Aprobado el dictamen de la ley Cela¨¢, pese a la guerra por el uso del castellano en las escuelas
Las 320 enmiendas, que suponen nuevas limitaciones para la red de escuelas concertadas y que ponen freno a la proliferaci¨®n de colegios gueto, han salido adelante con 20 votos a favor y 16 en contra
PSOE y Unidas Podemos (UP) han logrado este viernes sacar adelante las m¨¢s de 320 enmiendas que durante los ¨²ltimos dos meses han debatido y pactado con diferentes partidos en la oposici¨®n. El dictamen final de la ponencia ha sido aprobado con el apoyo de ERC, PNV, M¨¢s Pa¨ªs y Bildu. PP, Ciudadanos, Vox y UPN han votado en contra. 20 votos a favor y 16 en contra. La votaci¨®n, que se ha realizado en la Comisi¨®n de Educaci¨®n del Congreso de los Diputados, ha estado acompa?ada por un duro enfrentamiento entre los partidos por dos cuestiones clave: la eliminaci¨®n del t¨¦rmino ¡°lengua vehicular¡± del texto legal para referirse al castellano y las limitaciones a la red de escuelas concertadas.
La tramitaci¨®n de la nueva ley educativa (Lomloe), la octava de la democracia, ya est¨¢ m¨¢s cerca de su recta final. En principio, el pr¨®ximo jueves se llevar¨¢ al pleno del Congreso y requerir¨¢ mayor¨ªa absoluta para ser aprobada al tratarse de una ley org¨¢nica. De ah¨ª, pasar¨¢ al Senado. La idea del Gobierno es que quede aprobada antes del 31 de diciembre. M¨¢s all¨¢ del contenido de las m¨¢s de 320 enmiendas incluidas en el documento final ¨Dque se dividieron en cinco bloques y se negociaron en cinco sesiones diferentes¨D, la nueva normativa implica una serie de cambios respecto a la ley en vigor, la Lomce, aprobada por el PP en solitario en 2013. Entre ellos, uno de los que m¨¢s ampollas ha levantado es que la asignatura de Religi¨®n dejar¨¢ de puntuar en Bachillerato y, por lo tanto, no computar¨¢ para el acceso a la Universidad.
Durante las ¨²ltimas semanas, la negociaci¨®n de las enmiendas ha generado una tormenta pol¨ªtica que podr¨ªa afectar incluso a la aprobaci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado. El pasado martes, la l¨ªder de Ciudadanos, In¨¦s Arrimadas, exigi¨® al Ejecutivo que retirase la enmienda que elimina el castellano como lengua vehicular en la ense?anza en las comunidades con lengua cooficial ¨Duna de las principales banderas del partido en Catalu?a¨D si quiere su apoyo para los Presupuestos. Este viernes, el partido naranja ha lanzado un nuevo ¨®rdago a los socios de Gobierno (PSOE y UP) presentando una enmienda in extremis en la que propon¨ªan una segunda alternativa: que el texto de la nueva ley recoja la obligaci¨®n de las autonom¨ªas con lengua cooficial de impartir al menos el 25% del horario lectivo en espa?ol. Una opci¨®n que el Gobierno ha declinado.
Socialistas, Podemos y ERC pactaron en una de las enmiendas eliminar la referencia al castellano como ¡°lengua vehicular¡± en todo el Estado, un t¨¦rmino que introdujo por primera vez el PP en la Lomce. Seg¨²n los promotores de la enmienda, el objetivo es ¡°facilitar los programas de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica¡± de las autonom¨ªas con lengua cooficial. El tema es especialmente espinoso porque los partidos de la derecha acusan a los socios de Gobierno de sucumbir a las exigencias de los nacionalistas catalanes para obtener a cambio su apoyo en los Presupuestos. Sobre la ense?anza del espa?ol en las aulas catalanas ya se han pronunciado en diferentes sentencias el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, que han fijado que aquellos alumnos que lo reclamen deben recibir el 25% de las horas de clase en castellano. El Tribunal Constitucional estableci¨® en su sentencia sobre el Estatuto (en el a?o 2010) que el castellano ten¨ªa que ser tambi¨¦n lengua vehicular en la ense?anza.
¡°Es sorprendente como han expulsado o no han reconocido el castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular¡±, ha denunciado Sandra Moneo, la portavoz de Educaci¨®n del PP en el Congreso. En su opini¨®n, este cambio en la ley ¡°desprotege¡± a las familias que residen en Catalu?a y quieren que sus hijos reciban la ense?anza en espa?ol. ¡°No les va a quedar m¨¢s remedio que seguir acudiendo a los tribunales para luchar porque la Generalitat incumple de forma continua las sentencias judiciales¡±, ha a?adido.
In¨¦s Saban¨¦s, del Grupo Parlamentario Plural, acus¨® a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox de querer eliminar algunas lenguas cooficiales del pa¨ªs bajo el pretexto de proteger el castellano. ¡°El modelo de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica catal¨¢n funciona desde los a?os ochenta, y ning¨²n miembro de sus partidos se quej¨® hasta que el ministro Jos¨¦ Ignacio Wert (PP) introdujo en la ley educativa el t¨¦rmino lengua vehicular. ?Qu¨¦ pasaba antes de 2013, entonces nadie consideraba nuestro modelo inconstitucional?¡±, les ha lanzado. Saban¨¦s les ha acusado de no aportar ni un solo argumento pedag¨®gico y de usar la lengua como arma arrojadiza. ¡°Es una verg¨¹enza que en el siglo XXI estemos centrando el debate educativo en la lengua y la religi¨®n¡±, ha a?adido.
El diputado de En Com¨² Podem Joan Mena expuso su trayectoria como un caso de ¨¦xito del modelo de inmersi¨®n en Catalu?a. ¡°Mis padres son andaluces y hoy soy biling¨¹e y no odio el castellano, de hecho soy licenciado en Filolog¨ªa Hisp¨¢nica. Hay que prestar m¨¢s atenci¨®n a los datos: la nota media de los estudiantes catalanes en la prueba de castellano en selectividad es un punto superior a la de otras autonom¨ªas¡±, ha expuesto.
La portavoz del PSOE, Mar¨ªa Luz Mart¨ªnez Seijo, incidi¨® en que la nueva ley s¨ª es garantista con las competencias ling¨¹¨ªsticas y record¨® que el modelo catal¨¢n est¨¢ avalado por la Comisi¨®n Europea dentro de la llamada metodolog¨ªa AICLE. ¡°La UE tiene como principio proteger las lenguas minoritarias y el PP de Galicia ya recibi¨® el pasado diciembre una reprimenda del Consejo de Europa por no hacerlo con el gallego en las escuelas¡±.
Las acusaciones m¨¢s fuertes vinieron de Sergio Sayas, diputado del Grupo Mixto por Navarra Suma. ¡°Este Gobierno ataca cualquier modelo educativo que no sea sectario y que no cumpla con su visi¨®n totalitaria de la educaci¨®n. El nacionalismo obliga a que las lenguas tengan clientes obligatorios; el PSOE sucumbe y lo acepta¡±.
Ataque a la libertad de elecci¨®n de las familias
El segundo foco de los enfrentamientos ha sido el coto a la red de escuelas concertadas (que en Espa?a acogen al 26% del alumnado) que suponen algunas de las enmiendas, como la prohibici¨®n de cesi¨®n de suelo p¨²blico, o las nuevas pol¨ªticas de escolarizaci¨®n que obligar¨¢n a las autonom¨ªas a crear comisiones que supervisen que los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo se matriculen de forma equilibrada en las redes p¨²blica y concertada. En la actualidad la p¨²blica, que acoge al 67% de los alumnos) tiene al 79% de los estudiantes inmigrantes y a 9 de cada 10 chavales de los hogares con menor renta. Adem¨¢s, se elimina del texto legal el t¨¦rmino ¡°demanda social¡± que introdujo el PP en 2013 que obligaba a las autonom¨ªas a planificar las plazas escolares en funci¨®n de la preferencia de las familias (p¨²blica o concertada).
¡°Quieren un modelo ¨²nico, laico y p¨²blico, pero no van a poder porque es inconstitucional. No tienen el monopolio de la educaci¨®n y van a topar con el Constitucional, que garantiza la libertad de elecci¨®n de las familias¡±, ha apuntado la popular Sandra Moneo. ¡°La derecha promueve un sistema que separa a los alumnos por cuestiones de lengua o por las condiciones socioecon¨®micas de las familias, hablan mucho de libertad y se olvidan de hablar de oportunidades. Solo apostando por m¨¢s escuela p¨²blica mejorar¨¢ el sistema, ya que es la que corrige esas desigualdades al aceptar a todos por igual¡±, le ha contestado Joan Mena.
El choque por la educaci¨®n especial
La nueva ley educativa (Lomloe) propone cambios a medio plazo ¡ªen un horizonte de 10 a?os¡ª en la escolarizaci¨®n de ni?os con discapacidad con el objetivo de ampliar el n¨²mero de plazas para este tipo de alumnos en centros ordinarios. La medida ha sido duramente criticada por los centros de educaci¨®n especial, que temen perder alumnos, y apoyada por colectivos de discapacidad que reclaman la desaparici¨®n de ese tipo de escuelas tal y como ha recomendado el comit¨¦ de la ONU. El 17% de los estudiantes con discapacidad est¨¢n matriculados en centros especiales. Este tema volvi¨® a enfrentar ayer a PP y Ciudadanos con los socios de Gobierno. ¡°Hay familias que han decidido que los centros especiales son la mejor alternativa para que sus hijos sean aut¨®nomos. Est¨¢n mejor atendidos¡±, expuso Marta Mart¨ªn, portavoz de Ciudadanos.
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