El juez procesa por delito ambiental a dos directivos y a la adjudicataria del Castor
El almac¨¦n de gas, promovido por una empresa participada por ACS, caus¨® cientos de se¨ªsmos. El instructor archiva la causa contra una decena de funcionarios
El juez de Vinar¨°s (Castell¨®n) Javier Verdeguer ha procesado por delito ambiental a dos directivos de la adjudicataria del proyecto Castor, as¨ª como a la propia empresa, Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS, de Florentino P¨¦rez), por inyectar gas en el almac¨¦n marino construido frente a la costa mediterr¨¢nea pese a ser conscientes "de la potencial?peligrosidad s¨ªsmica que pod¨ªa acarrear". Y por haber continuado haci¨¦ndolo, a un ritmo superior, despu¨¦s de que empezaran a registrarse terremotos y pese a la advertencia directa que recibieron del Observatorio del Ebro.
El C¨®digo Penal contempla, por los delitos que les atribuye el magistrado, penas que oscilan entre los seis meses y los cinco a?os de prisi¨®n y, en el caso de la mercantil, la imposici¨®n de una multa de seis meses a tres a?os de duraci¨®n, cuya cuant¨ªa fija el tribunal.
Su actuaci¨®n, concluye el juez en un auto fechado este martes, desencaden¨® "519 sismos" ¡ªcuando al a?o suelen registrarse en la zona una quincena, seg¨²n el Observatorio del Ebro¡ª que provocaron "da?os de consideraci¨®n" en nueve viviendas situadas en cuatro municipios de Castell¨®n y Tarragona, unas poblaciones en las que viven en total 65.629 personas. Y, m¨¢s all¨¢, generaron "una situaci¨®n de peligro potencialmente catastr¨®fico que se prolong¨® hasta que, finalmente, por parte de la Administraci¨®n se acord¨® el cese de la actividad". La empresa ha declinado hacer declaraciones.
El magistrado ha archivado las diligencias para otros 10 investigados, funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricaci¨®n medioambiental durante la tramitaci¨®n de los permisos para el funcionamiento del almac¨¦n.
El dep¨®sito de gas natural cost¨® alrededor de 1.350 millones de euros y su instalaci¨®n en el antiguo yacimiento petrol¨ªfero agotado de Amposta fue aprobada en 2008 por el Gobierno del socialista Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, siendo ministro de Industria, Miguel Sebasti¨¢n. El objetivo de la infraestructura era dotar a Espa?a de una reserva estrat¨¦gica de este hidrocarburo ante la hip¨®tesis de un corte en el suministro, dado que el consumo del pa¨ªs depende de las importaciones. Castor fue dise?ado para garantizar la demanda espa?ola durante 50 d¨ªas. La primera inyecci¨®n de gas se produjo en abril de 2012, y tras los se¨ªsmos de septiembre de 2013 ces¨® su actividad.
El Gobierno puso fin a la concesi¨®n en 2014 e indemniz¨® a la empresa con 1.350 millones de euros como valor neto de la inversi¨®n en virtud de una cl¨¢usula del contrato. A esta cifra hay que a?adir 295,6 millones m¨¢s de gasto correspondiente a "los derechos retributivos por los dos a?os y medio en los que el almac¨¦n estuvo operando aunque fuera en fase de pruebas. El pago de la indemnizaci¨®n de 1.350 millones de euros, cuyo desembolso adelantaron tres bancos (Caixabank, Bankia y Santander), repercute en la factura del gas de los consumidores.
Los bancos acreedores reclaman ahora al Gobierno que cierre su deuda con ellos en un complejo litigio. Tambi¨¦n la empresa Enag¨¢s, encargada de sellar y mantener hibernado el dep¨®sito de Castor, pide 50 millones de deuda por su trabajo. Un reciente informe del Consejo de Estado insta al Gobierno a pagar a los bancos y a Enag¨¢s.
Sismicidad alarmante
El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Vinar¨°s reconstruye los hechos ocurridos en septiembre de 2013. Despu¨¦s de haber terminado la fase preliminar de inyecci¨®n de gas, el d¨ªa 2 comenz¨® la verdadera carga de la infraestructura. Los responsables de Escal UGS ya eran conocedores entonces del riesgo que entra?aba, seg¨²n el juez. Y lo fueron todav¨ªa m¨¢s cuando, el 9 de septiembre, el Observatorio del Ebro, organismo del que es cotitular el CSIC, les advirti¨® directamente del "alarmante aumento de la sismicidad". Recaredo del Potro, presidente de EScal UGS SL, ha declinado hacer declaraciones en una conversaci¨®n telef¨®nica mantenida con este peri¨®dico.
Pese a ser "plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad s¨ªsmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medioambiente y las personas", siguieron adelante. El d¨ªa 11 realizaron una parada, pero no, reprocha el juez, como medida de "prudencia y cautela", sino para "efectuar labores de mantenimiento", como revelan los correos electr¨®nicos incorporados a la causa.
Esa misma noche, a las 22.00, retomaron las inyecciones, y en vez de hacerlas "a una velocidad inferior dada la advertencia y conocimiento de que con su actividad se estaban produciendo sismos en la zona" optaron por "inyectar gas en el almacenamiento a un nivel muy superior", alcanzando "el mayor caudal de inyecci¨®n registrado en todas las etapas del proyecto", desencadenando en las 24 horas siguientes "una gran serie" de terremotos en la zona.
La empresa redujo a la mitad el volumen de inyecci¨®n de gas 25 horas m¨¢s tarde. Pero a partir de entonces, y hasta que se le orden¨® parar por parte de la Administraci¨®n, lo mantuvo "en par¨¢metros estables aun a pesar de que se continuaban produciendo sismos". Los temblores no cesaron hasta el 4 de octubre, aunque el 17 de septiembre se hab¨ªa dejado de introducir gas en el almac¨¦n Castor.
"Como consecuencia de dicha conducta se produjeron da?os de diversa consideraci¨®n" en viviendas de Vinar¨°s, Sant Mateu, Amposta y Sant Carles de la R¨¤pita, y se gener¨® un peligro potencialmente devastador, se?ala el juez. Y a?ade: "Hoy d¨ªa contin¨²a el gas almacenado en el almacenamiento subterr¨¢neo sin que sea posible su extracci¨®n en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente".
El instructor responde a las peticiones de sobreseimiento de la empresa y sus dos directivos se?alando que el delito ambiental recogido en el art¨ªculo 325 del C¨®digo Penal que les atribuye castiga el mero hecho de producir un "riesgo en abstracto"; "no importa el resultado que la actuaci¨®n de los investigados haya provocado, sino el riesgo o peligro que comport¨®".
Informe favorable
El juez instructor ha acordado, en otro auto dictado tambi¨¦n este martes, el sobreseimiento libre de las diligencias para otras 10 personas, pues entiende que no incurrieron en un delito de prevaricaci¨®n medioambiental en la tramitaci¨®n de un proyecto que contaba con una declaraci¨®n de impacto ambiental favorable. El magistrado tambi¨¦n destaca que la Administraci¨®n estableci¨® un sistema de monitorizaci¨®n de la actividad s¨ªsmica que contribuy¨® a detectar el incremento y sin el cual, apunta, la consecuencia "muy probablemente" habr¨ªa sido "catastr¨®fica".
El juez ha tomado las decisiones atendiendo, seg¨²n detalla en sus resoluciones, a la informaci¨®n proporcionada por el Observatorio del Ebro y a los informes periciales elaborados por el Instituto Tecnol¨®gico de Massachusetts, el Instituto Geol¨®gico Minero, el Instituto Geogr¨¢fico Nacional y la empresa Escal UGS, adem¨¢s de los correos electr¨®nicos aportados por la propia mercantil y las declaraciones de testigos e imputados.
"La de hoy es una m¨¢s de las muchas noticias que vendr¨¢n. El proceso judicial ha de seguir su curso. Nuestro inter¨¦s es que se desmantele Castor, que a¨²n forma parte de nuestro paisaje costero", ha afirmado Guillem Alsina, alcalde socialista de Vinar¨°s, municipio de 28.500 habitantes.
Los afectados por el proyecto se constituyeron en plataforma en marzo de 2016. Aplaca, as¨ª se llama el colectivo, personado como acusaci¨®n particular, cifra en 80.000 el n¨²mero de perjudicados potenciales por los terremotos. Su presidente, Joan Ferrando, dice que la decisi¨®n judicial conocida este mi¨¦rcoles es ¡°s¨²per satisfactoria¡± y ¡°muy importante¡±. Lo es, indica, por tres motivos. El primero, ¡°que se considera como hecho probado que Escal UGS SL y sus representantes eran conscientes del peligro s¨ªsmico, algo que ven¨ªamos repitiendo hac¨ªa a?os¡±. El segundo, que el mismo auto recoja que el Observatorio del Ebro advirti¨® a la compa?¨ªa de dicho peligro. Y por ¨²ltimo, que se reconozca que hubo ¡°una situaci¨®n de peligro potencialmente catastr¨®fico¡± y que se produjeron da?os materiales.
¡°El se?or Recaredo [del Potro] dijo que ¨¦ramos unos alarmistas sin base cient¨ªfica¡±, ha recordado Ferrando. ¡°Hoy estamos contentos de que la acusaci¨®n [contra sendos directivos] sea por delito ambiental basado en el riesgo que corrimos quienes vivimos en los pueblos de alrededor¡±, ha concluido.
Estefania Blanch,?responsable de monitorizaci¨®n s¨ªsmica del Obsevatorio del Ebro, centro mixto del CSIC y de la Universitat Ramon Llull, ha explicado esta ma?ana a este peri¨®dico que la actividad s¨ªsmica en la zona se normaliz¨® en 2014, registr¨¢ndose unos 15 terremotos al a?o. La mayor actividad se detect¨® unos 10 d¨ªas despu¨¦s de que cesaran las inyecciones de gas natural. "A los 10 d¨ªas de finalizar, hubo un aumento significativo incluso superior de terremotos porque las inyecciones hab¨ªan acelerado la liberaci¨®n de energ¨ªa acumulada", ha se?alado. El sismo m¨¢s intenso fue de 4,2 grados y se not¨® desde C¨¤lig (Castell¨®n) hasta San Carles de la R¨¤pita (tarragona).
Una planta hibernada que acumula litigios
El Gobierno despej¨® sus dudas sobre qu¨¦ hacer con el proyecto Castor cuando los expertos confirmaron que no era seguro seguir operando debido a la actividad s¨ªsmica que despertaba: la instalaci¨®n se hibern¨® y el Gobierno decidi¨® pagar los 1.350 millones que cost¨® a la constructora. Pero la resaca de aquellas decisiones sigue dando quebraderos de cabeza al Ejecutivo. Seis a?os despu¨¦s, el Castor est¨¢ enfangado en los tribunales.
El Gobierno tiene abiertos varios frentes judiciales. Por un lado, tres bancos exigen en el Tribunal Supremo el pago de las cuotas anuales de esos 1.350 millones. Por otro, Enag¨¢s, la empresa que se ha encargado del mantenimiento y la seguridad de la instalaci¨®n durante la hibernaci¨®n, ha presentado una reclamaci¨®n patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha gastado en esos trabajos. En ambos casos, el origen de los litigios est¨¢ en una sentencia del Tribunal Constitucional que a finales de 2017 anul¨® el real decreto ley con el que el Gobierno de Mariano Rajoy dise?¨® el rescate de la concesi¨®n de Castor.
La sentencia consideraba que un real decreto ley, norma prevista para situaciones de urgencia, no era una f¨®rmula aceptable para decidir c¨®mo devolver el coste de la instalaci¨®n a su constructor, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS). Sin entrar en el fondo de la cuesti¨®n, anul¨® el decreto, que determinaba que el Estado deb¨ªa pagar de forma inmediata y repercutir el importe en el recibo del gas de los ciudadanos durante los pr¨®ximos 30 a?os. Tras el fallo, el Gobierno dej¨® de abonar la factura de unos 80 millones de euros al a?o a los tres bancos (Santander, CaixaBank y Bankia) que le prestaron el dinero. La sentencia del Constitucional tambi¨¦n propici¨® que se dejara de pagar otra factura, la de Enag¨¢s, que asciende a entre ocho y nueve millones de euros al a?o.
El Consejo de Estado tir¨® de las orejas al Gobierno hace unas semanas al decirle que debe hacerse cargo de esas deudas cuanto antes porque si no la factura puede ser a¨²n mayor. Seg¨²n su dictamen, el Ejecutivo deber¨ªa elaborar otra norma que cargue la factura al sistema gasista y no a la Administraci¨®n General del Estado. El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica todav¨ªa no ha tomado una decisi¨®n.
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