El Gobierno se compromete a inyectar 600 millones de euros en dependencia en 2021
El Ministerio de Derechos Sociales dise?a un plan de choque que presentar¨¢ a las comunidades para revertir los recortes de 2012 y cuya dotaci¨®n econ¨®mica est¨¢ sujeta a que se aprueben los Presupuestos
El Gobierno se compromete a inyectar 603,2 millones de euros en dependencia en 2021. En un documento que ha enviado a las comunidades, al que ha tenido acceso EL PA?S, plantea ¡°un plan de choque para el impulso del sistema¡±, que prev¨¦ acabar con los recortes de 2012 y de 2013. La dotaci¨®n econ¨®mica pasa por que se aprueben los Presupuestos, que a¨²n no se han presentado y cuyos apoyos a¨²n se est¨¢n negociando. El Ejecutivo debatir¨¢ sobre este texto con las autonom¨ªas la semana que viene.
El documento contempla mejoras en los servicios, como un aumento del n¨²mero de horas de ayuda a domicilio, y en las prestaciones, como una subida del dinero que perciben los cuidadores familiares. Se trata de la hoja de ruta del Ministerio de Derechos Sociales y prev¨¦ cambios en la propia ley y en reales decretos, pero la competencia es auton¨®mica, por lo que las medidas, que est¨¢n pensadas para desarrollarse durante tres a?os, deben ser debatidas y aprobadas por las comunidades aut¨®nomas. El pr¨®ximo Consejo Interterritorial, que re¨²ne al ministerio y a las consejer¨ªas del ramo, est¨¢ convocado el pr¨®ximo 2 de octubre.
Actualmente, hay 1,1 millones beneficiarios de la ley, pero en torno a 390.000 personas est¨¢n a la espera de que se resuelva alg¨²n procedimiento. El sistema no se hab¨ªa recuperado a¨²n de los recortes, pero la covid-19 le ha dado la puntilla. Durante los meses de pandemia han empeorado todos los par¨¢metros. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales plantea dar un impulso al sistema y reducir la lista de espera. En los Presupuestos frustrados, que el Gobierno no logr¨® sacar adelante el a?o pasado, se preve¨ªa una inyecci¨®n de 515 millones de euros que finalmente nunca lleg¨®. Ahora el incremento respecto a la actual financiaci¨®n ¡ªuna decisi¨®n unilateral del Ejecutivo que no tiene que consensuar con las autonom¨ªas¡ª pasar¨ªa a ser de 603,2 millones. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Pablo Iglesias recalcan que, para ello, ser¨¢ preciso aprobar los Presupuestos.
En el documento se prev¨¦ un aumento del llamado nivel m¨ªnimo de protecci¨®n, por el cual la Administraci¨®n General del Estado aporta a las autonom¨ªas una cantidad por cada dependiente atendido. La inyecci¨®n ser¨ªa de 320 millones de euros, un incremento del 20% respecto a 2019. Tambi¨¦n se contemplan cambios en los complejos criterios de asignaci¨®n de esta cantidad a las comunidades. Se prev¨¦ recuperar el nivel acordado, una v¨ªa adicional de financiaci¨®n que fue eliminada con los recortes. Los planes del ministerio pasan por situarlo en 283,2 millones de euros anuales. La ley deber¨ªa sufragarse a partes iguales entre el Gobierno y las comunidades, pero estas ¨²ltimas soportan el 80% de la financiaci¨®n p¨²blica, por lo que reclaman insistentemente un incremento de la financiaci¨®n.
Mejoras en las prestaciones y revisi¨®n de los copagos
De los 8.890 millones de euros para financiar el sistema, se estima que el 20% proviene de lo que aportan los propios beneficiarios, en funci¨®n de su capacidad econ¨®mica. El ministerio aboga por ¡°analizar y revisar el actual modelo de copago¡±.
En el documento se propone adem¨¢s incrementar las horas de atenci¨®n a quienes reciben un servicio de ayuda a domicilio: que la intensidad de horas al mes vuelva a ser igual que antes de los recortes de 2012. As¨ª, por ejemplo, una persona que tenga un grado tres, el m¨¢s grave, pasar¨ªa de 70 horas mensuales a 90. Asimismo, se propone ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios. Ahora mismo alguien que acude a un centro de d¨ªa, por ejemplo, no puede recibir ayuda a domicilio a trav¨¦s de los servicios que otorga la ley.
Tambi¨¦n se prev¨¦ establecer la ¡°teleasistencia como derecho subjetivo del que se beneficiar¨¢ toda persona con un grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio¡±. El ministerio calcula que podr¨ªan beneficiarse unas 870.000 personas. Y, dado que se reconoce como un derecho b¨¢sico, propone eliminar el copago que abonan los usuarios por este servicio, que estiman en cerca de nueve millones de euros de los 46 a los que asciende el coste. En Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Ceuta y Melilla, de hecho, ya no hay copago.
Asimismo, el ministerio prev¨¦ mejorar las prestaciones econ¨®micas, incrementando las cuant¨ªas m¨¢ximas, establecidas durante los recortes y que supusieron que el dinero que recib¨ªan los cuidadores familiares se redujera en un 15%. Plantea adem¨¢s la posibilidad de imponer cuant¨ªas m¨ªnimas, que ahora mismo no existen, para fijar un suelo del que no puedan bajar las comunidades aut¨®nomas. As¨ª, lo m¨¢ximo que puede recibir un cuidador familiar ahora son 387,6 euros al mes, seg¨²n se especifica en el documento, y pasar¨ªa a 455,5 euros.
Tambi¨¦n se prev¨¦ modificar la ley para que, en caso de que el beneficiario viva en zonas rurales poco accesibles o deshabitadas, alg¨²n vecino pueda actuar como cuidador. Contempla que las autonom¨ªas incorporen a su cartera de servicios el respiro, apoyo y formaci¨®n a los cuidadores familiares. Propone que sean una ¡°condici¨®n necesaria¡± para otorgar esta prestaci¨®n. Y el ministerio quiere dar un impulso a la prestaci¨®n econ¨®mica de asistente personal, que actualmente suponen el 1,3% del total de las que se conceden.
Agilizar los procedimientos
En el documento se aboga por agilizar los procedimientos administrativos. As¨ª que se propone, entre otras cosas, que en la resoluci¨®n en que se reconozca un grado de dependencia se establezca tambi¨¦n el programa de atenci¨®n a la persona, por el cual se propone un servicio o prestaci¨®n para el dependiente (es decir, en lugar de los dos tr¨¢mites existentes en algunas comunidades, solo haya uno) y que no sea necesario iniciar un nuevo procedimiento para modificar el servicio que se recibe, si cambian las circunstancias de las personas en situaci¨®n de dependencia.
En el texto se reconoce que existen ¡°problemas de gesti¨®n e informaci¨®n¡± del sistema de atenci¨®n a la dependencia, como en un informe reciente adelantado por este diario puso alert¨® el Tribunal de Cuentas. As¨ª que el ministerio apunta que deben mejorarse y propone corregir defectos en la remisi¨®n de las autonom¨ªas de sus certificados anuales de gasto.
Adem¨¢s, ¡°como resultado de la emergencia sanitaria provocada por la covid¡±, en el documento se propone modificar la ley para ¡°suprimir la menci¨®n a que en las residencias de servicios sociales se prestan servicios sanitarios continuados¡±, y dada ¡°la necesidad de contar con una verdadera cooperaci¨®n sociosanitaria que tenga unas bases uniformes en todo el territorio¡±, regularlas en un nuevo art¨ªculo. Con ello aluden sin mencionarlo a lo vivido durante el pico de la pandemia, cuando los propios centros y los familiares denunciaron la deficiente atenci¨®n m¨¦dica que recibieron muchos mayores.
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