El Gobierno pleitea para no hacer p¨²blicas las inmatriculaciones de la Iglesia

El Consejo de Transparencia dictamin¨® en septiembre que el Gobierno deb¨ªa hacer p¨²blico el listado de m¨¢s de 30.000 inmuebles que la Iglesia espa?ola ha inmatriculado desde 1998. Una relaci¨®n de catedrales, ermitas, casas parroquiales, casas de maestro, fuentes o plazas que est¨¢ elaborada y en poder del Ministerio de Justicia desde hace casi dos a?os. Pero Justicia desoy¨® a este organismo y en lugar de entregar el listado a EL PA?S, que lo solicit¨® en virtud de la Ley de Transparencia, ha decidido acudir a los tribunales para seguir manteniendo ocultas esas propiedades. Justicia ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resoluci¨®n de Transparencia, que ya ha sido admitido a tr¨¢mite.

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La lista de inmatriculaciones ¡ªinmatricular es registrar un bien por primera vez, en jerga administrativa¡ª fue elaborada en cumplimiento de una proposici¨®n no de ley del Congreso de los Diputados que present¨® el PSOE estando en la oposici¨®n en abril de 2017 y que se aprob¨® con los votos en contra del PP y Ciudadanos. Aquel texto instaba al Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, a preparar una relaci¨®n de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar reform¨® la ley hipotecaria.

Las inmatriculaciones son muy pol¨¦micas porque hasta hace cuatro a?os la Iglesia pod¨ªa inscribir inmuebles sin tener que demostrar su propiedad. Esto se lo permit¨ªa primero un reglamento franquista de 1947 ¡ªque exclu¨ªa la posibilidad de inmatricular centros de culto¡ª y posteriormente la reforma de la ley hipotecaria que elimin¨® esa excepci¨®n. La publicaci¨®n del listado abrir¨ªa la puerta a que los afectados por inmatriculaciones irregulares, especialmente los Ayuntamientos, recurran la titularidad de los inmuebles. El propio Gobierno anunci¨® en verano de 2018 que, tras la publicaci¨®n, iniciar¨ªa un proceso de impugnaci¨®n de los ¡°bienes de dominio p¨²blico¡± incorrectamente inscritos a nombre de la Iglesia. De momento, nada de eso ha sucedido porque el documento sigue en un caj¨®n del ministerio desde febrero de 2018.

Esta fecha corresponde con el d¨ªa en que el Colegio de Registradores remiti¨® al Ejecutivo el documento completo, seg¨²n afirma el Consejo de Transparencia en la resoluci¨®n con la que daba la raz¨®n a este diario: el listado ¡°existe¡±, no es una versi¨®n provisional y ¡°es informaci¨®n p¨²blica¡±.

La Abogac¨ªa del Estado representar¨¢ en el tribunal al ministerio, por lo que el Consejo de Transparencia, que es la parte demandada, tendr¨¢ que pagar a abogados privados para defenderse pese a formar parte de la Administraci¨®n General del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un organismo p¨²blico que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia. Es en teor¨ªa independiente pero depende org¨¢nicamente de un ministerio, el de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica.

Por tanto, en este caso, y en otros 150 contenciosos de ministerios o de empresas p¨²blicas desde que se cre¨® este organismo, se da la paradoja de que la Administraci¨®n pleitea contra s¨ª misma. Justicia solicita en su recurso, al que tuvo acceso EL PA?S, que el juzgado suspenda la resoluci¨®n de Transparencia mientras se juzgue el fondo del asunto.

El Ministerio de Justicia rehus¨® comentar qu¨¦ va a alegar y afirm¨® que con este recurso no desoye a Transparencia sino que ¡°ejerce su derecho a recurrir a los tribunales las decisiones administrativas de ese ¨®rgano con las que no est¨¦ de acuerdo¡±. En las alegaciones que present¨® ante Transparencia se acogi¨® a una disposici¨®n de la ley seg¨²n la cual no es obligatorio publicar informaci¨®n en curso de elaboraci¨®n y a?adi¨® que cuando la tenga lista se la entregar¨¢ al Congreso que fue quien encarg¨® que se elaborara.

Juan Jos¨¦ Pic¨®, uno de los portavoces de la coordinadora Recuperando, que agrupa a asociaciones que luchan por el patrimonio p¨²blico, se muestra muy sorprendido al enterarse de la decisi¨®n de Justicia. ¡°Es una muestra m¨¢s de la poca voluntad que existe en el Gobierno de que este tema tenga una traducci¨®n democr¨¢tica. Me asalta la duda de si puede formar parte de alg¨²n pacto con la parte implicada, la Iglesia cat¨®lica. Nosotros seguiremos con nuestra reivindicaci¨®n y movilizaci¨®n ciudadana y confiamos en que el pr¨®ximo Gobierno, si sale adelante la coalici¨®n, haga firmes sus compromisos electorales, ya que tanto el PSOE como Unidas Podemos llevaban las inmatriculaciones en sus programas¡±, asegura. La Conferencia Episcopal declin¨® opinar al desconocer la noticia.