Cinco comunidades abogan por que la vacuna sea obligatoria para sanitarios y trabajadores de residencias

La vacunaci¨®n contra la covid es voluntaria en Espa?a. La poblaci¨®n est¨¢ respondiendo a la llamada al pinchazo como pocas en el mundo, pero el crecimiento de los contagios en las residencias, que se han multiplicado por ocho en dos semanas, comienza a preocupar tanto al Gobierno como a las comunidades aut¨®nomas. Al menos cinco de ellas reclaman, de una u otra forma, que la inoculaci¨®n sea obligatoria para los profesionales que cuidan a personas vulnerables ¡ªcomo sanitarios y empleados de residencias¡ª tal y como ha hecho Francia. El Ministerio de Sanidad siempre se ha mostrado en contra de forzar la vacunaci¨®n, pero s¨ª es partidario de endurecer las medidas de control en los centros sociosanitarios. Junto a las comunidades, est¨¢ estudiando la forma de hacerlo y se plantea que los trabajadores de estos centros que no se vacunen tengan que pasar dos an¨¢lisis semanales o incluso sean trasladados de manera forzosa a puestos donde no est¨¦n en contacto con los ancianos.

La comunidad que m¨¢s claramente abog¨® por la obligatoriedad de la vacunaci¨®n fue Galicia, cuyo Parlamento incluso aprob¨® una ley que recog¨ªa esta posibilidad, aunque fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Su presidente, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha admitido este jueves que no es legal, pero ha abogado por la obligatoriedad en ciertos sectores: ¡°?Cu¨¢l es mi opini¨®n? En determinados supuestos en los que el trabajo de una persona tiene relaci¨®n directa con personas vulnerables, con enfermos, creo que deber¨ªa prevalecer la salud p¨²blica general ante el hecho individual de la decisi¨®n o no de vacunarse¡±.

En esa l¨ªnea, la Junta de Andaluc¨ªa ha solicitado que sea obligatoria la vacunaci¨®n del personal sanitario y de los trabajadores de las residencias, una petici¨®n que tambi¨¦n secunda la patronal del sector. Murcia est¨¢ estudiando c¨®mo encajar legalmente que tengan que inocularse todos los trabajadores esenciales que traten con personas vulnerables, entre los que incluye a sociosanitarios, m¨¦dicos y enfermeros. Fuentes del Gobierno Canario han explicado este jueves que esta comunidad tambi¨¦n est¨¢ estudiando obligar a vacunarse a los funcionarios p¨²blicos. Su presidente, ?ngel V¨ªctor Torres, ya se refiri¨® a esta cuesti¨®n la pasada semana, cuando apunt¨® que determinados funcionarios ¡ªsin especificar cu¨¢les¡ª deber¨ªan recibir la vacuna si su trabajo es de cara al p¨²blico.

A esta tendencia se suma el Diputado General de ?lava, Ramiro Gonz¨¢lez, quien ha preguntado a sus servicios jur¨ªdicos si hay amparo legal para ello. ¡°Las personas que no quieran vacunarse no deber¨ªan trabajar en contacto con directo con las que est¨¢n en situaci¨®n de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores que est¨¢n en las residencias¡±, ha dicho en una conferencia de prensa ante el incremento de contagios en estos centros. En Bizkaia y ?lava, el personal de las residencias que ha rechazado las vacunas est¨¢ entre el 5% y el 6%.

Por ¨²ltimo, el mandatario c¨¢ntabro, Miguel ?ngel Revilla, pidi¨® en la conferencia de presidentes de la semana pasada que los pinchazos fuesen obligatorios no solo para ciertos trabajadores, sino para toda la poblaci¨®n. Mientras, comunidades como Catalu?a, Castilla-La Mancha o el Pa¨ªs Vasco rechazan esta posibilidad.

Vacunaci¨®n obligatoria para sanitarios

Aunque casi todas las democracias del mundo dejan la vacunaci¨®n a la voluntad de sus ciudadanos, algunas s¨ª que obligan a algunos trabajadores a inocularse. En Italia la ley que obliga al personal sanitario a vacunarse, incluidos m¨¦dicos, enfermeros y auxiliares, entr¨® en vigor en abril. La normativa contempla como sanci¨®n extrema la suspensi¨®n de empleo y sueldo, pero la empresa, tanto p¨²blica como privada, debe advertir antes al profesional y ofrecerle la vacuna y otras opciones como cambiarlo de funciones para que no trabaje en contacto con el p¨²blico donde sea posible. La ley contempla que las sanciones est¨¦n en vigor como fecha m¨¢xima hasta el 31 de diciembre. La normativa se est¨¢ aplicando de manera dispar en las distintas regiones, en las que recaen las competencias de sanidad, pero algunas como V¨¦neto ya han enviado entre julio y agosto las primeras cartas de suspensi¨®n a 16 m¨¦dicos y 200 enfermeros que no se han vacunado y no han acreditado un motivo para no hacerlo.

El ejemplo m¨¢s reciente es el franc¨¦s. Su Tribunal Constitucional ha avalado este jueves que todos los profesionales en contacto con p¨²blico vulnerable, como sanitarios, bomberos y servicios de emergencias, o trabajadores en residencias de ancianos reciban la vacuna so pena de quedar suspendidos de empleo y sueldo. Seg¨²n la ley, estos empleados tienen hasta el 15 de septiembre para comenzar la pauta de vacunaci¨®n y hasta el 15 de octubre para completarla.

La diferencia con Espa?a es que en Francia hay un gran n¨²mero de antivacunas que est¨¢n complicando el plan de inmunizaci¨®n. El Ministerio de Sanidad espa?ol no tiene el dato concreto de cu¨¢ntos sanitarios se han vacunado, pero fuentes del departamento recalcan que lo han hecho la ¡°grand¨ªsima mayor¨ªa¡±, algo que ratifican las comunidades aut¨®nomas consultadas. Una fuente del ministerio explica: ¡°Fueron el primer colectivo y respondieron fant¨¢sticamente. Por el momento no estamos teniendo problemas de brotes en hospitales¡±. Sin embargo, reconoce que s¨ª preocupa la situaci¨®n de las residencias de ancianos, donde hay un mayor porcentaje de trabajadores que ha rechazado el pinchazo, aunque tampoco se facilita una cifra oficial.

La ponencia de alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el organismo t¨¦cnico que ha elaborado documentos como el sem¨¢foro de restricciones, est¨¢ ya estudiando c¨®mo endurecer las medidas de control en los centros sociosanitarios. Entre ellas est¨¢ hacer dos pruebas PCR o de ant¨ªgenos semanales a los trabajadores sin inocular. Incluso la posibilidad de trasladarlos de puesto para que no est¨¦n en contacto con los ancianos. Pero todav¨ªa son conversaciones que tendr¨¢n que pasar por la Comisi¨®n de Salud P¨²blica y ser aprobadas por el propio CISNS, se?alan fuentes de la ponencia.

El Consejo General de Colegios Oficiales de M¨¦dicos abord¨® la semana pasada con la ministra una campa?a para concienciar a los sanitarios de la vacunaci¨®n. Aunque asumen que son una minor¨ªa los que rechazan las inyecciones, lo consideran inasumible. Su presidente, Tom¨¢s Cobo, explica a EL PA?S que quienes no lo hagan pueden estar violando el c¨®digo deontol¨®gico, puesto que ponen en riesgo la salud p¨²blica. ¡°En los casos que tienen contacto con pacientes habr¨ªa que plantearse apartarlos y ponerlos en otras tareas¡±, asegura.

De la misma opini¨®n es Juan Pablo Horcajada, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona: ¡°Creo que el personal sanitario deber¨ªa vacunarse de forma obligatoria. La ley no funciona de esta manera de momento, pero creo que las personas que no se quieren vacunar no deber¨ªan visitar pacientes, ancianos ni gente inmunodeprimida porque les pueden transmitir la enfermedad por mucho que vayan protegidos, ya que es un virus con el que no siempre funcionan al 100% las medidas de protecci¨®n¡±.

Debate legal

Federico de Montalvo, presidente del Comit¨¦ de Bio¨¦tica de Espa?a, explica que la vacunaci¨®n obligatoria tiene dos vertientes: la legal y la de oportunidad. Cree que en Espa?a hoy por hoy no es necesaria, ya que la poblaci¨®n est¨¢ acudiendo masivamente a recibir la vacuna. ¡°El problema puede venir en el ¨²ltimo tramo, cuando nos falte un peque?o porcentaje para alcanzar la inmunidad de reba?o¡±, subraya. Teniendo en cuenta que no hay vacuna aprobada para los ni?os menores de 12 a?os (que suponen un 11% de la poblaci¨®n), ser¨¢ imposible alcanzarla si no se vacuna a, pr¨¢cticamente, todos los dem¨¢s.

En el aspecto legal, De Montalvo sostiene que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala la vacunaci¨®n obligatoria en una situaci¨®n epid¨¦mica como la actual, ya que el beneficio para la poblaci¨®n compensa la intrusi¨®n en el cuerpo de los ciudadanos que supone inocularles un f¨¢rmaco, con los riesgos (m¨ªnimos) que esto conlleva. ¡°El ¨²ltimo auto del Constitucional [que suspend¨ªa la ley de obligatoriedad gallega] me ha dejado muy perplejo porque sigue insistiendo en que no tiene encaje en la Ley General de Sanidad de 1986, cuando el Supremo ha dictado que se pueden tomar las medidas necesarias, y la vacunaci¨®n es cl¨¢sica en epidemias¡±, sostiene.

Para tomar esta medida, ya sea a toda la poblaci¨®n o a colectivos concretos, las autonom¨ªas buscan paraguas legales. El Consejo de Gobierno de Baleares aprob¨® en mayo un decreto para modificar la Ley Balear de Salud P¨²blica que contempla la posibilidad de ¡°someter a medidas profil¨¢cticas¡± de prevenci¨®n del coronavirus, incluida la vacunaci¨®n obligatoria, a determinados colectivos sin especificar. Sin embargo, desde la Consejer¨ªa de Salud todav¨ªa no se han definido estos grupos (que ser¨ªan de trabajadores sanitarios y sociosanitarios) e insiste en que el porcentaje de vacunaci¨®n entre ellos es elevado y por el momento no se ha planteado la posibilidad de obligar a su inmunizaci¨®n.

Con informaci¨®n de Silvia Ayuso, Lorena Pacho, Mar¨ªa Sosa, Luc¨ªa Boh¨®rquez, Guillermo Vega, Juan Navarro, Isabel Vald¨¦s, Sonia Vizoso, Jessica Mouzo, Eva Saiz, Pedro Gorospe y Ferran Bono.