¡°No nos vamos a ir de nuestras casas, pero tampoco le vamos a pagar el doble a un fondo buitre¡±

La fachada del edificio de Marco Antonio Trillo Fern¨¢ndez est¨¢ repleta de cinta aislante y restos de cartulina. Desde que Fidere, filial de Blackstone en Espa?a, compr¨® la urbanizaci¨®n de Juan Gris 4, en Torrej¨®n de Ardoz (Madrid), un par de veces por semana dos de los m¨¢s de 200 vecinos afectados cuelgan pancartas para denunciar las cl¨¢usulas abusivas y las condiciones del contrato que propon¨ªa la sociedad: estas antiguas viviendas de protecci¨®n social de 426 euros mensuales pasar¨ªan a costar 860 euros, con gastos de comunidad, IBI y seguros aparte. ¡°Stop abusos¡± o ¡°Fidere nos roba¡± son las proclamas colocadas por los vecinos y retiradas semana tras semana por el nuevo conserje.

¡°No nos vamos a ir de nuestras casas pero tampoco le vamos a pagar el doble a un fondo buitre. Somos familias humildes y lo que nos proponen es abusivo¡±, critica el mileurista. Esta realidad preocupa especialmente al relator especial de Naciones Unidas, Philip Alston, quien en el informe sobre la pobreza extrema y derechos humanos en Espa?a publicado este lunes critica la falta de medidas del Gobierno ante el ¡°aumento sustancial¡± de los alquileres adquiridos por sociedades de inversi¨®n.

¡°Nadie nos da opciones ni negocia con nosotros¡±, reclama el madrile?o de 35 a?os. Trillo y su hijo de 11 a?os llevan viviendo en este piso de 55 metros cuadrados desde 2015, pagando un alquiler de 426 euros inicialmente, que ha aumentado hasta 536 en julio de 2019. Fue entonces cuando les lleg¨® un burofax de Fidere anunciando el cambio de contrato. Esta compa?¨ªa adquiri¨® tambi¨¦n otras cinco urbanizaciones en el municipio madrile?o. ¡°B¨¢sicamente, lo que te dec¨ªa el comunicado era: o pagas el doble o te invitamos a salir de tu hogar¡±, ironiza el que tambi¨¦n es portavoz de Bloques en Lucha de Torrej¨®n. Desde entonces, los 44 vecinos ¡°en lucha activa¡± por recuperar las condiciones de la vivienda han seguido pagando el importe de la ¨²ltima mensualidad a trav¨¦s de Correos o los juzgados, cada principio de mes. Otros se han ido o han aceptado las nuevas condiciones. ¡°No somos ni okupas ni morosos, simplemente no podemos pagar una subida del 100%¡±, reconoce.

¡°El caso de Marco es uno de muchos¡±, asegura Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), quien lamenta no tener acceso a un censo oficial de afectados. ¡°A partir de 2013 las Administraciones p¨²blicas empezaron a deshacerse de los parques de vivienda social y por eso hoy Blackstone es el mayor casero de Espa?a¡±, critica. Al adquirir las propiedades asequibles de protecci¨®n social e imponer ¡°el doble o triple¡± del alquiler, se produce lo que Jacinto denomina desahucios silenciosos: ¡°No requieren de autorizaci¨®n judicial pero de facto tienen el mismo resultado: gente que, fruto de la presi¨®n de estos grupos acaba abandonando su vivienda¡±. Fidere niega estas acusaciones e incide en que el r¨¦gimen de vivienda protegida de los inmuebles de Torrej¨®n finaliz¨® en el verano de 2016. Adem¨¢s, la sociedad matiza que la subida del 100% ser¨¢ gradual en los pr¨®ximos cuatro a?os.

El 24% de la poblaci¨®n estaba afectada por la exclusi¨®n en materia de vivienda en 2018 y 4,6 millones de personas habitaban una vivienda inadecuada, seg¨²n el informe. El ¨ªndice de la asequibilidad de la vivienda de alquiler privada en Espa?a es, adem¨¢s, uno de los m¨¢s bajos de la OCDE. Para el relator, un pa¨ªs en el que m¨¢s del 38% de las personas que alquilan a precio de mercado encuentran una ¡°carga excesiva¡± en el pago mensual es un pa¨ªs en el que ¡°se ha hecho muy poco para garantizar el derecho a la vivienda¡±. Alston se?alaba tambi¨¦n que las viviendas sociales son casi inexistentes (el 2,5% del parque nacional, frente al 30% en Holanda o el 16,8% en Francia).

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En la urbanizaci¨®n de Torrej¨®n decenas de vecinos aprovechan el calor de la tarde en la piscina. To?i Pen¨ªn Garc¨ªa, de 63 a?os, sale del agua y saluda a Trillo. ¡°?Qu¨¦? ?C¨®mo lo llevas?¡±. Este se encoge de hombros y sonr¨ªe. Se reconocen cansados. ¡°Es muy duro pelear por algo que deber¨ªa de ser ilegal¡±, dice Pen¨ªn, ¡°Pero mi marido y yo hemos trabajado mucho para regalarle nuestro dinero a esta gente¡±. Ella es la encargada de coser las pancartas y ¡°la energ¨ªa¡± del grupo. ¡°Aunque es injusto y desgaste no nos van a echar¡±, sentencia.

Paula Soto Montero, 32 a?os, sin embargo, no pudo con la presi¨®n. Cinco meses despu¨¦s de recibir el aviso de cambio de contrato dej¨® el piso y volvi¨® a vivir a casa de sus padres con su hijo, entonces de un a?o y medio. ¡°En cuanto vi que los dem¨¢s iban recibiendo demandas y que me llegaban amenazas de desahucios, empec¨¦ a sufrir cuadros de ansiedad y a pasarlo verdaderamente mal¡±, cuenta. Es mileurista y los 530 euros mensuales ¡°ya eran un esfuerzo¡±. Cuando comunic¨® a Fidere que dejaba la vivienda, se interesaron por su caso. Al conocerlo, asegura, le ofrecieron seguir pagando la misma cantidad durante un a?o m¨¢s. ¡°Pero tuve que negarme, no era justo para mis vecinos¡±. Ahora, un a?o despu¨¦s, busca piso para mudarse con su nueva pareja y su hijo. ¡°Pero la cosa no est¨¢ f¨¢cil¡±, lamenta.

Para Enrique Quintana Romero tampoco lo es. Hace tres a?os que vive con su mujer y su hijo de 12 a?os, en un piso para familias vulnerables en la calle de Honrubia (Vallecas, Madrid). Dada la enfermedad rara que padece su hijo, Quintana es el ¨²nico que puede trabajar. La familia vive apenas con su sueldo: 1.080 euros. El edificio fue adquirido tambi¨¦n por Blackstone y el nuevo contrato le pide un alquiler de 750 euros, 220 euros m¨¢s que el mes anterior. ¡°Es inviable. Nos quieren echar de un plumazo¡±, explica el hombre, de 47 a?os. Los vecinos de su edificio tambi¨¦n se han organizado para continuar pagando los alquileres previos al cambio de contrato y ¡°peleando por sus casas¡±: ¡°Yo quiero negociar. No creo que Blackstone vaya a quebrar porque nos hagan contratos m¨¢s decentes¡±.