Casi tres meses a la espera de una ayuda urgente para comprar comida

La familia de Carmen se qued¨® sin ingresos durante la pandemia. Fue a servicios sociales del municipio donde vive, en Andaluc¨ªa, y cont¨® que no ten¨ªan dinero para comer. Le dijeron que le dar¨ªan una ayuda de emergencia social: 300 euros durante tres meses. Esa prestaci¨®n que se concede en casos de urgencia tard¨® ¡°dos meses y medio en llegar¡±, cuenta Carmen, con un nombre ficticio. El a?o pasado fue ¡°terrible¡±. En su casa son cinco, ocho cuando su hijo mayor y sus dos nietos se quedan con ellos. Ninguno trabaja. ¡°No pod¨ªa comprar ni un litro de leche¡±, recuerda esta mujer, de 45 a?os. ¡°Mientras, las trabajadoras me daban comida del banco de alimentos. Cuando est¨¢s sin nada y lo necesitas, la espera se hace eterna¡±.

La pandemia ha causado una gran crisis social. M¨¢s de tres millones de personas estaban el a?o pasado en situaci¨®n de carencia material severa, seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, un indicador que se mide cuando los encuestados no pueden permitirse cuatro puntos de una lista de nueve, que incluye no poder comer carne o pescado al menos cada dos d¨ªas, tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda, imposibilidad de afrontar gastos imprevistos o de mantener la casa a una temperatura adecuada. Son un mill¨®n m¨¢s que en 2019.

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Las ayudas de emergencia social son prestaciones cuyo objetivo es paliar situaciones de urgencia, necesidades b¨¢sicas como alimentaci¨®n, ropa, vivienda o suministros. Son pagos ¨²nicos o fraccionados en varios meses. En 2018 se otorgaron cerca de 870.000, seg¨²n estima la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, usando los ¨²ltimos datos del plan concertado (los servicios sociales b¨¢sicos que prestan los ayuntamientos y corporaciones locales). Se gastaron unos 160 millones de euros. Con cifras de 13 comunidades aut¨®nomas, sale una media de 184 euros por prestaci¨®n, seg¨²n este estudio. ¡°En gran parte de los municipios se tramitan como subvenciones, con procedimientos r¨ªgidos y complejos que ralentizan el proceso. Hay lugares donde pueden tardar dos o tres meses¡±, critica Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n.

No hay una normativa a nivel estatal que regule estas ayudas, el marco lo fijan las comunidades aut¨®nomas, competentes en servicios sociales, y las propias ordenanzas municipales porque en la mayor¨ªa de los casos dependen directamente de las entidades locales (en Castilla-La Mancha la concesi¨®n es auton¨®mica), tanto ayuntamientos como diputaciones, en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Hay regiones que han especificado que no pueden ser tratadas como subvenciones, como por ejemplo Castilla y Le¨®n o Catalu?a. Pero en otras, como Andaluc¨ªa y Madrid, s¨ª son consideradas como tal. ¡°Hay municipios donde emplean el procedimiento m¨¢s estricto, con una fiscalizaci¨®n previa que requiere hasta cuatro o cinco firmas para autorizar el pago, y otros que utilizan f¨®rmulas para agilizar estos pasos¡±, prosigue Ram¨ªrez. En la pr¨¢ctica, afirma, al no haber un ¨²nico marco a nivel estatal, depende de la interpretaci¨®n que haga cada corporaci¨®n.

Por ello, la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes pide al Gobierno que act¨²e. ¡°No es aceptable que una prestaci¨®n para personas que est¨¢n viviendo una situaci¨®n tan angustiosa deba seguir los mismos procedimientos que cualquier entidad que recibe una subvenci¨®n, incluso millonaria. Es imprescindible y urgente que se modifique el art¨ªculo dos de la ley de subvenciones para excluir las ayudas de emergencia social¡±, sostiene Ram¨ªrez, ¡°o que la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado emita una instrucci¨®n que deje claro a los interventores de los ayuntamientos que las ayudas econ¨®micas de urgencia deben agilizarse¡±.

En el Ministerio de Hacienda indican que la intervenci¨®n general no tiene ¡°ninguna competencia¡± sobre las intervenciones locales. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales aseguran que est¨¢n ¡°buscando opciones para solucionar¡± el problema. ¡°Hay que estudiarlo bien para encontrar la mejor opci¨®n que no provoque inseguridad jur¨ªdica y que permita que estas ayudas cumplan con su objetivo, que es atender la emergencia¡±, a?aden.

En el caso de Carmen, su angustia se alarg¨® durante el a?o que pasaron sin ning¨²n ingreso. Antes de la pandemia su marido hac¨ªa alg¨²n trabajo, ¡°pintando alguna puerta¡±, por ejemplo. Sus hijos, ya mayores de edad, faenaban en el campo. ¡°Aunque no estuviesen asegurados, ¨ªbamos tirando¡±. Pero con el confinamiento todo se par¨®. ¡°Durante siete meses no pude pagar el alquiler, cre¨ª que acabar¨ªa en la calle, hab¨ªa d¨ªas que no ten¨ªa ganas de levantarme de la cama ni de vivir ni de nada¡±, dice.

¡°Me las vi y me las dese¨¦. Por eso fui a servicios sociales a pedir la ayuda de emergencia. Te piden que justifiques que no cobras nada, te piden papeles y te dicen que tienes que esperar¡±, afirma Carmen. ¡°Me salv¨¦ porque mientras me dieron alimentos. Yo creo que si saben que no est¨¢s cobrando nada no se puede tardar de esa manera¡±, lamenta. Cuando lleg¨® el dinero, le recordaron que hab¨ªa alimentos que no pod¨ªa comprar. ¡°Refrescos o dulces, por ejemplo, que no son necesarios. Aunque si tienes ni?os a veces s¨ª lo son¡±, se resigna. ¡°Luego tienes que llevar los tiques para justificar en qu¨¦ te has gastado el dinero¡±.

Procedimiento ¡°indigno¡±

Hontanares Arranz, trabajadora social de una localidad de la Comunidad de Madrid, lo considera ¡°indigno¡±. ¡°Aqu¨ª se hizo un escrito en el que se dice a las familias qu¨¦ cosas no pueden consumir, es humillante. Alguien que no tiene dinero y de pronto se ve con 300 euros en la mano no le puede comprar un dulce a sus hijos, o unos refrescos y unas chucher¨ªas para celebrar un cumplea?os¡±, se indigna. Arranz critica que las situaciones de emergencia se deben en muchos casos al escaso apoyo de otras administraciones, ¡°a la falta de protecci¨®n social¡±: ¡°los ayuntamientos est¨¢n supliendo las carencias del ingreso m¨ªnimo vital, del servicio de empleo, en materia de vivienda¡­¡± En su municipio tienen una lista de espera de dos meses para dar cita, aunque aclara que las situaciones de emergencia suelen ir fuera de agenda, ¡°la gente no puede esperar¡±. ¡°Aqu¨ª la ayuda puede tardar una semana o 15 d¨ªas, pero me consta que hay ayuntamientos donde son m¨¢s de tres meses¡±, se?ala la trabajadora social.

Ram¨ªrez explica que ¡°los presupuestos municipales para atender necesidades b¨¢sicas se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocr¨¢ticos y la rigidez de las intervenciones han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas¡±. ¡°Ser¨ªa impensable que para realizar una prueba m¨¦dica se exigieran tantos requisitos¡±, ejemplifica. Y a?ade que hay entidades locales donde los tr¨¢mites son mucho m¨¢s ¨¢giles. En Barcelona, por ejemplo, si la persona ya est¨¢ siendo atendida por servicios sociales, la ayuda puede estar lista en ¡°dos o tres d¨ªas, siete m¨¢ximo¡±, explica Sonia Fuertes, comisionada de acci¨®n social del Ayuntamiento. Si no es usuaria, son unos 15 d¨ªas. ¡°No son consideradas subvenciones, nuestra fiscalizaci¨®n es posterior: tenemos una auditor¨ªa anual que selecciona un 30% o 35% de las ayudas. Tambi¨¦n pedimos los tiques¡±, sostiene Fuertes. En la Diputaci¨®n de Segovia, donde tampoco se las considera subvenciones, su presidente, Miguel ?ngel de Vicente, asegura que el tiempo medio de resoluci¨®n est¨¢ en torno a los 15 d¨ªas y que los usuarios tienen cuatro meses para justificar los gastos. Afirma que ¡°la ley de subvenciones entorpece bastante la tramitaci¨®n y ralentiza mucho la soluci¨®n del problema¡±.

Aplicar esta ley incrementa los tr¨¢mites. Vicente Calvo, director del Observatorio de Subvenciones del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administraci¨®n Local, indica que ¡°exige una ordenanza municipal con las bases, que se aprueba en el pleno, y despu¨¦s se debe aprobar la convocatoria de la subvenci¨®n y se tiene que publicar a trav¨¦s de la base de datos de subvenciones¡±. ¡°La ley permite aplicar un sistema, el anticipo de caja fijo, que agiliza el pago y avala la fiscalizaci¨®n a posteriori¡±, explica, ¡°as¨ª ahorras unas cuantas fases¡±. ¡°Ahora es una posibilidad que aplicamos en algunos ayuntamientos, pero no es una obligaci¨®n¡±, expone. ?l tambi¨¦n considera que deber¨ªa cambiarse la ley. ¡°?Una ayuda social debe ser una subvenci¨®n? Entiendo que no¡±.

Alberto, de 49 a?os y que vive en el mismo municipio que Carmen, tambi¨¦n usa un nombre ficticio. El a?o pasado, ¨¦l y su mujer se vieron en la calle. ¡°Dormimos en la calle durante casi tres meses¡±. Tampoco ten¨ªa trabajo. Fueron a servicios sociales y les dijeron que podr¨ªan ayudarles con el alquiler, pero deb¨ªan conseguir antes una casa. ¡°Gracias a C¨¢ritas lo logramos: nos pagaron la fianza y la primera mensualidad¡±, cuenta. Con el contrato de alquiler en la mano, fueron de nuevo a servicios sociales. ¡°Tuvimos que esperar casi tres meses para cobrar el dinero. El primer pago nos lleg¨® hace poco, hemos pagado con retraso al casero¡±, a?ade. Tienen resuelto hasta septiembre, que est¨¢ a la vuelta de la esquina. Ahora busca empleo, ¡°en lo que sea¡±. Aunque est¨¢ agradecido con la ayuda, reclama agilidad. ¡°Yo solo digo que investiguen, que ellos vean d¨®nde duerme de verdad una persona y si lo est¨¢ pasando mal. Si comprueban que es as¨ª, que no tarden tantos meses en dar la ayuda¡±, pide.