Sale a la luz otra muerte de un mayor atado en una residencia

Hace dos a?os y medio del espantoso suceso pero nadie lo ha contado: un hombre muri¨® el 14 de julio de 2019 en la residencia de El ?lamo, aparentemente tratando de liberarse de las correas que lo sujetaban a la cama, seg¨²n ha sabido EL PA?S por fuentes de la Fiscal¨ªa de Madrid, que informa de que una jueza investiga la posible responsabilidad penal del personal de la residencia.

Este peri¨®dico revel¨® la semana pasada otra muerte por ataduras en otra residencia madrile?a que se hab¨ªa mantenido en silencio durante siete meses. Las asociaciones de mayores advierten de que los fallecimientos de este tipo que son conocidos pueden ser solo ¡°la punta del iceberg¡±, porque las autoridades judiciales y auton¨®micas, de las que depende la inspecci¨®n, no comunican por iniciativa propia estos casos. La Fiscal¨ªa General del Estado no dispone de datos oficiales de prevalencia ¡°porque en las estad¨ªsticas no se reflejan las circunstancias de las muertes¡±.

El caso de 2019 sigue vivo porque el juzgado ha pedido pr¨®rrogas a la instrucci¨®n para que no expirara por el per¨ªodo m¨¢ximo establecido por ley. Conoce de estos hechos la jueza del n¨²mero 4 de Navalcarnero, el partido judicial al que pertenece el peque?o municipio de El ?lamo (9.908 habitantes en el suroeste de la Comunidad de Madrid). El hombre, cuya identidad no ha podido conocer este peri¨®dico, muri¨® de rodillas, con el cuerpo sobre la barandilla que rodeaba su cama.

Las asociaciones de mayores llevan casi dos d¨¦cadas pidiendo el fin de las sujeciones porque consideran que atentan contra la dignidad de las personas y causan da?os f¨ªsicos y psicol¨®gicos. Las ataduras pueden llegar a causar la muerte, explican, cuando las personas se estrangulan involuntariamente con ellas. Los mecanismos de sujeci¨®n son diversos y pueden atar a la persona por la cintura, el t¨®rax, las manos, los pies y la cabeza. Decenas de miles de mayores, sobre todo aquellos que sufren alzh¨¦imer avanzado o esquizofrenia, son atados a diario en las residencias espa?olas. Para amarrar a un residente, las leyes estatales y auton¨®micas exigen el consentimiento informado del mayor o su familia y la prescripci¨®n de un m¨¦dico, una orden que en muchas ocasiones viene del propio facultativo de plantilla de las residencias.

Un centro con 303 plazas

La residencia de San Juan de Dios es un centro privado con 303 plazas, una de las mayores de la Comunidad de Madrid por n¨²mero de residentes. La direcci¨®n defiende su ausencia de responsabilidad en el suceso. ¡°No somos responsables de nada en absoluto, ya que esta residencia siempre ha cumplido la legalidad exigible en todo momento. El centro est¨¢ colaborando en todo lo que se nos requiere, y as¨ª seguiremos haci¨¦ndolo por el bienestar de nuestros residentes, esperando se aclare y solvente esta cuesti¨®n a la menor brevedad posible¡±, ha manifestado a este peri¨®dico la directora, Soraya M¨ªguez Vicente.

La residencia fue sancionada en 2019 por la Comunidad de Madrid con 6.000 euros de multa, despu¨¦s de que una inspecci¨®n detectara que la plantilla era insuficiente para el tama?o del centro. En 2017 tambi¨¦n fue sancionada con otra multa de 3.000 euros por incumplir las normas que regulan el sector. Con todo, en su web se precia de tener el sello de calidad Madrid Excelente, un sello del Gobierno auton¨®mico que pueden solicitar las empresas de la regi¨®n. Fuentes del sector de las residencias consultadas destacan que desde su fundaci¨®n a mediados de los ochenta, San Juan de Dios ha sobresalido por introducir innovaciones de calidad. Por ejemplo ya en esa ¨¦poca la residencia contaba con un equipo de animadores socioculturales, una rareza por entonces.

El centro fue uno de los hogares colectivos m¨¢s golpeados durante la primera ola de la pandemia de coronavirus cuando murieron 82 personas, de los cuales solo 30 fueron trasladados al hospital Rey Juan Carlos de M¨®stoles, que como toda la red p¨²blica madrile?a aplic¨® un triaje que supuso la negaci¨®n de atenci¨®n sanitaria a miles de personas.

En junio, una mujer apareci¨® muerta y atada en su cama de la residencia de un pueblito madrile?o, Villa del Prado, seg¨²n cont¨® este peri¨®dico la semana pasada. Fuentes conocedoras del suceso revelaron que la mujer se ahorc¨® tratando de zafarse de las correas de sujeci¨®n y la informaci¨®n fue confirmada en un correo por un portavoz de Sacyr Social, la empresa que gestiona ese centro propiedad de la Comunidad de Madrid. ¡°Durante una ronda de medianoche, una de las residentes apareci¨® asfixiada en su cama con uno de los cinturones de sujeci¨®n¡±, dice ese correo.

Dos d¨ªas despu¨¦s, tras la indignaci¨®n que caus¨® la noticia de una muerte tan espeluznante, la empresa se puso en contacto con este peri¨®dico para retractarse de lo que hab¨ªa dicho. Seg¨²n el portavoz, la empresa hab¨ªa comprobado que el m¨¦dico que rellen¨® el certificado de defunci¨®n indic¨® que la mujer perdi¨® la vida ¡°por fallo multiorg¨¢nico que deriv¨® en una parada cardiorespiratoria¡±, sin especificar que se produjera una asfixia. Como han demostrado investigaciones m¨¦dicas, las personas fr¨¢giles tambi¨¦n pueden sufrir una muerte s¨²bita por la ansiedad de verse atadas. Al parecer, nunca se hizo una autopsia. La Fiscal¨ªa abandon¨® la investigaci¨®n en octubre.

Usadas por conveniencia o como castigo

Las residencias usan las ataduras con el argumento de evitar ca¨ªdas de los mayores, pero hay se?ales de que la tolerancia de la sociedad con estos m¨¦todos est¨¢ cambiando. Varias asociaciones en Espa?a piden la eliminaci¨®n de su uso o una reducci¨®n dr¨¢stica que limite su empleo a casos muy reducidos como cuando haya riesgo de autolesi¨®n, por ejemplo, en personas con esquizofrenia.

En una se?al de cambio de actitud ante estos m¨¦todos, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, distribuy¨® la semana pasada una instrucci¨®n que pide a los fiscales un mayor celo en las comprobaciones que deben hacer del uso de ataduras en residencias. El documento prescribe la ¡°excepcionalidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibici¨®n de exceso, debiendo aplicarse las contenciones con la m¨ªnima intensidad posible y por el tiempo estrictamente necesario¡±.

En su instrucci¨®n, Delgado pide a los fiscales una actuaci¨®n proactiva para retirar sujeciones cuando se compruebe que las residencias las est¨¢n usando por conveniencia o como castigo.

Las asociaciones que representan a familiares de residencias denuncian que las sujeciones son una pr¨¢ctica habitual debida a la escasez de personal. Las muertes ocultas no les sorprenden, ya que es un sector herm¨¦tico, dice Carmen L¨®pez, portavoz de la plataforma estatal de familiares Marea de Residencias.

¡°Tememos que haya m¨¢s casos porque poca gente lo denuncia y si se denuncia no llega a nada. Se considera accidente puntual. Revelar estas muertes puede ayudar a que los familiares se animen a contarlas¡±, afirma L¨®pez.

La asociaci¨®n madrile?a Pladigmare denuncia que las residencias convencen a los familiares con el argumento de que las sujeciones previenen ca¨ªdas, pero con ese pretexto abusan de ellas. ¡°En la mayor parte de las ocasiones es para desentenderse de residentes inquietos, desorientados o encamados¡±, critica el presidente de esta asociaci¨®n, Miguel V¨¢zquez.

¡°La falta de personal en nuestro pa¨ªs queda reflejada con el dato escalofriante de que, en Alemania, seg¨²n estudios publicados por la Junta de Castilla y Le¨®n, la cifra de trabajadores de atenci¨®n directa a un residente con el mayor grado de dependencia les da para cubrir cinco horas diarias. En Espa?a, la media no llega a dos horas¡±, dice V¨¢zquez. ¡°En Alemania han calculado, seg¨²n esos estudios, que necesitar¨ªan de 150.000 a 190.000 m¨¢s de personas de atenci¨®n directa, para atender como es debido a los mayores¡±.

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