La RAE conf¨ªa en que la ¡®ley Cela¨¢¡¯ ¡°no ponga en cuesti¨®n el uso del espa?ol en ning¨²n territorio del Estado¡±
En un comunicado, la Academia manifiesta su confianza en que la normativa respete ¡°la protecci¨®n¡± que la Constituci¨®n da al espa?ol
Tras el el pleno del Congreso celebrado este jueves, en el que se ha aprobado la octava ley educativa de la democracia ¡ªde nuevo sin consenso¡ª, la Real Academia Espa?ola ha difundido un comunicado en el que asegura que ¡°sigue atentamente la deliberaci¨®n¡± de la ley ¡°y, en especial, los pormenores que conciernen al uso de la lengua espa?ola en los diversos niveles de ense?anza¡±.
Con la Ley Org¨¢nica de Modificaci¨®n de Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (Lomloe), tambi¨¦n conocida como ley Cela¨¢, el espa?ol deja de ser considerado lengua vehicular en las aulas de las autonom¨ªas con lenguas cooficiales. A este respecto, el comunicado manifiesta la confianza de la Academia en que la normativa respete ¡°la protecci¨®n¡± que la Constituci¨®n da ¡°al espa?ol como lengua oficial del Estado que todos los espa?oles tienen el deber de conocer y el derecho de usar¡±.
Sin embargo, seguidamente a?ade que ¡°su preocupaci¨®n principal¡± es que la ley ¡°no ponga en cuesti¨®n el uso del espa?ol en ning¨²n territorio del Estado ni promueva obst¨¢culos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a trav¨¦s de ella a la ciencia, a la cultura, o, en general, a los m¨²ltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa¡±. El comunicado recuerda adem¨¢s que la RAE ¡°carece de competencias para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad¡±.
La Academia sostiene que el espa?ol, como lengua materna de m¨¢s de 485 millones de personas, es ¡°un bien de valor incalculable¡±, lo que ¡°obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de Espa?a, a garantizar su conocimiento y libre utilizaci¨®n¡±.
El castellano deja de ser vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresi¨®n que introdujo el PP en la norma que aprob¨® en 2013, que tambi¨¦n figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a trav¨¦s de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC. La decisi¨®n tiene un alcance pr¨¢ctico limitado a corto plazo: el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25% del horario lectivo en Catalu?a (la comunidad donde funciona desde hace d¨¦cadas el sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica y concentra la pol¨¦mica), y a pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y despu¨¦s de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales. Ninguna de tales circunstancias cambiar¨¢ con la aprobaci¨®n de la ley.
La decisi¨®n s¨ª tiene una gran valor simb¨®lico y supone un reconocimiento impl¨ªcito al modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica. Las entidades que reclaman que el castellano tambi¨¦n se use en Catalu?a creen que dificultar¨¢ su ya penoso camino ante los tribunales para que la Generalitat cumpla las sentencias del Constitucional y el Supremo. El Gobierno destaca, por su parte, que lo importante es que la ley establece que los alumnos deben acabar la ense?anza obligatoria con un ¡°dominio pleno¡± tanto del castellano como de la lengua cooficial. Y que, cuando ello no est¨¦ sucediendo en un centro, las comunidades deben adoptar las medidas necesarias para corregirlo
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