Ninguna instituci¨®n investiga en Espa?a la pederastia del clero en el pasado pese a la inacci¨®n de la Iglesia

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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Ninguna instituci¨®n en Espa?a se siente aludida o competente para afrontar la investigaci¨®n de los casos de pederastia del pasado en la Iglesia cat¨®lica, dado que la jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica se niega a hacerlo. EL PA?S ha preguntado al Gobierno, a tres ministerios (Justicia, Presidencia y Derechos Sociales), a la Fiscal¨ªa General del Estado, al Defensor del Pueblo y a los principales partidos pol¨ªticos del Congreso: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV. Pero la respuesta general es el silencio o alegar la falta de competencias adecuadas para hacerlo. Solo Unidas Podemos se ha mostrado a favor de instaurar una comisi¨®n de la verdad desde el propio Estado, al estilo de las instituidas en muchos pa¨ªses, para ponerse a disposici¨®n de las v¨ªctimas y obtener cifras del fen¨®meno. Afirma que como primer paso pedir¨¢ la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria. ¡°Por dignidad y derechos humanos esto deber¨ªa contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura es que si la Fiscal¨ªa no inicia las investigaciones, el Estado tendr¨ªa que abrir un procedimiento para las v¨ªctimas. Porque mantener y apuntalar el silencio es una merma democr¨¢tica importante¡±, afirma Sof¨ªa Casta?¨®n, portavoz adjunta del grupo parlamentario. Tambi¨¦n se?ala la posibilidad de ¡°abrir una oficina por parte de la Fiscal¨ªa General del Estado para recoger denuncias an¨®nimas de v¨ªctimas¡±.

La publicaci¨®n este martes en Francia de un informe sobre los abusos sexuales a menores y su encubrimiento en la Iglesia de este pa¨ªs, con 330.000 v¨ªctimas en las ¨²ltimas siete d¨¦cadas, ha vuelto a poner sobre la mesa el problema de c¨®mo abordar la cuesti¨®n en Espa?a. En Francia este demoledor estudio hab¨ªa sido encargado por la Conferencia Episcopal a una comisi¨®n independiente, pero los obispos espa?oles ya han repetido varias veces que no piensan abrir ninguna investigaci¨®n. La semana pasada admitieron que no tienen una disposici¨®n ¡°proactiva¡±. Ante esta actitud, en otros pa¨ªses ha sido el Estado quien ha tomado la iniciativa para que la magnitud de lo ocurrido saliera a la luz, bien el Gobierno (Irlanda), el Parlamento (B¨¦lgica), o la Fiscal¨ªa (Chile). ?Qui¨¦n podr¨ªa hacerlo en Espa?a? Nadie, afirman todas las instituciones consultadas.

Para las v¨ªctimas es desesperante. ¡°Son los Gobiernos los que tienen que enfrentarse y perseguir un delito estratosf¨¦rico. No puede ser que nadie haga nada, alguien tiene que tomar la iniciativa¡±, lamenta Manuel Barbero, padre de un alumno de maristas en Catalu?a que fue v¨ªctima de abusos. Fue quien se moviliz¨® para encontrar a otros afectados, llev¨® el caso a los tribunales y obtuvo una indemnizaci¨®n de 400.000 euros para 25 personas. ¡°No puede ser que yo haya tenido que perseguir solo a esta gente, con un desgaste personal y emocional terrible. Si no, no hubiera ocurrido nada. ?Por qu¨¦ tienen que ser personas individuales cuando es el Estado el que tiene que pegar un pu?etazo en la mesa? Para investigar, hacer p¨²blicos los hechos y reconocer a las v¨ªctimas¡±.

Miguel Hurtado, la v¨ªctima que destap¨® el caso de la abad¨ªa de Montserrat, cree que el mejor modelo ser¨ªa una comisi¨®n de investigaci¨®n estatal y que no se limite solo a la Iglesia cat¨®lica, sino que indague en el abuso de menores en todas las instituciones, como ocurri¨® en Australia. ¡°Pero el problema en Espa?a tambi¨¦n es la nula credibilidad de las instituciones para las v¨ªctimas en este asunto. ?Qu¨¦ pol¨ªtico ha alzado la voz contra la pederastia en la Iglesia en los ¨²ltimos a?os? Por eso podr¨ªa ser una comisi¨®n avalada por un organismo externo, como el Consejo de Europa o Naciones Unidas¡±, reflexiona. Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Pol¨ªticas de Infancia de Save The Children, cree que ¡°no hay voluntad pol¨ªtica¡± para afrontar una investigaci¨®n desde las instituciones, pero que en todo caso es cierto que no est¨¢ nada claro qui¨¦n tendr¨ªa competencia para hacerlo. ¡°Deber¨ªa ser la Iglesia¡±, opina.

Fuentes de La Moncloa admiten que en Espa?a no hay ninguna iniciativa en ese sentido. Se remiten al principio de separaci¨®n de poderes y a la independencia del poder judicial. El Ministerio de Justicia repite el mismo argumento: ¡°En virtud del principio de separaci¨®n de poderes y por respeto a la independencia del poder judicial, el poder ejecutivo debe abstenerse de investigar los delitos, para cuyo conocimiento son competentes de forma exclusiva y excluyente los juzgados y tribunales. Seg¨²n se establece en el art¨ªculo 124 de nuestra Constituci¨®n, corresponde al ministerio fiscal promover la acci¨®n de la justicia en defensa de la legalidad (...). Y, por tanto, habr¨¢ de ser esta instituci¨®n, junto con los tribunales, quien, cuando tenga conocimiento de la existencia de posibles hechos delictivos, promueva el inicio de las investigaciones pertinentes¡±. No obstante, este razonamiento no responde a la clave del problema: c¨®mo conocer los casos del pasado que ya est¨¢n prescritos y ning¨²n tribunal va a investigar. Fuentes de la Fiscal¨ªa reiteran que su ¨¢mbito de actuaci¨®n es el procesal, ¡°sin perjuicio de que haya una investigaci¨®n m¨¢s all¨¢ de lo procesal, pero eso cae fuera de nuestras competencias¡±.

Tambi¨¦n se declara incompetente el Ministerio de Presidencia, donde fue a parar la Direcci¨®n General de Asuntos Religiosos que hasta 2020 estaba adscrita al de Justicia. Y lo mismo se?ala el de Derechos Sociales, que incluye la Direcci¨®n General de Infancia. No obstante, en este ministerio, dirigido por Ione Belarra, de Unidas Podemos, reivindican la ley de protecci¨®n de la infancia, aprobada este a?o y que retras¨® los plazos de prescripci¨®n del delito, una de las principales exigencias de las v¨ªctimas.

En realidad, el Ministerio de Justicia s¨ª hizo algo en 2019, cuando estaba al frente Dolores Delgado. Ha sido el ¨²nico intento hasta ahora en Espa?a de encarar la cuesti¨®n. Ante la alarma social por la continua sucesi¨®n de casos en la prensa, Justicia solicit¨® a los obispos espa?oles los datos que tuvieran sobre los abusos en la Iglesia, pero la Conferencia Episcopal (CEE) simplemente se neg¨® a d¨¢rselos. El ministerio pidi¨® entonces un informe a la Fiscal¨ªa General del Estado, un documento que en junio de 2019 diagnostic¨® que, ante la ¡°opacidad¡± de la Iglesia, el Estado deb¨ªa intervenir de alg¨²n modo. Sugiri¨® crear una comisi¨®n nacional de investigaci¨®n y puso como ejemplo las formadas en Holanda y Australia. En estos pa¨ªses, como en otros, se crearon comisiones independientes que investigaron los casos durante a?os, abrieron canales para que las v¨ªctimas pudieran aportar su testimonio, realizaron miles de entrevistas y entregaron un informe final exhaustivo. Despu¨¦s, las v¨ªctimas fueron indemnizadas. Es m¨¢s, la Fiscal¨ªa apunt¨® en el informe su compromiso para ¡°colaborar e implicarse en las iniciativas que pudieran desarrollarse en nuestro pa¨ªs para obtener un conocimiento hist¨®rico¡± del problema. Pero ese informe ha acabado en un caj¨®n. Ni en el Ministerio de Justicia ni en la Fiscal¨ªa General del Estado, donde ahora est¨¢ la propia exministra de Justicia, saben nada. Han pasado m¨¢s de dos a?os y la ¨²nica contabilidad sobre los abusos en la Iglesia en Espa?a es la que lleva EL PA?S, una base de datos que se hizo p¨²blica el pasado mes de abril, actualizada peri¨®dicamente y que en este momento registra 358 casos con 908 v¨ªctimas.

Ejemplos internacionales

En cuanto al Defensor del Pueblo, se?ala que su labor es ¡°supervisar a las administraciones, no est¨¢ entre sus funciones investigar delitos o supervisar a instituciones privadas¡±. En todo caso, valora la iniciativa de la Conferencia Episcopal en Francia de crear una comisi¨®n independiente y ¡°ve con buenos ojos las v¨ªas iniciadas en otros pa¨ªses europeos de crear comisiones en sus parlamentos¡±. Recuerda que ¡°una sociedad justa tiene que apoyar el esclarecimiento de cualquier delito¡±.

Muchos pa¨ªses han ensayado distintas f¨®rmulas para conocer la magnitud del fen¨®meno de la pederastia en la Iglesia cat¨®lica. Australia es uno de los ejemplos de referencia. Por petici¨®n de la primera ministra Julia Gilliard, el gobernador general de la Commonwealth de Australia cre¨® en 2013 una comisi¨®n real. En 2017, present¨® un informe donde se?al¨® casi 5.000 casos cometidos por 1.800 cl¨¦rigos. El Gobierno destin¨® 40 millones de d¨®lares (unos 34,5 millones de euros) y la Iglesia se comprometi¨® a reparar a las v¨ªctimas con indemnizaciones de hasta 150.000 d¨®lares australianos (algo m¨¢s de 94.000 euros).

En Irlanda, uno de los primeros Estados en actuar, el Gobierno cre¨® una comisi¨®n en 1999. En total, m¨¢s de 1.300 sacerdotes irlandeses han sido acusados de abusos de menores. En Alemania, el Gobierno cre¨® en 2010 una comisi¨®n independiente para apoyar a las v¨ªctimas de pederastia de cualquier instituci¨®n, recopilar informaci¨®n y dialogar con los pol¨ªticos sobre posibles reformas. En B¨¦lgica, el Parlamento cre¨® la Comisi¨®n para el Tratamiento de las Quejas por Abusos Sexuales en la Relaci¨®n Pastoral de B¨¦lgica, un ente independiente fundado en 2001 y presidido por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, que recopil¨® los casos de 475 v¨ªctimas de pederastia desde 1960, de las que 13 acabaron suicid¨¢ndose. Durante la investigaci¨®n, las autoridades belgas realizaron un registro en la sede episcopal de Malinas (Amberes) para confiscar archivos relevantes para la investigaci¨®n, aunque al poco tiempo un tribunal belga lo declar¨® ilegal.

En EE UU, en cambio, fue la Universidad de Justicia Criminal John Jay de Nueva York la que abri¨® una investigaci¨®n en 2004 que concluy¨® que, entre 1950 y 2002, al menos 4.392 cl¨¦rigos hab¨ªan abusado de m¨¢s de 10.600 personas. M¨¢s de una d¨¦cada despu¨¦s, en agosto de 2018, un informe de un gran jurado de Pensilvania revel¨® que 300 sacerdotes abusaron de unos 10.000 ni?os en las ¨²ltimas siete d¨¦cadas. El fiscal general del Estado, Josh Shapiro, concluy¨® que hubo ¡°un encubrimiento sistem¨¢tico por parte de altos funcionarios de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano¡±.