La mitad de las resoluciones de Transparencia no se cumplen
Los Gobiernos de Rajoy y S¨¢nchez han recurrido a los tribunales, o directamente ignorado, 166 dict¨¢menes de este organismo
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ejerce en cierto modo como un juez que dirime si un documento o una informaci¨®n debe ser p¨²blica o no. Desde su creaci¨®n, a finales de 2014, ha emitido 327 resoluciones sobre conflictos en los que un ciudadano hace una solicitud a un ministerio o una empresa p¨²blica y estos reh¨²san atenderla. De ellas, la mitad no se han cumplido, bien porque los organismos de la Administraci¨®n las recurren en los tribunales, como ha ocurrido con el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia, bien porque simplemente las ignoran.
El Consejo de Transparencia no tiene poder sancionador. Solo puede instar el cumplimiento de sus decisiones y cuando un Ejecutivo opta por no hacerle caso tiene las manos atadas. La ¨²nica actuaci¨®n que puede llevar a cabo es defender su postura en los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. Eso cuando el ministerio en cuesti¨®n recurre. Cuando directamente le ignora, su ¨²ltimo recurso es mandar una reiteraci¨®n.
Resoluciones de Transparencia
De la Administraci¨®n General del Estado.
Desde su creaci¨®n en 2015 hasta
el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitaci¨®n
87
Ignoradas
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboraci¨®n propia
EL PA?S
Resoluciones de Transparencia
De la Administraci¨®n General del Estado.
Desde su creaci¨®n en 2015 hasta
el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitaci¨®n
Ignoradas
87
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboraci¨®n propia
EL PA?S
Resoluciones de Transparencia
De la Administraci¨®n General del Estado.
Desde su creaci¨®n en 2015 hasta el 30 de septiembre.
TOTAL: 327
No cumplidas
Cumplidas
161
166
5 en tramitaci¨®n
87
Ignoradas
Recurso
contencioso
administrativo
79
Fuente: elaboraci¨®n propia
EL PA?S
De las 166 resoluciones que no constan como cumplidas en las estad¨ªsticas de Transparencia a 30 de septiembre, m¨¢s de la mitad (87) han sido ignoradas por la Administraci¨®n. Aparecen bajo el ep¨ªgrafe ¡°no consta cumplimiento¡±. Contra las otras 79 los departamentos gubernamentales o empresas p¨²blicas han presentado recurso en los tribunales.
Interior incumple m¨¢s
El Ministerio del Interior es el organismo de la Administraci¨®n General del Estado con m¨¢s resoluciones de Transparencia que le instan a dar informaci¨®n que han quedado sin cumplir. Son 30. De ellas, solo en tres casos Interior ha recurrido a los tribunales para defender su postura frente a los argumentos del Consejo. En 27 de ellas ha hecho caso omiso. La informaci¨®n que ped¨ªan los ciudadanos iba desde la publicidad institucional hasta datos sobre menores inmigrantes rescatados pasando por saber con qui¨¦n se re¨²nen los altos cargos.
Tras Interior, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda ocupan el segundo lugar en resoluciones incumplidas, con 17. En este caso, todas ellas han sido contestadas en los tribunales. El Ministerio de Defensa acumula 12 resoluciones sin cumplir desde la creaci¨®n del Consejo de Transparencia. Ocurre como con Interior: la mayor¨ªa han sido ignoradas sin m¨¢s. Aqu¨ª se encuentran peticiones de informaci¨®n sobre el uso del helic¨®ptero en viajes oficiales de los presidentes del Gobierno y sobre el coste de celebraci¨®n de los Consejos de Ministros fuera de La Moncloa.
?rgano especializado
"Aunque legal, resulta bastante patol¨®gico que el 75% de los recursos contra resoluciones del Consejo no provenga de ciudadanos sino de la propia Administraci¨®n", opina Emilio Guichot, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla experto en transparencia. "Parece que ser¨ªa deseable que si la ley crea un ¨®rgano independiente especializado, la Administraci¨®n conf¨ªe en el acierto de sus decisiones", a?ade.?
Guichot recuerda que, adem¨¢s el CTBG no tiene un servicio jur¨ªdico propio, ni abogados del Estado asignados con autonom¨ªa funcional que puedan defender al organismo frente a los abogados del Estado que defienden en estos casos a la Administraci¨®n. En el caso de las inmatriculaciones, el Consejo deber¨¢ pagar de su exiguo presupuesto representaci¨®n legal externa. "Del incremento progresivo de la litigiosidad resulta que todos los ciudadanos pagamos a los abogados del Estado que utiliza la propia Administraci¨®n para litigar contra el Consejo contra las resoluciones que le obligan a dar informaci¨®n, mientras que el Consejo, con un presupuesto que sufri¨® un recorte, no tiene medios humanos ni materiales para garantizar su defensa de forma solvente, lo que le lleva, en algunos casos, a tener que seleccionar qu¨¦ decisiones judiciales en su contra recurre y cu¨¢les no", asegura.
Esperanza Zambrano, subdirectora de Reclamaciones del Consejo de Transparencia, asegura que "los datos hablan por s¨ª solos". "Lamentamos que la litigiosidad frente a resoluciones del CTBG, despu¨¦s de cinco a?os de entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la consolidaci¨®n de los criterios del Consejo, no haya disminuido", concluye.?
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