Las menores de edad son las m¨¢s perseguidas por el delito de aborto en Colombia

El 10 de julio de 2020 el mundo segu¨ªa paralizado por la pandemia de coronavirus. En un peque?o pueblo de Santander, en el oriente de Colombia, una adolescente de 15 a?os quedaba marcada por el sistema judicial: ¡°homicidio en grado de aborto¡±. Meses antes, una ma?ana de enero, la menor fue hallada en el ba?o de su casa sangrando, despu¨¦s de tomar un medicamento abortivo. Estaba embaraza de siete meses. El relato, detallado en un expediente judicial al que ha tenido acceso este diario, dice que la Polic¨ªa las traslad¨® a ella y al beb¨¦ a una cl¨ªnica; que la joven jam¨¢s le cont¨® a su familia que estaba embarazada por temor a su reacci¨®n; que el beb¨¦ falleci¨® y que ella acept¨® los cargos.

Ni la Fiscal¨ªa, ni la Defensora de Familia ni el juez se preocuparon por el estado de salud de la menor, tampoco por si se encontraba dentro de las tres causales permitidas para abortar en Colombia desde 2006: si hab¨ªa sido abusada, si el embarazo hab¨ªa puesto en riesgo su vida o ten¨ªa alguna malformaci¨®n. En su lugar, el fiscal aleg¨® que no le importaba si llevaba ¡°un d¨ªa, una semana, siete u ocho meses (de embarazo)¡±, y rega?¨® a los padres: ¡°Lo que m¨¢s extra?a es ver lo que hizo una hija de un matrimonio cat¨®lico¡±, les dijo.

En Colombia, el C¨®digo Penal ordena penas de entre 16 y 54 meses a las mujeres que aborten, pero las menores tienen un r¨¦gimen especial. La adolescente fue condenada a libertad asistida y a recibir tratamiento psicol¨®gico y terap¨¦utico para ¡°orientar al menor a controlar sus impulsos sexuales¡±.

No se trata de un caso aislado. A comienzos de 2016, en la ciudad fronteriza de C¨²cuta, otra menor sent¨ªa que el mundo le ca¨ªa encima. Ten¨ªa un retraso. ¡°Estaba estudiando y la situaci¨®n econ¨®mica en mi casa era muy precaria¡±, dijo ante un juzgado, en el que narr¨® que empez¨® a investigar c¨®mo interrumpir su embarazo de seis semanas ¡°sin tanto riesgo¡±. ¡°Mientras averiguaba, di con una p¨¢gina de internet y los contact¨¦. Quien me respondi¨® me dijo que enviara 80.000 pesos (21 d¨®lares). Cuando confirmaron mi giro, me enviaron las pastillas con un domiciliario y me dieron las indicaciones¡±, cont¨® la adolescente de 17 a?os. Tras dos d¨ªas con c¨®licos y sangrado decidi¨® acudir a una cl¨ªnica. All¨ª determinaron que ten¨ªa un aborto retenido y, al ver que era menor de edad, llamaron a la Polic¨ªa.

Una historia similar a la de otra joven de 17 a?os, que acudi¨® al hospital con complicaciones y fue denunciada por una enfermera, o a la de una de 15 que, tras un a?o de agotador proceso judicial, acept¨® los cargos. Los ingredientes que se unen en casi todas las historias de menores judicializadas por abortar son similares. Datos sacados de internet de fiabilidad dudosa, vendedores de pastillas, falta de informaci¨®n que pone en riesgo sus vidas, patrulleros que interrogan, m¨¦dicos o enfermeras que las denuncian, defensores de familia, fiscales o jueces que las obligan a largos procesos judiciales.

De acuerdo con un informe de la Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer y de la Universidad de los Andes, las menores de edad son m¨¢s perseguidas y sancionadas por el delito de aborto que las mujeres de otros rangos de edad. De acuerdo con el estudio La criminalizaci¨®n del aborto en Colombia, de las 355 sentencias condenatorias contra mujeres entre 2006 y 2019 en el pa¨ªs, 81 corresponden a menores de 14 a 17 a?os. ¡°El 12,5% de los casos perseguidos (5.737 investigaciones por aborto) involucran a mujeres menores de edad, el 25% de las finalmente condenadas (estrictamente se usa la expresi¨®n sancionadas) son menores¡±, asegura el documento.

Para el movimiento feminista Causa Justa, que agrupa a casi 100 organizaciones de mujeres, la eliminaci¨®n del delito de aborto en el C¨®digo Penal que estos d¨ªas estudia la Corte Constitucional permitir¨ªa que adolescentes como estas tuvieran informaci¨®n segura en cl¨ªnicas legales que no pusieran en riesgo sus vidas.

Desde el punto de vista de la salud se podr¨ªan evitar muertes maternas, afirma la ginecobstetra Laura Gil, del Grupo M¨¦dico por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que llev¨® el caso ante la Corte para que elimine el delito. ¡°En estos doce a?os de despenalizaci¨®n parcial ten¨ªamos la Ley para evitar 500 muertes maternas y las barreras lo impidieron. Con la eliminaci¨®n del delito disminuir¨ªamos much¨ªsimo los abortos inseguros¡±, dice.

Desde el ¨¢mbito legal, tambi¨¦n se evitar¨ªan costosos procesos que no contribuyen a evitar o disuadir a las mujeres del aborto, como explica Catalina Mart¨ªnez, directora para Am¨¦rica Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. ¡°Hay un uso excesivo del derecho penal en relaci¨®n con el aborto y est¨¢ demostrado que el delito no es eficaz ni ha servido para proteger la gestaci¨®n¡±.

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