¡°No se asea a los ancianos. No comen bien. Por humanidad, por favor, investiguen esta residencia¡±

Una denuncia sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Salvaterra de Mi?o (Pontevedra) registrada en 2017 en la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Social de la Xunta de Galicia, finalizaba con un ruego desesperado: ¡°Por favor, investiguen. Es una cuesti¨®n de humanidad¡±. La denunciante, una trabajadora que se?alaba que no firmaba el escrito ¡°por temor a represalias¡±, aseguraba que no se cumpl¨ªa la ratio de personal. Y describ¨ªa el trato a los residentes: ¡°No se les asea correctamente, muchos de ellos incluso desprenden olor, no se les da de comer de una manera adecuada, ya que la carga de trabajo es tanta y el personal tan poco que no da tiempo a hacerlo profesionalmente¡±. ¡°Hay un aumento en las ca¨ªdas. Por favor, comprueben el registro de las mismas y el libro de enfermer¨ªa¡±. Tres a?os despu¨¦s, se repiten denuncias similares. Entonces y ahora la empresa y la Xunta niegan deficiencias. La Fiscal¨ªa ha abierto diligencias.

La situaci¨®n de abandono que reflejaba aquella denuncia es similar a la que ha presentado ahora, tres a?os despu¨¦s, a trav¨¦s de la asociaci¨®n de Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega) por personal desplazado por la Xunta al centro cuando el pasado 27 de octubre asumi¨® su gesti¨®n para frenar la expansi¨®n del coronavirus. Entonces hab¨ªa 13 fallecidos entre los residentes (han muerto 24 en 18 d¨ªas) y 27 bajas de las 50 empleadas de la empresa que la Xunta cubri¨® incorporando a 35 trabajadoras propias y del Servicio Gallego de Salud (Sergas).

La denuncia incorporaba fotograf¨ªas espeluznantes que la direcci¨®n del centro niega que reflejen la realidad. ¡°Est¨¢n manipuladas¡±, ha afirmado a este diario la gerente, Enma Gonz¨¢lez Ma?o. En ellas, y en los v¨ªdeos difundidos, se aprecian ¨²lceras que las denunciantes sostienen que afectan al 90% de los usuarios ¡°provocadas por la inmovilidad y por llevar los mismos pa?ales durante horas¡±, escaso mantenimiento de las instalaciones, aseos no adaptados, habitaciones cerradas con llave desde fuera, colchones ra¨ªdos y timbres que los residentes no pueden usar para pedir auxilio porque no funcionan. Una sensaci¨®n general de desolaci¨®n.

Cuando llegaron a la residencia, se quedaron perplejas. ¡°Ni siquiera hab¨ªa protocolo anticovid. Las ¨²nicas instrucciones eran las gen¨¦ricas para la poblaci¨®n y el n¨²mero de infectados se disparaba¡±, afirma Trega. Aunque Residencia Salvatierra SL es privada, tiene un concierto con la Xunta que financia 70 de sus 108 plazas. Antes de que la covid irrumpiese en sus instalaciones, los usuarios estaban atendidos por 50 empleadas. Los que no est¨¢n en el convenio pagan entre 800 y 1.600 euros mensuales (m¨¢s gastos de peluquer¨ªa, podolog¨ªa y otros), seg¨²n fuentes sindicales. La Xunta reconoce que aporta entre 50 y 55 euros diarios por cada plaza concertada.

¡°Es una cantidad insuficiente para cubrir el gasto de personal¡± afirma la delegada de la central sindical CIG en la comarca, Mercedes Dom¨ªnguez. ¡°Muchas residencias no quieren plazas p¨²blicas porque aceptarlas les supondr¨ªa tener a las trabajadoras esclavizadas y prestar un servicio deficiente¡±, asegura. La Xunta sostiene que la ratio en esta residencia de ¡°0,35 profesionales de atenci¨®n directa por residente¡±.

¡°Es imposible atender a 108 ancianos con 38 personas, porque trabajan 8 horas diarias y 40 semanales: 1.776 horas al a?o¡±, destaca Dom¨ªnguez. Para garantizar esa ratio diaria, la empresa ¡°tendr¨ªa que tener al menos 62 personas contratadas¡±, concluye. En su opini¨®n, la escasa calidad asistencial denunciada tiene que ver con ¡°el bajo precio que la Xunta paga y la explotaci¨®n a la que en consecuencia la empresa somete a las trabajadoras¡±.

La CIG denunci¨® en 2017 ante la Inspecci¨®n de Trabajo de la Xunta que la direcci¨®n ¡°ejerc¨ªa un acoso vil¡± utilizando ¡°violencia verbal¡± sobre algunas empleadas para conseguir ¡°despidos baratos de personal con antig¨¹edad¡±. Para hacer frente a la situaci¨®n, cuatro afiliadas promovieron elecciones sindicales ¡°y acabaron en la calle con expedientes disciplinarios¡±. ¡°En los juzgados conseguimos la improcedencia de los despidos, pero con la intervenci¨®n de la Inspecci¨®n no cambi¨® nada¡±, afirma el sindicato.

Seg¨²n la CIG, los problemas comenzaron en 2016, cuando el centro recibi¨® el concierto de las primeras 24 plazas p¨²blicas. La filosof¨ªa de gesti¨®n que se aplica en casi todos los centros privados es, sostiene el sindicato, ¡°la que explica el patr¨®n de esta residencia cuando dice que esto es un negocio. Cuando un usuario muere, la Xunta le manda otro¡±.

Tambi¨¦n en 2017 el Consello de Contas, el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador de Galicia reprendi¨® a la Xunta por las deficiencias en el funcionamiento de las residencias. En el informe de aquel a?o ¨Del ¨²ltimo publicado hasta la fecha¨D llamaba la atenci¨®n al Gobierno gallego por ¡°incumplimientos en materia de personal¡±, as¨ª como por el ¡°uso inadecuado de las instalaciones, deficiencias en los protocolos de funcionamiento, falta de rigor de los registros y no actualizaci¨®n de los datos¡±. Y advert¨ªa que la Xunta no sancionaba los incumplimientos.

Sobre las carencias en las residencias p¨²blicas, el presidente de la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y Gerontolog¨ªa (SEGG) en Galicia, Miguel ?ngel V¨¢zquez, se?ala que ¡°ya no se cumplen las propias normas de la administraci¨®n¡±. V¨¢zquez sostiene que en los concursos ¡°no se prima la calidad, sino el menor coste¡±. Y en el caso de los conciertos de empresas privadas con la Xunta entiende que aportando 53 euros por persona y d¨ªa ¡°ofrecer los servicios necesarios y pagar sueldos dignos no ser¨ªa rentable: en un hotel de tres estrellas cobran 45 euros solo por dormir¡±.

V¨¢zquez asegura que la ratio de trabajadoras en la residencia de Salvaterra es similar a la del resto de Espa?a, si bien reconoce que tener ¡°a 35 personas para atender a 100 ancianos ma?ana, tarde y noche los 365 d¨ªas del a?o, es insuficiente¡±.

La directora del centro niega deficiencias. ¡°Las familias habr¨ªan denunciado¡±, justifica. La direcci¨®n ha difundido dos escritos, uno firmado por 60 trabajadoras y otro por 22 usuarios, respaldando la gesti¨®n. Los familiares disconformes no se atreven a denunciar ahora. ¡°Con el centro aislado por la covid, no pueden visitar a sus mayores y temen represalias¡±, explican desde Trega.

Vinculaci¨®n con el narcotr¨¢fico

A finales de los noventa, los hermanos Manuel y Juan Jes¨²s Ib¨¢?ez se convirtieron en socios de Residencia Salvatierra SL, fundada por su padre. Manuel se desvincul¨® en 2010. Un a?o despu¨¦s, identificado como l¨ªder de la red europea del capo colombiano Alejandro Pareja, fue detenido en Portugal en la operaci¨®n que desmantel¨® una organizaci¨®n que introduc¨ªa coca¨ªna entre pescado congelado. Lo fletaban en avi¨®n desde Brasil a Lisboa y de ah¨ª, por carretera, a Galicia. En el Registro Mercantil figura a¨²n como due?o del 50% de las acciones de la residencia, aunque la direcci¨®n niega que las mantenga. El otro 50% est¨¢ a nombre de Juan Jes¨²s, ahora administrador ¨²nico.

Los Ib¨¢?ez se iniciaron empresarialmente en el negocio del pescado. El patriarca cre¨® con la venta directa a restaurantes, seg¨²n cuentan sus vecinos, una peque?a fortuna que invirti¨® en hoteles.Y acab¨® reconvirtiendo en residencia el edificio actual, pensado para hotel.

Juan Jes¨²s figura tambi¨¦n como administrador ¨²nico de la empresa Pescazul2012 SL, constituida en 2011 y dedicada al ¡°negocio de la pesca, en particular la compra, venta, consignaci¨®n y subasta de pescado y marisco fresco y congelado, y todas las actividades que de estas se deriven¡±.

Residencia Salvatierra SL, tiene un capital social de 126.207 euros y un activo total de 755.273, seg¨²n datos del Registro Mercantil. En 2018 presentaba un balance de ventas de 1.690.300 euros.

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