El Supremo de EE UU revisar¨¢ una ley de Luisiana que restringe el acceso al aborto

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunci¨® este viernes que examinar¨¢ una de las leyes contra el aborto de Luisiana, concretamente la que fue aprobada en 2014 que obliga a los m¨¦dicos que practican interrupci¨®n del embarazado a hacerlo en cl¨ªnicas que est¨¦n ubicadas a menos de 48 kil¨®metros de un hospital general, en el que, adem¨¢s, el doctor debe tener autorizaci¨®n expresa y licencia para poder usar los quir¨®fanos. La medida resulta especialmente grave en un estado con una extensi¨®n de 134.000 kil¨®metros cuadrados ¡ªEspa?a ocupa unos 505.000¡ª.Luisiana justific¨® la medida mencionando los riesgos en caso de complicaciones y la consecuente necesidad de transferir a las pacientes a hospitales vecinos.

Se trata de un caso altamente sensible que pondr¨¢ a prueba a los nueve miembros del Tribunal. Es el primer caso relacionado con el aborto que examinan desde que se incorporaran los dos nuevos jueces nombrados por Donald Trump: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. No ser¨¢ hasta el pr¨®ximo junio cuando el Tribunal haga p¨²blica su decisi¨®n, en v¨ªsperas del arranque de la campa?a electoral de 2020. Los detractores de la norma consideran que dejar¨ªa al Estado con solo un doctor en una cl¨ªnica autorizado para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Luisiana ser¨ªa el s¨¦ptimo Estado del pa¨ªs en tener solo un proveedor de aborto.

Otra de las grandes cr¨ªticas de colectivos en defensa del derecho al aborto, como Hope Medical Group for Women, se centra en los requisitos que, seg¨²n la norma, deben cumplir las cl¨ªnicas en cuanto a las infraestructuras. Se requieren equipos semejantes a los de los centros hospitalarios, por lo que se establece un ancho m¨ªnimo, por ejemplo, para los pasillos, y determinado material quir¨²rgico ¡°muy costoso¡±. Esa asociaci¨®n asegura que si esa ley se pone en marcha, dos de las tres ¨²nicas cl¨ªnicas que practican abortos en Luisiana se ver¨¢n obligadas a cerrar.

El caso de Luisiana que ha admitido a estudio el Supremo es casi id¨¦ntico a uno de Texas que revis¨® hace tres a?os, en 2016. Entonces, la m¨¢xima autoridad judicial de Estados Unidos decidi¨® derogar la ley al considerar que los requerimientos antes mencionados lastraban el derecho al aborto de las mujeres. Luisiana ha admitido que su ley es muy parecida a la de Texas. La diferencia ahora radica en la composici¨®n del Supremo, que ha cambiado sustancialmente.

En 2016, fue el juez Anthony Kennedy quien otorg¨® el quinto y definitivo voto para inclinar la balanza del lado de los defensores del derecho al aborto. Pero Kennedy est¨¢ ya fuera del Tribunal y fue reemplazado por el pol¨¦mico juez Kavanaugh, que ya ha indicado su disposici¨®n de descartar la decisi¨®n de entonces.

La ley de Texas

En el caso de la ley de Texas, el juez Stephen Breyer argument¨® en 2016, en sinton¨ªa con la mayor¨ªa de la Corte Suprema, que no exist¨ªan pruebas de que los requisitos que exig¨ªa la norma ¡°habr¨ªan ayudado a una mujer a tener un mejor tratamiento¡±. De lo que s¨ª hab¨ªa pruebas sobradas, argument¨® Breyer, es de que esos requerimientos legales hab¨ªan hecho caer el n¨²mero de cl¨ªnicas en Texas de 40 a 20.

El a?o pasado, el tribunal federal de Apelaciones del Quinto Distrito dictamin¨® que la ley de Luisiana era v¨¢lida porque tendr¨ªa un impacto diferente a la de Texas. Seg¨²n el juez que redact¨® el fallo, ¡°en Luisiana, a diferencia de Texas, la ley no impone un impedimento sustancial sobre un gran n¨²mero de mujeres¡±.

Para Planned Parenthood, una organizaci¨®n que proporciona servicios de salud reproductiva, el acceso al aborto en Estados Unidos ¡°pende de un hilo¡±. ¡°Este caso [el de Luisiana] podr¨ªa romper ese hilo¡±, declar¨® a trav¨¦s de un comunicado Alexis McGill, presidenta interina y directora de la Federaci¨®n Planned Parenthood de America. McGill denunciaba que llevan tiempo advirtiendo de que ¡°la administraci¨®n Trump y los pol¨ªticos estatales antiabortistas no se detendr¨¢n hasta que nos hayan quitado nuestros derechos y nuestras libertades¡±.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se ha embarcado en una cruzada para reducir las opciones de las mujeres para poder interrumpir sus embarazos.?Solo cuatro d¨ªas despu¨¦s de asumir el cargo, el presidente recuper¨® una ley que prohib¨ªa a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesor¨ªas a favor del aborto.

En mayo del a?o pasado, Trump anul¨® una ley que obligaba a los empleadores a incluir m¨¦todos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus trabajadores y anunci¨® una reforma al T¨ªtulo X, un programa de planificaci¨®n familiar financiado federalmente, abierto a los pacientes de bajos ingresos.

La ofensiva de la Casa Blanca contra el derecho al aborto se completa con las leyes dictadas por varios Estados de tradici¨®n conservadora. Iowa aprob¨® el a?o pasado la ley m¨¢s restrictiva de EE UU: ninguna mujer puede abortar en cuanto se detectan los latidos del coraz¨®n en el feto. Los Capitolios de Kansas y Oklahoma tambi¨¦n han impulsado leyes restrictivas, al igual que Alabama, Arkansas, Kentucky, Misisipi, Texas y West Virginia.