de la lucha por el aborto legal, en momentos en que el tema no estaba a¨²n en la agenda pol¨ªtica del pa¨ªs. Este martes, los acusados se sentaron frente al tribunal que deber¨¢ juzgarlos.

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El 28 de noviembre de 2015, A.M.S. ¨Ciniciales de la ni?a¨C, no volvi¨® a su casa. Sus familiares la encontraron un d¨ªa despu¨¦s en una cancha de f¨²tbol de pueblo, inconsciente. Seg¨²n testigos, la atraparon cuando estaba con unas amigas y un grupo de varones la viol¨® en una zona de arbustos. Esto ocurri¨® en Alto de la Sierra, una localidad perdida en el monte, cerca de la frontera con Bolivia y Paraguay, donde viven unos dos mil habitantes, el 60% de ellos de origen wich¨ª y chorote. Todos se las arreglan como pueden con lo poco que hay, entre la hostilidad del clima y la indiferencia de Estado. Recorrer los 480 kil¨®metros que separan Alto de la Sierra de la capital de la provincia lleva m¨¢s de diez horas, si no llueve. Sus habitantes soportan temperaturas de hasta 50 grados y muchos viven en ranchos de barro, a 70 kil¨®metros del primer asfalto. Y en otro tiempo.

No siempre hay m¨¦dico o ambulancia, y mucho menos kits para emergencias, tests de embarazo o informaci¨®n en los idiomas de las comunidades originarias que pueblan la regi¨®n. Para los wich¨ªs fue un verdadero calvario constatar la violaci¨®n, lograr que la justicia escuche a la ni?a en su lengua materna y ¡°hacer bajar al territorio¡±, como dicen ellos, a algunos diputados. El desaf¨ªo fue interesar a la pol¨ªtica en el caso.

En Alto de la Sierra se vive de la cr¨ªa de animales y se hacen artesan¨ªas con palo santo y fibra de chaguar. El pueblo solo tiene se?al de Internet en la escuela ¨Clleg¨® a trav¨¦s de una fundaci¨®n¨C y en el destacamento policial. En 2017, los ba?os del hospital pasaron un a?o sin agua. Fue all¨ª donde un periodista registr¨® que un adolescente wich¨ª pasaba los d¨ªas encerrado en una jaula casera, sin atenci¨®n para una discapacidad mental. La difusi¨®n del v¨ªdeo lleg¨® a los medios nacionales.

El inicio del juicio tens¨® a una comunidad en la que todos se conocen. Nicasio y Francisca, padres de la ni?a, fueron los primeros citados por los jueces de Tartagal, la ciudad donde se realizan las audiencias. Viajaron 300 kil¨®metros para dar su testimonio a trav¨¦s de un int¨¦rprete. En esa misma ciudad esperan presos los ocho imputados por ¡°abuso sexual con acceso carnal calificado por el n¨²mero de autores¡±. Los fiscales a cargo de la investigaci¨®n consideraron probado que los acusados se valieron de la violencia y de las condiciones ps¨ªquicas y f¨ªsicas de la ni?a para atacarla en grupo. El 28 de febrero estar¨¢ la sentencia, que puede alcanzar hasta los 20 a?os de c¨¢rcel para cada detenido.

Julio D¨ªaz es el presidente de la comunidad Chofway, a la que pertenece la familia de la ni?a, dice por tel¨¦fono: ¡°Nosotros ac¨¢ tenemos un conocimiento total de que fue una violaci¨®n y esperamos justicia. Queremos confiar en la justicia¡±. El juicio suma tensiones. Sandra Pisco, int¨¦rprete de wich¨ª-espa?ol dijo que fue amenazada por ¡°por la gente de los detenidos¡±. ¡°Saben d¨®nde vivo. Siento miedo por m¨ª y por mi familia. Me siento sola en esto¡±, denuncia.

Justicia por Juana

A medida que los jueces escuchen las versiones de casi 70 testigos, volver¨¢ a o¨ªrse en la sala la historia del embarazo de una ni?a. Tras la violaci¨®n, sus d¨ªas continuaron en el mayor de los desamparos. En las redes sociales, la campa?a ¡°#JusticiaPorJuana¡±, por el nombre que pusieron a la menor, denunci¨® que el caso estaba amparado por ley por uno de los supuestos del aborto no punible. Pero en junio de 2016, una junta m¨¦dica resolvi¨® practicar a la ni?a una ces¨¢rea en el hospital materno infantil de Salta. El feto ten¨ªa una patolog¨ªa terminal y muri¨® enseguida.

En Salta, adem¨¢s, reg¨ªa entonces uno de los protocolos para la atenci¨®n de v¨ªctimas de violencia sexual m¨¢s restrictivos del pa¨ªs. Seg¨²n esa gu¨ªa local, ordenada por el gobernador Juan Manuel Urtubey en contra de leyes nacionales, el aborto pod¨ªa solicitarse solo hasta la semana 12 de gestaci¨®n. En Salta, una fort¨ªsima impronta cat¨®lica (el a?o pasado dej¨® de regir all¨ª la formaci¨®n religiosa curricular para la escuela primaria) va de la mano con la objeci¨®n de conciencia de muchos m¨¦dicos.

Junto al caso de ¡°Bel¨¦n¡±, una joven tucumana encarcelada despu¨¦s de sufrir un aborto espont¨¢neo, el de Juana lleg¨® al Congreso durante la discusi¨®n por la legalizaci¨®n del aborto el a?o pasado. En ese contexto, Urtubey decidi¨® derogar su protocolo y adherir al que rige en todo el pa¨ªs, que no pone l¨ªmites temporales.

Seg¨²n cifras de Unicef, los hogares ind¨ªgenas tienen los peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del pa¨ªs, y de ellos, los de Salta est¨¢n entre los m¨¢s postergados. A.M.S. creci¨® en un hogar precario, mal alimentada y sin educaci¨®n. Y cuando fue abusada, fall¨® todo el sistema de protecci¨®n a una v¨ªctima ¡°sumida en un estado paup¨¦rrimo de indigencia¡±, como describi¨® el juez de la Corte provincial Abel Cornejo, autor de un proceso judicial contra los primeros instructores de esta causa (pedido de jury), que no prosper¨®.