El Consejo de Estado insta al Gobierno a pagar a los bancos y Enag¨¢s la deuda por el fiasco del Castor

El Gobierno ya tiene respuesta a c¨®mo deber¨ªa proceder con la deuda que tiene con los bancos acreedores de los 1.350 millones que cost¨® el Castor, la fallida instalaci¨®n gas¨ªstica frente a las costas de Castell¨®n que tuvo que ser clausurada tras registrar centenares de peque?os terremotos. El Consejo de Estado, m¨¢ximo ¨®rgano consultivo del Gobierno, le acaba de decir que tiene que abonar la deuda a los bancos y a Enag¨¢s, que ha corrido con los gastos de la hibernaci¨®n de la instalaci¨®n, cuanto antes, porque de no hacerlo se arriesga a incurrir en mayores gastos. ?

"A juicio de este Consejo de Estado, debe promoverse con premura la correspondiente iniciativa legislativa a fin de evitar perjuicios econ¨®micos al Estado a resultas de su retraso -pago de intereses- y de orillar otros eventuales efectos indeseables que pudieren producirse", se?alan cinco dict¨¢menes con fecha de junio de 2019 pero hechos p¨²blicos recientemente en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Los dict¨¢menes corresponden a cada uno de los tres bancos acreedores (Caixabank, Bankia y Santander), a Enag¨¢s y a Escal UGS, la compa?¨ªa controlada en un 66,7% por ACS que construy¨® la instalaci¨®n.?

La factura de Castor est¨¢ muy enredada en los tribunales: los bancos acreedores recurrieron ante el Tribunal Supremo para exigir la devoluci¨®n del importe ya aportado y adem¨¢s Enag¨¢s present¨® hace meses una reclamaci¨®n patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha empleado en el mantenimiento y la seguridad del almac¨¦n, que permanece cerrado y en hibernaci¨®n desde 2013. La factura va engordando y por ahora el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica no ha dicho c¨®mo va a hacerle frente.

El origen de estas discrepancias en forma de cascada de pleitos se encuentra en la sentencia del Tribunal Constitucional que a finales de 2017 anul¨® el real decreto ley con el que el Gobierno de Rajoy dise?¨® el rescate de la concesi¨®n de Castor. Seg¨²n aquella norma, el coste se repercut¨ªa en el recibo del gas de los consumidores durante 30 a?os y adem¨¢s el Gobierno encomendaba a Enag¨¢s el mantenimiento del almac¨¦n mientras se decid¨ªa si cerrarlo definitivamente. El decreto ley gener¨® dos gastos: unos 80 millones de euros al a?o de pago a los tres bancos acreedores y entre 8 y 9 millones de euros anuales por mantener la instalaci¨®n. Tras la sentencia, el Gobierno dej¨® de pagar esos 80 millones de euros anuales.?

En sus dict¨¢menes, cuyo contenido adelant¨® el peri¨®dico digital La Informaci¨®n, el Consejo de Estado subraya que procede reconocer los pagos a todos los interesados, "con cargo al sistema gasista y no a la Administraci¨®n General del Estado". La decisi¨®n del Consejo de Estado asegura tambi¨¦n que ese abono tiene que realizarse precia la "aprobaci¨®n de la correspondiente norma de rango legal ordinaria", tal y como se?al¨® el Tribunal Constitucional en su sentencia. El Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica no se ha pronunciado sobre el contenido de los dict¨¢menes.