Choque de criterios ante el fin del estado de alarma: los tribunales discrepan sobre las restricciones de las comunidades

Las primeras resoluciones de los tribunales sobre las medidas propuestas por los gobiernos auton¨®micos para controlar la pandemia a partir del pr¨®ximo domingo, cuando se levanta el estado de alarma, confirman las diferencias de criterio jur¨ªdico que vaticinaban la mayor¨ªa de los expertos y tem¨ªan los presidentes regionales. Las medidas que implican restringir derechos fundamentales (como el toque de queda, el cierre perimetral o la limitaci¨®n de las reuniones) requieren el aval de los tribunales superiores de justicia, pero los jueces, como ya ocurri¨® el pasado verano, aplican criterios antag¨®nicos para resolver situaciones similares. Este viernes se han solapado casi en el tiempo dos decisiones contradictorias: mientras el tribunal superior del Pa¨ªs Vasco rechazaba de plano el confinamiento nocturno y el l¨ªmite a las reuniones propuesto por el Gobierno de ??igo Urkullu, los jueces de la Comunidad Valenciana autorizaban esas mismas medidas solicitadas por el Ejecutivo de Ximo Puig y muy similares a las avaladas el jueves por el tribunal superior de Baleares para esa comunidad.

El debate sobre si las comunidades tienen herramientas jur¨ªdicas para limitar derechos fundamentales lleva m¨¢s de un a?o sobre la mesa, pero se hab¨ªa visto acallado por la decisi¨®n del Gobierno de aprobar en octubre una pr¨®rroga de seis meses del estado de alarma. Las dudas volvieron a tomar fuerza a medida que se acercaba el 9 de mayo, fecha final de esa pr¨®rroga, y se han disparado a apenas unas horas de que las comunidades asuman de nuevo el control de la pandemia en sus territorios. Las resoluciones dictadas este viernes por el tribunal superior vasco y el valenciano evidencian que el debate jur¨ªdico no est¨¢ resuelto.

La norma llamada a dar cobertura a la mayor¨ªa de las medidas propuestas por las Comunidades es la ley org¨¢nica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud P¨²blica (que permite a las autoridades sanitarias adoptar ¡°las medidas que se consideren necesarias¡± para controlar enfermedades transmisibles). Sin embargo, los tres jueces que firman la resoluci¨®n del tribunal superior vasco que rechaza las medidas propuestas por el Gobierno regional sostienen que esa norma no permite restringir derechos a personas sanas aunque se viva una situaci¨®n de pandemia, sino solo a enfermos o sus contactos m¨¢s estrechos. ¡°A quien no se dirige es a un colectivo de ciudadanos indeterminado y que no pueda afirmarse que sean enfermos o personas que est¨¦n o hayan estado en contacto con los mismos¡±.

Con esta interpretaci¨®n, los magistrados no entran ya en debate de si medidas como el toque de queda, el cierre perimetral de la comunidad o el l¨ªmite a las reuniones sociales pueden modularse en funci¨®n de factores como la incidencia de la enfermedad (el Ejecutivo auton¨®mico lo ped¨ªa para cuando la tasa de contagios fuera superior a 200 por cada 100.000 habitantes) o la ocupaci¨®n de las camas hospitalarias. La restricci¨®n de derechos fundamentales tampoco puede ampararse, seg¨²n los jueces vascos, en la Ley General de Sanidad, de 1986, y en la Ley General de Salud P¨²blica, de 2011, las otras dos normas que invoc¨® el Ejecutivo de Urkullu. ¡°En definitiva, nuestro actual ordenamiento jur¨ªdico no permite que las comunidades aut¨®nomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con car¨¢cter general no individualizado¡±, zanja el tribunal.

En el extremo opuesto est¨¢ la Comunidad Valenciana, cuyo tribunal superior ha avalado el toque de queda de 0.00 a 6.00, limitar a 10 el n¨²mero de personas que pueden reunirse en espacios p¨²blicos o privados y fijar en el 75% el aforo en los lugares de culto. Al contrario que el Gobierno vasco, el valenciano no condicion¨® estas medidas a que se superara una incidencia concreta, sino que la vincul¨® a la situaci¨®n actual de la comunidad y argument¨® que, a pesar de que el riesgo general es ahora bajo, sigue habiendo alta incidencia en algunos municipios. ¡°De hecho, si no se llegaran a cortar las cadenas de transmisi¨®n, la evoluci¨®n de la pandemia podr¨ªa ser desfavorable¡±, aleg¨®.

Medidas ¡°necesarias y proporcionales¡±

Los jueces valencianos se decantan por la interpretaci¨®n mayoritaria que mantuvieron los presidentes de sala de lo Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia en una reuni¨®n celebrada el pasado lunes: las leyes sanitarias vigentes, aunque no son claras, permiten restringir derechos fundamentales para combatir el virus si se justifica bien la necesidad y proporcionalidad de las medidas. Y el razonamiento del Gobierno valenciano, seg¨²n los jueces de esta comunidad, cumple esa condici¨®n.

La discrepancia de criterio fundamental entre el tribunal vasco y el valenciano se da en la interpretaci¨®n que hacen de la expresi¨®n de que las autoridades sanitarias podr¨¢n adoptar ¡°las medidas que se consideren necesarias¡±, incluida en la ley de medidas especiales de salud p¨²blica de 1986. Donde los magistrados vascos ven ¡°un caj¨®n desastre carente de precisi¨®n¡± que no habilita a los gobiernos regionales a restringir derechos recogidos en la Constituci¨®n, los valencianos aprecian ¡°un precepto adaptable a las circunstancias particulares de cada caso y a la situaci¨®n epidemiol¨®gica de que se trate¡±. ¡°Pero no que no puedan adoptarse medidas. Otro entendimiento dejar¨ªa vaci?o de contenido el art¨ªculo tercero, lo que no puede entenderse factible. Por lo dem¨¢s, no hemos visto que la constitucionalidad de tal norma ¡ªla LO 3/1986¡ª haya sido puesta en cuesti¨®n (y esta es una norma que no puede obviar, por consiguiente, este ¨®rgano jurisdiccional)¡±, advierte el tribunal valenciano.

El tribunal hace un an¨¢lisis pormenorizado de las tres medidas solicitadas por el gobierno regional y concluye que son necesarias y proporcionadas y que ya se han demostrado eficaces. ¡°La experiencia pra?ctica que ahora tenemos y se pone de manifiesto en las justificaciones de referencia es que medidas ma?s laxas que las que aqui? se trata no han funcionado correctamente al objetivo evidente que se persigue. Entendemos tambie?n, por tanto, que las medidas son indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir o -al menos- minimizar el incremento de la transmisio?n del virus (juicio de necesidad)¡±, apuntan.

Discrepancia en Baleares

Las resoluciones opuestas de los tribunales valencianos y vascos se han adoptado, en ambos casos, por unanimidad, algo que no ocurri¨® en el caso del tribunal superior de Baleares, que el jueves se dividi¨® en dos al debatir las medidas solicitadas por el Gobierno de Francina Armengol (toque de queda de 23.00 a 6.00, control perimetral de entrada en las islas, l¨ªmite de seis personas en reuniones en espacios p¨²blicos y privados y 50% de aforo en lugares de culto). Las discrepancias de criterio se extendieron en este caso al propio tribunal, formado por cinco magistrados: tres avalaron las restricciones y los otros dos las rechazaron. Las dos magistradas contrarias a las restricciones han redactado un voto particular para explicar las razones de su decisi¨®n, que no son las mismas que argumenta el tribunal vasco para oponerse a medidas similares planteadas en esa comunidad.

Las juezas discrepantes consideran que las leyes sanitarias permiten limitar derechos fundamentales ante situaciones excepcionales derivadas de crisis sanitarias, pero advierten de que ese argumento era v¨¢lido en los inicios de la pandemia, pero no un a?o despu¨¦s. ¡°No consideramos que se traten de puras ¡®medidas¡¯ puntuales en el tiempo y de adopcio?n casi inmediata, sino que ya se insertan en un modo de actuacio?n administrativa, adema?s dirigida a la generalidad de las personas en les Illes Balears, que excede del concepto¡±, afirman las magistradas, que lamentan que las medidas que pide el Ejecutivo autono?mico forman ya parte de ¡°un modus operandi previsible y de alcance general, que afecta a derechos y libertades fundamentales revestidas con la ma?xima proteccio?n constitucional¡±. ¡°... No se pueden adoptar estas medidas sanitarias de forma prolongada, gene?rica e injustificada, ya que ello hace vislumbrar una excepcionalidad para la cual no esta?n concebidas¡±, se?alan.

El toque de queda y el cierre perimetral son las dos medidas m¨¢s cuestionadas por los juristas sin estado de alarma y las que m¨¢s debate est¨¢n generando entre los tribunales, pero las resoluciones dictadas en los ¨²ltimos d¨ªas muestran tambi¨¦n una gran disparidad de criterios respecto a la potestad de las comunidades para limitar las reuniones sociales en espacios p¨²blicos y, sobre todo, en privados. Esta opci¨®n no ha sido solo solicitada por las comunidades que, como Baleares, Comunidad Valenciana y Pa¨ªs Vasco, han apostado por prolongar la mayor¨ªa de las medidas vigentes durante el estado de alarma, sino tambi¨¦n por otras que, como Catalu?a, ha optado por renunciar al confinamiento nocturno o al cierre de la comunidad. Los tribunales que se han pronunciado hasta ahora coinciden en que se trata de una restricci¨®n de un derecho fundamental, aunque algunos establecen una distinci¨®n: con el l¨ªmite a las reuniones en espacios p¨²blicos se estar¨ªa restringiendo el derecho de reuni¨®n recogido en el art¨ªculo 21.1 de la Constituci¨®n -que todos, menos el vasco, coinciden en que se puede limitar con las leyes vigentes para proteger la salud p¨²blica-, pero el l¨ªmite a las reuniones en domicilios supone para algunos jueces una restricci¨®n a los derechos fundamentales a la libertad (arti?culo 17.1 de la Constituci¨®n) y a la intimidad personal y familiar (18.1) que genera m¨¢s dudas. Con todo, el tribunal valenciano, el catal¨¢n y el balear lo consideran tambi¨¦n justificado, aunque, en el caso balear, las dos magistradas discrepantes s¨ª se muestran favorables a limitar a un m¨¢ximo de seis personas las reuniones en espacios p¨²blicos, pero rechazan restringir las reuniones privadas.

Una vez que los tribunales superiores est¨¢n ya fijando sus posiciones respecto a las medidas propuestas por las comunidades, le tocar¨ªa a partir de ahora al Tribunal Supremo fijar un criterio ¨²nico en cumplimiento del real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado martes. Sin embargo, el gobierno vasco, el ¨²nico que por ahora ha visto rechazadas sus propuestas, ha anunciado que no recurrir¨¢ ante el alto tribunal. La Fiscal¨ªa, que no ha mostrado un crieterio unitario en estos casos, no ha anunciado si impugnar¨¢ en el Supremo las resoluciones contrarias a su postura (como el aval al toque de queda en baleares, al que se opuso).