?Qu¨¦ hacemos con el fiasco de Castor?

A 21 kil¨®metros de la costa de Vinar¨°s, en Castell¨®n, est¨¢ varado desde septiembre de 2013 un fiasco de miles de toneladas de peso y millones de euros de coste. Este fallido almac¨¦n de gas natural, denominado Castor, formaba parte de la red de silos estrat¨¦gicos ideada a principios de este siglo. Pero el proyecto se paraliz¨® a finales de 2013 tras medio millar de peque?os se¨ªsmos, que el Instituto Geogr¨¢fico Nacional y el Instituto Geol¨®gico y Minero relacionaron con la ¨²ltima fase de inyecci¨®n del gas colch¨®n en el almac¨¦n, que ocupaba un antiguo yacimiento de petr¨®leo.

Un a?o despu¨¦s de paralizar el almac¨¦n ante la alarma creada, en octubre de 2014, el Gobierno pag¨® a la promotora del proyecto Escal UGS SL (controlada en un 66,7% por ACS) los m¨¢s de 1.461 millones de euros que cost¨® el proyecto y se qued¨® con el silo. Luego, la factura se ha ido ampliando hasta superar los 1.700 millones. Enag¨¢s se hizo cargo de las instalaciones en 2014 y las dej¨®, por orden del Ejecutivo, en situaci¨®n de "hibernaci¨®n".?

Pero en el mismo real decreto ley por el que se ordenaba pagar el coste de las obras a la promotora y dejar en situaci¨®n de hibernaci¨®n el almac¨¦n, ya se hablaba del futuro de estas instalaciones. Se instaba a Enag¨¢s a encargar nuevos informes para determinar si la plataforma se puede volver a abrir o si se tiene que cerrar y proceder "al desmantelamiento" al "existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente".

Enag¨¢s encarg¨® al prestigioso Massachusetts Institute of Technology un informe sobre el almacenamiento, que deb¨ªa haberse concluido a finales de 2016, aunque ha sufrido varios retrasos. Fuentes de Enag¨¢s indican que el objetivo del informe era determinar si existe un "clara relaci¨®n causa efecto entre la inyecci¨®n del gas y los terremotos y en funci¨®n de eso decidir si se podr¨ªa utilizar en condiciones seguras". Tambi¨¦n, "si se pod¨ªa haber previsto" lo que ocurri¨® con los temblores.?

El Ministerio de Energ¨ªa presentar¨¢ el informe del MIT este mi¨¦rcoles. A partir de ah¨ª, ser¨¢ una decisi¨®n pol¨ªtica optar por la reapertura, algo que podr¨ªa resultar muy pol¨¦mico con los antecedentes de esta instalaci¨®n, o por el desmantelamiento.

?Cu¨¢nto cuesta el desmantelamiento?

Cuando el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero otorg¨® en 2008 la concesi¨®n a Escal UGS para la construcci¨®n del almac¨¦n, se fij¨® la obligaci¨®n de hacer una provisi¨®n econ¨®mica para el desmantelamiento, como en todos los proyectos de hidrocarburos. El coste de esas labores lo fij¨® entonces la empresa en 143,1 millones de euros, aunque hab¨ªa una obligaci¨®n de actualizar la cifra cada cinco a?os.

Hasta hace unas d¨¦cadas cuando una plataforma marina de extracci¨®n de gas o petr¨®leo agotaba su vida se optaba por hundirla. As¨ª ocurri¨®, por ejemplo, con la plataforma que Shell ten¨ªa precisamente en el lugar en el que se levant¨® Castor.

Pero la conciencia medioambiental ha hecho que los pa¨ªses hayan cerrado protocolos de actuaci¨®n que obligan a la retirada de las estructuras. As¨ª ocurre con el Protocolo para la protecci¨®n del mar Mediterr¨¢neo contra la contaminaci¨®n resultante de la exploraci¨®n y explotaci¨®n de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo, que entr¨® en vigor en 2011 y fue ratificado por la UE en 2012.?En ese protocolo se especifica que "la autoridad competente exigir¨¢ al operador que retire cualquier instalaci¨®n abandonada o que se haya dejado de utilizar, para velar por la seguridad de la navegaci¨®n". Y ese proceso debe tener "en cuenta otros usos leg¨ªtimos del mar, en particular la pesca" y "la protecci¨®n del medio marino".

Fuentes del sector indican que, en los 143 millones previstos en 2008 para el desmantelamiento, se contemplaba la retirada de la estructura y que fuera llevada a tierra firme para su desguace y reutilizaci¨®n de algunos de sus componentes. Sin embargo, otras fuentes sostienen que el coste podr¨ªa ser a¨²n mayor. El S¨ªndic de Greuges,?Rafael Rib¨®, afirm¨® en 2014 que el coste del desmantelamiento total podr¨ªa rondar los 300 millones.

?Y la indemnizaci¨®n?

El Gobierno, en 2012, intent¨® eliminar de la concesi¨®n del proyecto la cl¨¢usula que obligaba a pagar el coste de las obras. Pero el Tribunal Supremo consider¨® legal aquel apartado. Eso s¨ª, estableci¨® que el cobro final de la indemnizaci¨®n tambi¨¦n depender¨ªa "de las causas concretas" que llevaron al cierre. De hecho, el propio Supremo y el Constitucional han admitido varios recursos contra el pago de los m¨¢s de 1.700 millones que ha percibido la promotora.

Fuentes del sector sostienen que, en este contexto judicial, el informe del MIT tambi¨¦n podr¨ªa ser determinante para establecer si los promotores incurrieron en alg¨²n tipo de negligencia que habr¨ªa desencadenado los temblores y la posterior paralizaci¨®n y clausura de las instalaciones.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Vinar¨°s mantiene abierta una investigaci¨®n, en la que est¨¢n imputadas una veintena de personas, entre directivos de la empresa promotora y cargos y t¨¦cnicos de la Administraci¨®n que autorizaron el proyecto. El caso est¨¢ a¨²n en fase de instrucci¨®n.?