El aborto vuelve al Tribunal Supremo de Estados Unidos

La discusi¨®n sobre el acceso al aborto vuelve al Tribunal Supremo de Estados Unidos medio siglo despu¨¦s. Sus nueve jueces escuchar¨¢n este lunes los argumentos del Departamento de Justicia y de los proveedores de servicios abortivos contra la ley de Texas, que desde septiembre pr¨¢cticamente proh¨ªbe a las mujeres de un Estado del tama?o de Francia ejercer su derecho constitucional de interrumpir el embarazo.

El caso, de tintes t¨¦cnicos, es la primera toma de contacto con el asunto del alto tribunal, compuesto por una mayor¨ªa conservadora que dej¨® atada el expresidente Donald Trump en el tiempo de descuento de su mandato. M¨¢s adelante, el 1 de diciembre, los magistrados volver¨¢n sobre el tema con el examen a una restrictiva ley de Misisipi, en lo que puede ser el asalto definitivo a un derecho que data de 1973, cuando se sent¨® el precedente de la sentencia conocida como Roe contra Wade.

La ley del latido de Texas, como se conoce a la norma Senate Bill 8 (S.B. 8), en referencia a la supuesta pulsi¨®n del feto, proh¨ªbe el aborto a partir de la sexta semana, cuando la mayor¨ªa de mujeres a¨²n no conocen su estado. No contempla excepciones en casos de violaci¨®n o de incesto. Y fue dise?ada para esquivar el potencial bloqueo de los tribunales federales: Texas delega la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie y no a las autoridades estatales, quienes suelen ser los acusados en las demandas que buscan frenar una normativa inconstitucional. Cualquiera est¨¢ facultado para demandar civilmente a quien ¡°ayude o sea c¨®mplice¡± de un aborto, desde los miembros del personal de las cl¨ªnicas hasta el conductor del coche que traslade a la paciente a un centro de salud. Si ganan el caso, obtienen 10.000 d¨®lares.

La estrategia ¡°no solo es inusual, sino que no tiene precedentes¡±, seg¨²n el presidente del Supremo, John Roberts. El objetivo de la norma ¡°parece ser excluir al Estado de la responsabilidad de implementar y hacer cumplir la ley¡±, argument¨® cuando, junto a los tres jueces progresistas, vot¨® para bloquear la normativa draconiana a comienzos de septiembre, d¨ªas despu¨¦s de que entrara en vigor. Su postura perdi¨® frente a los cinco votos de sus pares conservadores. La progresista Sonia Sotomayor afirm¨® entonces que ¡°al prohibir a las autoridades estatales aplicar la ley directamente, el Legislativo local buscaba hacer m¨¢s complicado actuar a los tribunales federales¡± y ¡°evadir el escrutinio judicial¡±.

Las cl¨ªnicas para la interrupci¨®n del embarazo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lideran una batalla en los tribunales inferiores para prohibir, por un lado, que un ciudadano pueda presentar demandas contra los sanitarios y los supuestos c¨®mplices de un procedimiento y, por otro, que el sistema judicial de Texas las pueda recibir y cursar. La pregunta que tendr¨¢ que responder el Supremo este lunes no es si la ley del latido es inconstitucional, sino si puede acabar impugnada en los tribunales.

90 normas contra la interrupci¨®n del embarazo

En lo que va de 2021 se han promulgado 90 leyes estatales que restringen el aborto, m¨¢s que en cualquier a?o desde que se decidi¨® el caso Roe contra Wade, seg¨²n c¨¢lculos del Instituto Guttmacher, organizaci¨®n internacional que aboga por la libertad reproductiva. Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood, una de las redes de cl¨ªnicas de educaci¨®n sexual m¨¢s grandes de EE UU, explic¨® el viernes en conversaci¨®n telef¨®nica que teme un fallo del Supremo que permita que la legislaci¨®n texana suponga un espaldarazo para que otros feudos conservadores sigan sus pasos, como ya lo han hecho Georgia, Misisipi, Kentucky y Ohio. Todas esas iniciativas han sido frenadas por recursos judiciales.

El examen final a la sentencia Roe contra Wade llegar¨¢ cuando el alto tribunal discuta en diciembre la ley de Misisipi, que proh¨ªbe el aborto despu¨¦s de las 15 semanas de embarazo (en Espa?a, por ejemplo, no hay que justificarlo hasta la semana 14 y m¨¢s tarde hay supuestos que lo permiten). Entonces, el Supremo responder¨¢, por primera vez, si todas las prohibiciones antes de la viabilidad del feto son inconstitucionales. En 1973, los jueces argumentaron a favor de Norma McCorvey (en la causa conocida como Jane Roe), una mujer que solicit¨® a Texas poder interrumpir su embarazo, producto de una violaci¨®n. La sentencia entend¨ªa que el derecho a la privacidad era ¡°lo suficientemente amplio como para abarcar la decisi¨®n de interrumpir su embarazo¡± y despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas de gestaci¨®n, cuando se calcula que el feto es viable, es decir, que si se provoca el parto o este se adelanta, ha habido el suficiente tiempo de gestaci¨®n para que el beb¨¦ salga adelante (hay casos cl¨ªnicos muy raros de beb¨¦s de 21 semanas que han sobrevivido).

Diana Salgado, abogada para pleitos sobre pol¨ªtica p¨²blica y leyes de Planned Parenthood explica que ¡°EE UU tiene un sistema de derecho anglosaj¨®n, lo que implica que las decisiones judiciales se basan en la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n y se convierten en precedentes judiciales. Esto implica que ciertos derechos o protecciones no est¨¢n codificados en leyes o estatutos, sino protegidos a nivel federal por el precedente judicial del Tribunal Supremo. Pero ¡ªcontin¨²a¡ª ¡°dado el car¨¢cter interpretativo del precedente judicial, una decisi¨®n que fue interpretada de una forma puede luego ser interpretada de otra por otros jueces, especialmente cuando hay diferencias ideol¨®gicas, y ser derogada tambi¨¦n m¨¢s adelante; exponiendo el car¨¢cter fr¨¢gil de algunos derechos, en este caso el derecho al aborto¡°.

Ya hay 12 Estados con leyes a punto para prohibir inmediatamente todos los abortos y enjuiciar a quienes ayudan a las mujeres a llevarlos a cabo si el Supremo deroga Roe contra Wade. Eso implicar¨ªa el triunfo de la lucha de los antiabortistas, que llevan d¨¦cadas peleando en este pa¨ªs por cambiar la ley. Tambi¨¦n ser¨ªa un claro ejemplo de que la conquista de los derechos no es siempre un camino sin retorno.