Argentina blinda sus fronteras contra el coronavirus

Argentina está blindada. El Gobierno de Alberto Fernández ha decretado desde la medianoche de este viernes el cierre de todos los ingresos a su territorio, ya sea por aire, tierra o agua, al menos hasta el 31 de marzo. La restricción de viaje regía desde el 16 marzo para los extranjeros, pero desde este jueves alcanzará también a los argentinos nativos y residentes permanentes nacidos en el exterior. Unas 10.000 personas que pretendían regresar al país deberán ahora “esperar un poco”, ha dicho Fernández. La idea de que todos esos viajeros son potenciales portadores del Covid-19 los dejará, por ahora, bien lejos de casa.

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Las autoridades sanitarias argentina han registrado hasta el jueves 589 casos positivos de coronavirus y 12 muertos. Las cifras no son las más altas de la región (su vecino Brasil tiene más de 3.400 infectados y 92 de muertos), pero el Gobierno impulsa desde el inicio de la crisis una política de mano dura. Argentina es hoy el país más aislado del continente, con sus fronteras cerradas y una cuarentena obligatoria que se controla con policías y gendarmes en la calle. Desde el inicio del confinamiento, hace hoy una semana, las autoridades han detenido o demorado, solo en la ciudad de Buenos Aires, a 1.500 personas acusadas de violar la cuarentena. Poco a poco se ha cerrado aun más el cerco sobre los ingresos a la capital, para desalentar el movimiento de los vecinos que viven en el extrarradio.

Mientras crecen los controles puertas adentro, el Gobierno estrecha las fronteras que conectan a Argentina con el exterior, incluso para los argentinos. “Estaban frenados los vuelos, pero teníamos un tráfico intenso por pasos fronterizos o puertos", justificó el ministro de Defensa, Agustín Rossi. La idea, explicó el ministro, es que quienes hoy estén fuera del país y quieran regresar “puedan ser absorbidos por la salud pública argentina” sin que se dispare la curva de contagios. Habrá excepciones para las personas “afectadas al traslado de mercaderías por operaciones de comercio internacional de transporte de cargas de mercaderías” y para “los afectados a la operación de vuelos y traslados sanitarios”, según dice el decreto.

El cierre total de fronteras regirá hasta el 31 de marzo. Ese día vence la cuarentena obligatoria que rige desde la cero hora del viernes de la semana pasada. Todo indica que el plazo se extenderá (el propio Fernández ya no oculta su intención de hacerlo) y con él, seguramente, también la prohibición de ingreso.

Argentina ya había dejado de repatriar ciudadanos el miércoles pasado. La cancelación de vuelos extraordinarios de repatriación afectó a unas 10.000 personas, según diversas estimaciones, y se debe al temor a que el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, se convierta en un foco masivo de contagio de coronavirus. Aerolíneas Argentinas, Latam y otras compa?ías realizaron más de cien “vuelos de excepción” desde el 13 de marzo, cuando entró en vigor la obligatoriedad de dos semanas de cuarentena para pasajeros procedentes de zonas de riesgo, y unas 85.000 ingresaron a través de Ezeiza.

Con la decisión de dejar al resto en el extranjero ha surgido el problema de qué hacer con ellos. El Gobierno decidió que la Cancillería y los ministerios de Interior y Transporte evalúen casos particulares de urgencia, como personas mayores que se encuentren en riesgo si continúan fuera del país. Los consulados deberán informar al resto los planes de ayuda de los gobiernos locales y, en casos de extrema urgencia, proponer algún tipo de ayuda económica para alojamiento y alimentación.

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