La justicia pide que se levante el secreto del plan de limpieza del accidente nuclear de Palomares

Hace ya 54 a?os que Estados Unidos activ¨® la operaci¨®n Broken Arrow (flecha rota, en ingl¨¦s), la denominaci¨®n que usa ese pa¨ªs para los siniestros con armas nucleares. Pero lo que rodea a aquel accidente de 1966 que contamin¨® de plutonio los suelos de Palomares (Almer¨ªa) sigue envuelto en el secreto una vez acabada la dictadura y tras m¨¢s de cuatro d¨¦cadas de democracia en Espa?a. Hasta tal punto que la Audiencia Nacional ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique el Plan de Rehabilitaci¨®n de Palomares, considerado oficialmente secreto desde que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo aprob¨® en mayo de 2010. Ese plan, adem¨¢s, no se ha desarrollado nunca, con lo que alrededor de 50.000 metros c¨²bicos de tierras contaminadas siguen depositadas en varias parcelas de esa pedan¨ªa de Cuevas de Almanzora. El CSN argumenta que una d¨¦cada despu¨¦s a¨²n no se ha completado ese informe de rehabilitaci¨®n. Por eso, la Audiencia Nacional pide tambi¨¦n al Gobierno que le detalle "el tiempo estimado para la finalizaci¨®n de dicho informe y se aporte cuanta documentaci¨®n se haya elaborado" desde 2010, seg¨²n el auto de la secci¨®n s¨¦ptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo al que ha accedido EL PA?S.?

Aquel 17 de enero de 1966 dos aviones ¡ªun bombardero y una nodriza¡ª del Ej¨¦rcito de Estados Unidos colisionaron sobre Palomares. Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre esa pedan¨ªa; dos de ellas se rompieron y esparcieron varios kilos de plutonio. Tras el siniestro, el Ej¨¦rcito de EE UU y la dictadura espa?ola emprendieron una operaci¨®n de limpieza.?Estados Unidos traslad¨® a su territorio 4.810 bidones de 208 litros cada uno llenos de residuos, principalmente, tierra y cultivos afectados por la radiaci¨®n. Pero atr¨¢s dejaron 50.000 metros c¨²bicos de tierras contaminadas, algo que no se conoci¨® hasta la llegada de la democracia a Espa?a.?

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El Gobierno lleva a?os intentando que EE UU asuma la limpieza o, al menos, se lleve las tierras m¨¢s contaminadas. Tras a?os de negociaciones infructuosas, en 2015 se cerr¨® una "declaraci¨®n de intenciones" con la Administraci¨®n de Barack Obama para que se hiciera cargo de parte de esa tierra. Pero la llegada de Donald Trump dej¨® aquella declaraci¨®n en nada. As¨ª que el plan de rehabilitaci¨®n, que sigue siendo secreto, sigui¨® sin aprobarse definitivamente ni aplicarse.?

Ecologistas en Acci¨®n decidi¨® en 2017 llevar el caso a la Audiencia Nacional y presentar una demanda para que se limpien las tierras. Los residuos, propon¨ªa esta organizaci¨®n, se almacenar¨ªan de forma temporal hasta que EE UU asuma su responsabilidad. "Ped¨ªamos que se aplicara el plan de 2010", explica el letrado Jos¨¦ Ignacio Dom¨ªnguez, que ha llevado el caso para Ecologistas en Acci¨®n. "Pero est¨¢bamos trabajando a ciegas, ped¨ªamos que se aplicara un plan cuyo contenido completo no se conoc¨ªa", a?ade Dom¨ªnguez.

Durante la instrucci¨®n del caso, el CSN se ha negado a aportar el plan de rehabilitaci¨®n. El 21 de enero los cuatro magistrados de la sala que lleva este asunto comenzaron a deliberar sobre el fallo referido a la demanda de Ecologistas en Acci¨®n. Pero en vez de acordar una sentencia, la secci¨®n s¨¦ptima decidi¨® instar al Consejo de Ministros a levantar el secreto sobre el plan de limpieza de 2010 y sobre toda la documentaci¨®n asociada, adem¨¢s de solicitar que se d¨¦ una fecha definitiva de aprobaci¨®n del programa de rehabilitaci¨®n.

Ahora, la pelota est¨¢ en el tejado del Consejo de Ministros, que deber¨¢ decidir si obedece o no. Si no, la Audiencia Nacional podr¨ªa elevar la disputa a la sala de conflictos del Tribunal Supremo.

Pero en su auto, los jueces dejan abierta una puerta al Gobierno para que tenga margen de acci¨®n, ya que indica que el plan se desclasificar¨¢ y se remitir¨¢ a la Audiencia Nacional "con las indicaciones que sean procedentes en relaci¨®n con la confidencialidad de su contenido".

Discrepancias

El auto contiene un duro voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, que considera que la petici¨®n de desclasificaci¨®n que han elaborado sus compa?eros de secci¨®n no est¨¢ suficientemente armada y que deja la puerta abierta para que el Gobierno siga manteniendo bajo secreto el plan de limpieza.?

Moya, adem¨¢s, critica que el Gobierno mantenga la documentaci¨®n bajo secreto con el argumento de que se ponen en peligro algunos intereses. "En un asunto en el que existen fuertes indicios de que se est¨¢ poniendo en riesgo la salud p¨²blica y el medio ambiente, la mera alusi¨®n a los intereses pol¨ªticos, sociales, econ¨®micos y comerciales de Espa?a (...) no permite vedar la participaci¨®n p¨²blica en la toma de decisiones", sostiene en su voto particular el juez. "La intenci¨®n de proteger los intereses del sector agr¨ªcola y las expectativas tur¨ªsticas de la zona, as¨ª como del desarrollo urban¨ªstico inherente a esta actividad, ya fueron consideradas como el pretexto de la dictadura de Franco para la clasificaci¨®n de esta materia", a?ade.?

Moya sostiene que la ¨²nica raz¨®n que se podr¨ªa esgrimir ahora para impedir la desclasificaci¨®n del material sobre la limpieza de Palomares es que se pondr¨ªan en peligro las "relaciones internacionales con Estados Unidos", ya que se incluyen informes elaborados por ese pa¨ªs. Pero el magistrado cree que esto "proyecta una idea indebida de que el proyecto de rehabilitaci¨®n est¨¢ indisolublemente ligado a la colaboraci¨®n de los Estados Unidos, lo que ha de ser negado de manera tajante". Porque el juez opina que "la obligaci¨®n de descontaminar estos terrenos, una vez que se ha considerado que el mantenimiento de la situaci¨®n puede afectar a la salud, (...) corresponde a la Administraci¨®n P¨²blica de Espa?a, como pa¨ªs soberano, que no puede justificar su inacci¨®n en la falta de cooperaci¨®n de un pa¨ªs extranjero".

El magistrado, en l¨ªnea con lo que propone Ecologistas en Acci¨®n, pide que se acometa la limpieza y que se guarden en contenedores los residuos temporalmente en alg¨²n lugar hasta que EE UU se haga cargo de ellos.