El Gobierno plantea que en el plazo de tres a?os ninguna residencia ni centro de d¨ªa inmovilice a los mayores

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que los mayores y las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de d¨ªa no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitaci¨®n. As¨ª consta en el ¨²ltimo borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigir¨¢n a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo m¨¢ximo de tres a?os tras la entrada en vigor de este texto, que a¨²n se est¨¢ negociando, los centros hayan implementado un plan de atenci¨®n libre de sujeciones, que contemplar¨¢ su ¡°su...

El Gobierno tiene como objetivo avanzar hacia las sujeciones cero, es decir, que los mayores y las personas dependientes que viven en residencias o asisten a centros de d¨ªa no sean inmovilizados ni sedados para reducir su agitaci¨®n. As¨ª consta en el ¨²ltimo borrador de trabajo sobre los nuevos requisitos que se exigir¨¢n a los servicios de dependencia, donde el Ministerio de Derechos Sociales plantea que en un plazo m¨¢ximo de tres a?os tras la entrada en vigor de este texto, que a¨²n se est¨¢ negociando, los centros hayan implementado un plan de atenci¨®n libre de sujeciones, que contemplar¨¢ su ¡°supresi¨®n total y segura¡±.

Solo podr¨¢n usarse de manera excepcional, cuando no haya ninguna otra alternativa ante un peligro que debe ser inminente. En el documento tambi¨¦n se a?aden cambios respecto al anterior borrador, como una subida de las ratios de personal en las residencias de mayores, la limitaci¨®n a un m¨¢ximo de 50 plazas en las de discapacidad (frente a 90 en las de ancianos) y se propone un plazo para que los centros y servicios actualmente en funcionamiento se adec¨²en al nuevo modelo: dispondr¨¢n de siete a?os, a excepci¨®n de los recursos p¨²blicos de gesti¨®n privada, en cuyo caso se esperar¨¢ a que acabe el contrato para implementar las modificaciones.

Una negociaci¨®n compleja

La negociaci¨®n es compleja y a tres bandas. Por un lado, el texto se ha ido discutiendo con la mesa de di¨¢logo social, que se ha reunido este viernes y donde se sientan patronales y sindicatos. Por otro, con la de di¨¢logo civil, que aglutina a asociaciones, familiares de usuarios y expertos en el sector. Y, por ¨²ltimo, con las comunidades aut¨®nomas, a las que se entregar¨¢ este ¨²ltimo borrador para comenzar a abordarlo con ellas y que, al ser las competentes en la gesti¨®n, tienen la llave para que este acuerdo salga adelante. Es probable, por tanto, que el texto sufra nuevas modificaciones. El objetivo es que el pacto definitivo se pueda alcanzar a lo largo de este primer trimestre en el consejo territorial que re¨²ne a los gobiernos auton¨®micos y a Derechos Sociales.

La necesidad de un nuevo modelo de atenci¨®n lleva tiempo sobre la mesa, y se ha acentuado a ra¨ªz de la pandemia, cuando se evidenciaron las debilidades del sistema. De hecho, muchas autonom¨ªas han sacado adelante modificaciones normativas en esta l¨ªnea. La tarea del Gobierno es la de coordinaci¨®n, y este documento fijar¨¢ un m¨ªnimo com¨²n en todos los servicios de dependencia que se presten en el pa¨ªs. El anterior pacto, de 2008, es mucho m¨¢s escueto. El documento fija requisitos para residencias, centros de d¨ªa, ayuda a domicilio y teleasistencia.

Varias fuentes consultadas, conocedoras de la negociaci¨®n, han manifestado su inquietud sobre la forma en que se financiar¨¢n estos cambios. La Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, miembro de la mesa de di¨¢logo civil, considera clave que haya un an¨¢lisis de costes y una memoria econ¨®mica que garantice que puedan implementarse. Es la misma idea en la que insiste Cinta Pascual, presidenta de la patronal de dependencia Ceaps. ¡°Estamos a favor de que haya una transformaci¨®n, pero preocupad¨ªsimos por la financiaci¨®n¡±, afirma.

No hay una partida espec¨ªfica prevista para este acuerdo marco, pero la financiaci¨®n estatal de la dependencia ha recibido una inyecci¨®n de 1.800 millones de euros entre 2021 y 2022, la mayor desde que se aprob¨® la ley (tambi¨¦n hay m¨¢s de 3.000 millones previstos para cuidados de larga duraci¨®n de los fondos europeos, entre 2021 y 2023). Parte de esa financiaci¨®n est¨¢ vinculada al cumplimiento de un plan de choque que, entre sus medidas, incluye precisamente la aprobaci¨®n de este acuerdo sobre los requisitos m¨ªnimos que deben cumplir los servicios del sistema de la dependencia.

Los borradores que han trascendido hasta ahora siempre han hecho hincapi¨¦ en que los atendidos en el sistema de la dependencia tienen derecho a recibir ¡°una atenci¨®n libre de sujeciones, ya sean estas f¨ªsicas, mec¨¢nicas, qu¨ªmicas o farmacol¨®gicas¡±. Se desconoce el n¨²mero exacto de personas que son inmovilizadas en estos centros, pero seg¨²n estimaciones de la confederaci¨®n de asociaciones de mayores CEOMA pueden ser unas 55.000. En las ¨²ltimas semanas, se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados en residencias.

Este ¨²ltimo texto establece que los planes para eliminar las sujeciones de los centros de d¨ªa y residencias tendr¨¢n que aprobarlos los servicios de inspecci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Solo ser¨¢n admisibles ante situaciones ¡°excepcionales y de urgente necesidad¡± en las que exista un ¡°peligro inminente¡± para usuarios u otras personas y tras constatar el fracaso de otras medidas alternativas, que deber¨¢n quedar documentadas. Se incide en que ser¨¢ necesario un consentimiento informado (ya es un requisito), que no puede ser gen¨¦rico ni diferido en el tiempo. Ser¨¢ obligatorio informar a la Fiscal¨ªa, que este enero emiti¨® una instrucci¨®n en la que se insta a los fiscales a aumentar el control sobre estas pr¨¢cticas.

Que los centros se adapten a la persona

En el documento se plantea un cambio de paradigma: que sean los centros y servicios quienes se adapten a las personas, y no al rev¨¦s. Lo que se conoce como atenci¨®n centrada en la persona, un concepto con el que ya funcionan algunos servicios, aunque el panorama es muy dispar. Seg¨²n el texto, todos los usuarios del sistema de la dependencia dispondr¨¢n de un plan personalizado de atenciones, en el que se tenga en cuenta sus preferencias y necesidades.

En residencias de mayores, el tama?o m¨¢ximo para los centros que se construyan tras la entrada en vigor del acuerdo se fija en 90 plazas, con un 65% de habitaciones individuales, y los ya existentes deber¨¢n adecuarse en un plazo de siete a?os, dividi¨¦ndose en unidades independientes entre s¨ª y hasta alcanzar un 35% de habitaciones individuales. En residencias de discapacidad el l¨ªmite m¨¢ximo ser¨¢ de 50 plazas. Este era el establecido en un primer borrador para todas las residencias, pero patronales de dependencia se quejaron de que ser¨ªa insostenible. Habr¨¢ unidades de convivencia de un m¨¢ximo de 15 personas que tendr¨¢n un funcionamiento tipo hogar, en donde habr¨¢ una cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un ¨¢rea exterior, como una terraza o jard¨ªn. Deben ubicarse en suelo urbano, promoviendo las relaciones cotidianas con la comunidad.

En cuanto a las ratios, el ministerio propone, en primer lugar, que pasen a calcularse por jornadas completas de trabajo, y no por n¨²mero de contratados. En segundo lugar, habla de personal de atenci¨®n directa de primer nivel ¡ªauxiliares y gerocultores¡ª, de atenci¨®n directa de segundo nivel ¡ªgraduados universitarios de las ramas social y sanitaria¡ª y de atenci¨®n indirecta, que agrupa al resto de la plantilla.

A principios de febrero, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias mostr¨® su decepci¨®n con el anterior borrador en la mesa de di¨¢logo civil, especialmente en cuanto a las ratios. Las consideraban insuficientes y alertaban de que, al pasar a calcularse sobre el n¨²mero de plazas ocupadas (aunque nunca podr¨¢ bajarse del 80%) en lugar del total de plazas, pod¨ªa ocurrir que hubiera centros a los que en 2023, con la propuesta que se hac¨ªa para auxiliares, se les exigiera menos personal que el que se establec¨ªa en el acuerdo de 2008. Este ¨²ltimo borrador eleva aquella propuesta.

El texto plantea que las ratios vayan escalando en 2023, 2025 y 2027: de 0,35 a 0,43 para gerocultores y auxiliares en residencias de mayores (es decir, 35 o 43 jornadas completas de personal de atenci¨®n directa de primer nivel por cada 100 residentes), una cifra que para personas con discapacidad se sit¨²a en 0,42 en 2023 ¡ªen el anterior texto ya se preve¨ªa 0,50 en 2025¡ª, y 0,50 en 2027.

Ese 0,43 implicar¨ªa, para una unidad en que convivan 15 mayores, que habr¨ªa cinco trabajadores: dos en el turno de ma?ana, dos en el turno de tarde y uno en el de noche. En atenci¨®n directa global, es decir, tambi¨¦n incluyendo a graduados universitarios como trabajadores sociales o enfermeros, se plantea llegar a 0,51 en 2027 en residencias de mayores y 0,58, de personas con discapacidad.

Alejandro G¨®mez, consultor que ha estudiado las normativas auton¨®micas ¡ªuna de las patronales de la dependencia, Ceaps, public¨® sus conclusiones en un reciente estudio¡ª asegura que el borrador supone una mejora de las ratios respecto a los promedios estatales, aunque en su opini¨®n deber¨ªan diferenciar por tipolog¨ªas de dependencia, ya que en el futuro habr¨¢ usuarios con cada vez m¨¢s necesidades de apoyo. Los familiares siguen considerando insuficiente la nueva propuesta y piden equipararlas a las de discapacidad.

El documento tambi¨¦n exige al menos un inspector por cada 25 residencias (independientemente de que tambi¨¦n deban supervisar centros de d¨ªa u otros servicios sociales), en lugar de uno por cada 30, que se establec¨ªa en el anterior texto. Los familiares hab¨ªan pedido 1 por cada 15. Seg¨²n los datos recopilados el a?o pasado por EL PA?S, solo tres comunidades (Asturias, Catalu?a y Extremadura) superaban de media el umbral de 25 residencias por cada trabajador del servicio de inspecci¨®n en ese momento. Se constituir¨¢ un grupo t¨¦cnico de trabajo que, en el plazo de un a?o, fijar¨¢ est¨¢ndares comunes para medir la calidad de los servicios, cuyos resultados deber¨¢n ser p¨²blicos. Actualmente no hay nada parecido.

En el borrador tambi¨¦n se propone incluir a familiares en los consejos de participaci¨®n de usuarios de residencias, siempre que los residentes lo estimen oportuno. En cuanto a la ayuda a domicilio, se indica que al menos el 5% de la jornada de los auxiliares se deber¨¢ dedicar a labores de coordinaci¨®n y que el desplazamiento de los trabajadores no contar¨¢ como tiempo de atenci¨®n, aunque s¨ª como parte de su jornada.