El Gobierno propone que las nuevas residencias tengan al menos un 65% de habitaciones individuales

La negociaci¨®n para fijar los requisitos m¨ªnimos exigibles a los servicios de atenci¨®n a la dependencia en toda Espa?a sigue en marcha. El Ministerio de Derechos Sociales tendr¨¢ que pactarlos con las comunidades aut¨®nomas, competentes en la materia, pero tambi¨¦n los est¨¢ discutiendo, por un lado, con patronales y sindicatos y, por otro, con asociaciones y expertos en el sector. Un borrador de trabajo, al que ha tenido acceso EL PA?S, propone que las residencias que se construyan a partir de la entrada en vigor de estos cambios tengan un m¨¢ximo de 90 plazas (un documento anterior las fijaba en 50) y al menos un 65% de las habitaciones individuales, y establece la creaci¨®n de ¨®rganos de participaci¨®n de los residentes. Tambi¨¦n indica que los centros se dividir¨¢n en unidades de convivencia de un m¨¢ximo de 15 personas que incluir¨¢n cocina, comedor, sala de estar y, preferentemente, acceso a un ¨¢rea exterior, como una terraza o jard¨ªn. El objetivo es que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar.

El departamento que dirige Ione Belarra plante¨® como una de las medidas a desarrollar dentro del plan de choque en dependencia aprobado el a?o pasado que se llegara a un nuevo acuerdo que fije los requisitos m¨ªnimos que deben cumplir en todo el pa¨ªs los servicios incluidos en el sistema. El acuerdo marco actual, publicado en 2008, es muy escueto. El objetivo es lograr uno nuevo durante el primer trimestre de este a?o. Debe aprobarlo el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que re¨²ne a las autonom¨ªas y al ministerio. Si bien muchas comunidades est¨¢n emprendiendo ya modificaciones normativas para fomentar un cambio en el modelo de atenci¨®n, el ministerio tiene el papel de coordinaci¨®n.

Fuentes de Derechos Sociales precisan que los borradores que han trascendido son documentos internos de trabajo, que seguir¨¢n sufriendo modificaciones. En el ¨²ltimo documento, fechado este enero, se indica espec¨ªficamente, por ejemplo, que a¨²n est¨¢ por decidir qu¨¦ plazo se da a los servicios que ya operan en el sistema para adaptarse a los cambios. Y las ratios probablemente se seguir¨¢n discutiendo, seg¨²n fuentes conocedoras de las negociaciones. Lo que es seguro es que el borrador habla de un cambio en el modelo de atenci¨®n. Dos de sus principios rectores ser¨¢n la dignidad de los usuarios y la atenci¨®n centrada en la persona. Se mencionan los servicios de residencias, centros de d¨ªa, ayuda a domicilio y teleasistencia. Todos deber¨¢n contar con una gu¨ªa sobre la elaboraci¨®n de planes personales de atenci¨®n a cada usuario.

Respecto a las residencias, tanto de personas con discapacidad como de mayores, el borrador establece que los centros ya en funcionamiento o en proceso de acreditarse para operar dentro del sistema deber¨¢n contar con un plan de adecuaci¨®n para dividirse en unidades independientes entre s¨ª, de forma que ninguna supere las 90 plazas en un plazo a¨²n por determinar. Tras hacerse p¨²blico el pasado diciembre el anterior borrador, en el que se mencionaba que el tama?o m¨¢ximo de los futuros centros se fijar¨ªa en 50 plazas, patronales de la dependencia criticaron que el modelo ser¨ªa insostenible. En esta nueva versi¨®n se ha elevado. Seg¨²n datos del CSIC, en 2020 m¨¢s de la mitad de las plazas de residencias de mayores en Espa?a estaban en centros que superaban las 100. Las residencias ya construidas deber¨¢n disponer de al menos un 35% de habitaciones individuales, por lo que tendr¨¢n que adecuar su capacidad m¨¢xima.

Actualmente, no hay una indicaci¨®n com¨²n para todo el pa¨ªs respecto al n¨²mero de habitaciones individuales, y aunque hay comunidades que lo regulan (por ejemplo, una reciente ley navarra establece que en los centros de nueva construcci¨®n este porcentaje se eleva al 80%), otras no lo hacen. Las personas atendidas en el sistema de dependencia tienen derecho a recibir una atenci¨®n libre de sujeciones, ya sean f¨ªsicas, mec¨¢nicas, qu¨ªmicas o farmacol¨®gicas, que deber¨¢n acreditar con un plan espec¨ªfico. Las inmovilizaciones deben ser excepcionales y temporales, dado los riesgos que entra?an a nivel f¨ªsico y emocional. En las ¨²ltimas semanas se ha conocido la muerte de dos ancianos cuando estaban inmovilizados con correas en residencias. Seg¨²n el nuevo borrador, tanto residencias como centros de d¨ªa deber¨¢n comprometerse formalmente a tener un plan para cumplir esta exigencia.

Cada centro contar¨¢ adem¨¢s con un ¨®rgano de participaci¨®n directa de los residentes, que ser¨¢ elegido democr¨¢ticamente y tendr¨¢ funciones asesoras, consultivas y de propuesta, algo que reivindicaba la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias que, sin embargo, reclama cambios en el documento: que se incluya tambi¨¦n a familiares y m¨¢s regulaci¨®n para conseguir que este ¨®rgano realmente sea operativo. Tambi¨¦n se precisa que los residentes tienen que poder personalizar sus espacios y que los centros deben promover ¡°al m¨¢ximo¡± la incorporaci¨®n de mobiliario y enseres personales, y facilitar la conexi¨®n a internet.

Se reforzar¨¢ la formaci¨®n del personal. Las ratios m¨ªnimas de atenci¨®n directa, tanto de auxiliares y gerocultoras como de profesionales graduados en las ramas sanitaria y social, se calcular¨¢n teniendo en cuenta las jornadas completas de trabajo. Y se elevan respecto al anterior borrador: hasta alcanzar un 0,48 en 2025 en residencias de mayores (48 jornadas completas de trabajadores de atenci¨®n directa por cada 100 residentes) y 0,58 en el caso de personas con discapacidad. El problema, en opini¨®n de la plataforma de familiares, es que este c¨¢lculo puede significar una disminuci¨®n del personal respecto a lo que se fijaba en el anterior borrador.

El motivo es que aquel primer documento establec¨ªa que las ratios de auxiliares y gerocultoras se calcular¨ªan sobre el total de plazas, pero ahora se precisa que se utilizar¨¢ ¡°el n¨²mero de plazas ocupadas en el centro hasta el l¨ªmite del 80% de las plazas acreditadas¡±. Es decir, que para determinar la ratio se contar¨¢n menos usuarios, seg¨²n explican las familias. Se pasar¨¢ a contar el nivel de ocupaci¨®n en lugar del n¨²mero de plazas. Fuentes conocedoras del borrador consideran que esta f¨®rmula, que creen compleja, requiere m¨¢s aclaraci¨®n.

En los centros de d¨ªa, las ratios disminuyen respecto al anterior documento y su capacidad m¨¢xima, que se fijaba en el anterior borrador en 100 plazas para los de nueva construcci¨®n, se reduce en este a 50. Los centros de d¨ªa ya existentes deber¨¢n presentar un plan de adecuaci¨®n que garantice ¡°atenci¨®n individualizada¡± en unidades independientes.

Los contactos con las partes implicadas en la negociaci¨®n se est¨¢n intensificando. Este martes se re¨²ne la mesa de di¨¢logo civil, que agrupa, adem¨¢s de a la plataforma de familiares, a entidades como el Consejo General del Trabajo Social, la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y Gerontolog¨ªa (SEGG), la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La pen¨²ltima semana de enero se reuni¨® la mesa de di¨¢logo social, que agrupa a sindicatos y patronal, y est¨¢ previsto que pr¨®ximamente se vuelvan a reunir.

Carlos Bravo, de CC OO, cree necesario que se vincule parte de la financiaci¨®n de la dependencia, que se ha visto incrementada en los dos ¨²ltimos a?os, a este acuerdo, para que pueda implementarse, as¨ª como que se refuerce la prestaci¨®n de servicios profesionales y que se mejoren las condiciones laborales. Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, de la Asociaci¨®n de Directores, incide en esta idea y reclama un an¨¢lisis de costes con memoria econ¨®mica para que las medidas planteadas ¡°no queden en papel mojado¡±. Jos¨¦ Augusto Garc¨ªa Navarro, presidente de la SEGG, sostiene que el acuerdo es un avance y que recoge una parte importante de las aportaciones realizadas para fijar un m¨ªnimo com¨²n en las autonom¨ªas. La plataforma de familiares se muestra decepcionada e insiste en que no se garantiza un n¨²mero suficiente de trabajadores ni la calidad de su formaci¨®n, y considera que el n¨²mero m¨ªnimo que se fija de inspectores (uno por cada 30 residencias acreditadas) es insuficiente, ellos ped¨ªan uno por cada 15. Seg¨²n los datos recopilados el a?o pasado por EL PA?S, solo tres comunidades (Asturias, Catalu?a y Extremadura) ten¨ªan de media m¨¢s de 30 residencias por cada trabajador del servicio de inspecci¨®n en ese momento.

Actualmente resulta imposible consultar las inspecciones que han recibido las residencias, el borrador del acuerdo prev¨¦ que sean p¨²blicas. En cualquier caso, la idea es que, adem¨¢s de las inspecciones de servicios sociales de las autonom¨ªas, una de cuyas principales cr¨ªticas es que son muy t¨¦cnicas y no se centran en c¨®mo viven las personas dependientes, haya una evaluaci¨®n de la calidad de todos los servicios del sistema de la dependencia, un proceso a¨²n por poner en marcha. Se crear¨¢ un grupo de trabajo permanente que propondr¨¢ indicadores comunes. En el plazo de 12 meses, el Consejo Territorial fijar¨¢ los indicadores y est¨¢ndares para evaluar la calidad, empezando por las residencias. El borrador propone ¡°un proceso por el cual un centro o servicio contar¨¢ con herramientas de autoevaluaci¨®n y manuales de implementaci¨®n¡± que se ¡°podr¨¢ someter a un procedimiento de verificaci¨®n externo¡±. Los resultados deben ser p¨²blicos.