Los pleitos del Gobierno contra la transparencia

En los primeros ocho meses de Gobierno de Pedro S¨¢nchez los ministerios y las empresas p¨²blicas han ido a juicio para evitar divulgar informaci¨®n en 25 ocasiones. En un periodo similar, los ¨²ltimos ocho meses de su mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy present¨® en los tribunales 19 recursos contra decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que le obligaban a hacer p¨²blicos datos o informes. As¨ª se desprende del an¨¢lisis de los recursos contencioso-administrativos que ha presentado la Administraci¨®n contra resoluciones del ¨®rgano independiente que vela por la transparencia en Espa?a.

Se da la paradoja de que en materia de transparencia la Administraci¨®n pleitea contra s¨ª misma, porque el Consejo de Transparencia es un organismo p¨²blico en teor¨ªa independiente pero que depende org¨¢nicamente de un ministerio (ahora, del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica; con el anterior Gobierno, del Ministerio de Hacienda). El CTBG funciona como una especie de juez que dirime si una solicitud de informaci¨®n debe ser p¨²blica o no. Act¨²a cuando los ciudadanos no est¨¢n de acuerdo si un ministerio o una empresa p¨²blica como RTVE o Renfe les deniega informaci¨®n. En apenas tres a?os y medio la Administraci¨®n del Estado ha ido a los tribunales en 88 ocasiones para oponerse a lo que decide su propio experto en transparencia.

"La litigiosidad va en aumento por una raz¨®n muy sencilla: la Administraci¨®n busca ganar tiempo", se?ala el jurista Miguel ?ngel Blanes. "Desde que se solicita la informaci¨®n hasta que finalmente le llega al ciudadano, transcurren casi dos a?os y medio. Una aut¨¦ntica barbaridad. Luego se preguntan algunos: ?por qu¨¦ los periodistas no hacen m¨¢s uso de la ley de transparencia? Si el inter¨¦s p¨²blico de la noticia se tiene que mantener dos a?os, estamos perdidos", a?ade. En su opini¨®n, este es el mejor ejemplo de c¨®mo los Gobiernos se toman poco en serio la transparencia y la "falta de respeto" que tienen a las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Adem¨¢s, estos litigios, previstos en la ley de transparencia de finales de 2013, consumen recursos p¨²blicos. Al Gobierno y a las empresas p¨²blicas las defienden los abogados del Estado, pero como estos no pueden enfrentarse a s¨ª mismos, el Consejo de Transparencia se ve obligado a contratar abogados externos. Hasta ahora el gasto en representaci¨®n jur¨ªdica asciende a 287.000 euros. El absurdo de que la propia Administraci¨®n pelee en los tribunales contra s¨ª misma se aprecia gr¨¢ficamente en la documentaci¨®n judicial, donde en muchos casos el recurrente y el demandado son el mismo.

En el Consejo de Transparencia ven este aumento de la litigiosidad "con preocupaci¨®n", asegura Esperanza Zambrano, subdirectora general de Reclamaciones de este organismo. "Supone un desembolso de dinero p¨²blico por ambas partes, adem¨¢s del bloqueo y el colapso organizativo para atender estos recursos", a?ade. En su departamento trabajan solo seis personas. A Zambrano le preocupa tambi¨¦n el hecho de que los recursos que plantea la Administraci¨®n no sean para obtener una interpretaci¨®n de la ley de transparencia por parte de los jueces, sino que en muchos casos versan sobre "cuestiones para las que ya hay un criterio establecido".?

Un portavoz del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica asegur¨® sobre el aumento de la litigiosidad que "debe tenerse en cuenta el breve recorrido de la ley de transparencia y la importancia, por tanto, de avanzar en la conformaci¨®n de criterios conjuntamente con otras instancias, en este caso las judiciales". "Cuestionar no es malo", a?adi¨®, y puede ser incluso "positivo si el resultado es una mayor seguridad jur¨ªdica". Tambi¨¦n afirm¨® que los casos que llegan a esta instancia son muy pocos con respecto a las solicitudes de informaci¨®n p¨²blica que presentan los ciudadanos (menos del 0,5%).

RTVE, la que m¨¢s pleitea

El caso de RTVE es especialmente llamativo. Es el organismo p¨²blico que m¨¢s veces ha llevado a los tribunales una resoluci¨®n de transparencia para evitar dar la informaci¨®n que se le requiere. La Corporaci¨®n RTVE ha presentado 15 recursos en los juzgados de lo Contencioso-administrativo para evitar informar sobre cuestiones como los gastos del festival de Eurovisi¨®n, la cobertura de los Juegos Ol¨ªmpicos, el sueldo de sus directivos o el programa Masterchef.

Samuel Parra, abogado especializado en protecci¨®n de datos y transparencia y socio del despacho 451.legal, lleva una decena de pleitos con RTVE. Cinco de sus solicitudes de informaci¨®n a la radiotelevisi¨®n p¨²blica han llegado a los tribunales. Los ha ganado todos. Uno de ellos, el que ped¨ªa conocer el gasto de Eurovisi¨®n 2015, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, creando jurisprudencia sobre qu¨¦ informaci¨®n debe ser p¨²blica. Pese a que el fallo del Supremo es de 2017, RTVE ha seguido presentando recursos. El ¨²ltimo, en 2019.

El caso de RTVE es ¡°un aut¨¦ntico desprop¨®sito porque en varios asuntos est¨¢ pleiteando por no dar informaci¨®n que la propia ley dice que deber¨ªa publicar directamente¡±, asegura Parra. Se refiere al deber de publicidad activa que recoge la Ley 9/2013, de Transparencia, Acceso a la Informaci¨®n P¨²blica y Buen Gobierno. Los datos ¡°de naturaleza econ¨®mica, presupuestaria y estad¨ªstica¡± deber¨ªan ser p¨²blicos por defecto en todas las Administraciones y entidades p¨²blicas; no tendr¨ªa que hacer falta que alguien los solicitara. Pero RTVE sigue sin publicarlos y contin¨²a neg¨¢ndose a hacer caso al Consejo. En cuanto a que la Administraci¨®n pleitee contra s¨ª misma, Parra lo califica de ¡°despilfarro de dinero p¨²blico". RTVE no respondi¨® a las preguntas de EL PA?S.

Que la Administraci¨®n recurra a los tribunales para ocultar informaci¨®n ha dejado de ser algo excepcional como los especialistas en transparencia creyeron que suceder¨ªa cuando se aprob¨® la ley. El Ministerio de Sanidad ha recurrido en 10 ocasiones, la mitad de ellas durante el Gobierno de Pedro S¨¢nchez. Pese a que el Consejo de Transparencia cree que deber¨ªa hacerlos p¨²blicos, se niega a facilitar informes sobre medicamentos, publicidad institucional o sobre los efectos de un producto llamado Ala Octa, que dej¨® ciegas a decenas de personas en 2015. En este ¨²ltimo caso, la solicitud que inici¨® el pleito la present¨® EL PA?S.

Gastos de los viajes del presidente

Entre los ministerios destaca tambi¨¦n el de Fomento, que acumula 15 procedimientos en los tribunales. Tres de ellos en nombre de Renfe (sobre retribuciones de los directivos y expedientes de contrataci¨®n), uno de Adif (sobre las condiciones laborales de los directivos de la empresa p¨²blica) y varios m¨¢s presentados por autoridades portuarias (Barcelona, Gij¨®n, Baleares¡­), que se niegan, entre otras cosas, a hacer p¨²blicas las actas de sus consejos. Informaci¨®n que deber¨ªa ser p¨²blica por defecto. En este caso tambi¨¦n se han presentado recursos durante el Gobierno de Pedro S¨¢nchez.

El Ministerio del Interior (ocho pleitos), el de Defensa (4 contenciosos) y la Agencia Tributaria (tambi¨¦n 4) son otros organismos p¨²blicos que tambi¨¦n est¨¢n peleando en los tribunales para no dar la informaci¨®n que el Consejo de Transparencia les inst¨® a que hicieran p¨²blica. Las resoluciones del Consejo no son vinculantes y tampoco tiene capacidad sancionadora. De ah¨ª que haya casos en los que el Gobierno haya decidido ignorarlas sin m¨¢s, sin siquiera pelearlos en los tribunales. As¨ª ha ocurrido, por ejemplo, con los gastos de los viajes del presidente.