La solidaridad del agua: una mirada

El a?o pasado el Observatorio de los Servicios P¨²blicos Urbanos (OSUR) firm¨® con C¨¢ritas un convenio de colaboraci¨®n para constatar cu¨¢l era la situaci¨®n real de las personas vulnerables en relaci¨®n con su derecho fundamental al agua. Bien s¨¦ que ese derecho humano, reconocido por Naciones Unidas, no aparece en la Constituci¨®n espa?ola, pero soy de los que piensan que no faltan argumentos para que, en su faceta m¨¢s existencial, pueda incluirse en el derecho a la vida (art¨ªculo 15 de la Constituci¨®n).

El resultado del estudio permite medir el nivel de solidaridad existente en la sociedad espa?ola acerca del aprovechamiento de un recurso natural, tan escaso como imprescindible, y comprobar el compromiso cierto de las Administraciones ¨Despec¨ªficamente, las municipales¨D y de las empresas (p¨²blicas, privadas o mixtas) que gestionan el servicio. C¨¢ritas indic¨® los par¨¢metros que orientaron la investigaci¨®n y OSUR se ocup¨® de verificar su cumplimiento en 34 ciudades relevantes de toda Espa?a, lo que resulta significativo, cuando menos, como indicador de tendencias.

No parece necesario recordar el progresivo incremento de la poblaci¨®n vulnerable en nuestro pa¨ªs, ni las cicatrices sociales producidas por la crisis econ¨®mica y la pandemia, o c¨®mo las cosas empeoran por la guerra en Ucrania.

El agua debe tener un precio que refleje y pondere equitativamente los costes de prestaci¨®n del servicio (tratamiento, estaciones de bombeo, redes de abastecimiento, control de calidad¡­) y el volumen consumido. Nadie ahorra lo que es gratis. Pero hay personas que no pueden pagar el recibo del agua y, por tanto, pueden verse privadas de un suministro esencial, al que tienen derecho.

En los barrios donde la media de personas vulnerables es mayor, en ocasiones no existen suficientes controles sobre la calidad del agua¡±

El Informe OSUR-C¨¢ritas parte del nivel m¨ªnimo de consumo (21 litros) por persona y d¨ªa fijado por Naciones Unidas (la media espa?ola se aproxima a los 132 litros, seg¨²n el INE). La primera y m¨¢s positiva conclusi¨®n que permite alcanzar el estudio es que en Espa?a, en los dos ¨²ltimos a?os, no ha habido cortes del suministro en relaci¨®n con personas y familias vulnerables. El examen de la situaci¨®n particular del usuario del servicio y, en su caso, su consideraci¨®n como vulnerable, se ha convertido en un presupuesto obligado que impide el corte autom¨¢tico por impago. En segundo lugar, puede afirmarse que, con car¨¢cter general, existen modelos escalados de bonificaciones que favorecen a las personas con menores recursos econ¨®micos. Las distintas ordenanzas municipales reflejan, de manera desigual, la preocupaci¨®n social y el esfuerzo por articular medidas para que nadie se quede sin agua, si bien solo algunas ciudades han desplegado una pol¨ªtica proactiva en relaci¨®n con este asunto (Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Pamplona, Huelva, entre otras).

Junto a lo anterior, conviven importantes zonas de penumbra que debieran subsanarse. Una de ellas, f¨¢cil de resolver, es la dificultad de la persona usuaria para acceder de forma sencilla y clara a la informaci¨®n. Tambi¨¦n es de f¨¢cil arreglo habilitar el reenganche gratuito de aquellas personas vulnerables a las que se hubiese cortado el suministro por error. Pero hay otros aspectos negativos que requieren de un esfuerzo adicional para ser corregidos. En los barrios donde la media de personas vulnerables es mayor, en ocasiones no existen suficientes controles sobre la calidad del agua (instalaciones antiguas, pozos ilegales, contaminaci¨®n¡­), ni una adecuada planificaci¨®n de las infraestructuras. Hace tiempo que hemos dejado de construir fuentes p¨²blicas, salvo para el decoro de las ciudades, olvidando que las personas sin agua ya no tienen d¨®nde ir a buscarla, como ocurre en los poblamientos irregulares, los asentamientos de chabolas o las zonas de vivienda habilitadas para los temporeros.

Con el informe en la mano, puede decirse que Espa?a avanza en la direcci¨®n adecuada. No obstante, es indispensable generalizar las buenas pr¨¢cticas y acelerar el proceso para que alcance, cuanto antes, a todas las poblaciones de nuestro pa¨ªs, sin excepci¨®n alguna. Sin igualdad, el acceso al agua deja de ser un derecho para convertirse en un insoportable privilegio.

Francisco Caama?o es presidente del Observatorio de los Servicios P¨²blicos Urbanos (OSUR) y exministro de Justicia.