Los agricultores investigados por verter residuos al Mar Menor niegan ante el juez haber da?ado la laguna

Los agricultores y representantes de empresas agrarias del Campo de Cartagena investigados por posibles vertidos contaminantes al Mar Menor han comenzado a declarar este viernes ante el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Murcia. En esta primera jornada de comparecencias, que se han celebrado a puerta cerrada como es habitual en la fase de instrucci¨®n, han aportado su versi¨®n de los hechos dos representantes legales de una de las compa?¨ªas investigadas, que han negado cualquier tipo de vertido a la laguna salada, han explicado a EL PA?S fuentes cercanas al caso. Los empresarios han relatado que las salmueras y nitratos procedentes del tratamiento de las aguas que extra¨ªan del acu¨ªfero y usaban para el riego de sus explotaciones se confinaban en un pozo aislado. Por lo tanto, en ning¨²n caso, fueron devueltas al acu¨ªfero que atraviesa el Campo de Cartagena, ni vertidas a la albufera, han puntualizado.

El proceso judicial arranca de una querella presentada a finales de 2017 por el fiscal superior de la Regi¨®n de Murcia, Jos¨¦ Luis D¨ªaz Manzanera, que condujo a que la Guardia Civil abriera en abril de 2018 una operaci¨®n a gran escala en la que inspeccion¨® 67 fincas agr¨ªcolas de la zona. Los agentes precintaron 38 desaladoras no autorizadas y 35 pozos irregulares de los que se extra¨ªa agua del acu¨ªfero. Algunas de las instalaciones estaban camufladas y enterradas, pero funcionando a pleno rendimiento para eliminar nitratos y sales de las aguas subterr¨¢neas que se extra¨ªan del acu¨ªfero y luego se utilizaban para regar los cultivos. Los residuos que genera ese proceso (salmueras) se habr¨ªan tirado de nuevo a los pozos, y, por lo tanto, al acu¨ªfero que descarga en el Mar Menor, llegando as¨ª a la laguna.

Estos vertidos habr¨ªan contribuido en buena medida a provocar la situaci¨®n de colapso en la que se encuentra la laguna en la actualidad, despu¨¦s de soportar durante d¨¦cadas la llegada de nitratos procedentes de los abonos utilizados en los importantes cultivos de regad¨ªo de la zona. La situaci¨®n explot¨® el pasado octubre cuando aparecieron en las orillas del Mar Menor miles de peces que se asfixiaron por la falta de ox¨ªgeno.

Al juez que investiga el caso, ?ngel Garrote, le quedan por delante, al menos, otras siete sesiones, que se prolongar¨¢n hasta el 27 de noviembre, en las que tomar¨¢ declaraci¨®n a siete empresas agr¨ªcolas y 15 agricultores. Cuando la Guardia Civil cerr¨® las instalaciones ilegales la mayor¨ªa de los propietarios de esas explotaciones se acogi¨® a su derecho a no declarar ante los agentes. En total, pasar¨¢n por el juzgado m¨¢s de 50 personas implicadas en este caso, denominado ¡°Topillo¡±.

En este caso est¨¢n tambi¨¦n investigados varios ex altos cargos de la Consejer¨ªa de Agricultura murciana y de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Segura (CHS), que esta semana ha remitido al juez un informe en el que detalla el hallazgo de 46 desaladoras y 31 pozos que funcionaban sin los correspondientes permisos en explotaciones de la zona. En total, la CHS inspeccion¨® 91 fincas y alerta en el documento de que algunas de las instalaciones localizadas ya hab¨ªan sido precintadas y sancionadas previamente, pero segu¨ªan en funcionamiento.

A esos vertidos se sumar¨ªan los de las aguas pluviales de los municipios de la zona que, seg¨²n dijo en un acto de campa?a este mi¨¦rcoles en Cartagena el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Mor¨¢n, acumulan hasta 48 tuber¨ªas que est¨¢n lanzando agua dulce al Mar Menor.

La Direcci¨®n General de Costas ha contactado ya con los cuatro ayuntamientos implicados (Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alc¨¢zares) para requerir su retirada. Seg¨²n el consejero de Presidencia murciano, Javier Celd¨¢n, el Gobierno auton¨®mico ya hab¨ªa informado a finales del abril al Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica de 18 puntos en los que hab¨ªa vertidos de ese tipo, y en junio de ese a?o traslad¨® la informaci¨®n a la Fiscal¨ªa.