El Supremo considera que los vientres de alquiler entra?an ¡°una explotaci¨®n inaceptable¡± para el ni?o y la madre

El Tribunal Supremo ha rechazado que una mujer pueda inscribir directamente en el Registro Civil como hijo a un ni?o del que no es la madre biol¨®gica, sino que naci¨® tras contratar su gestaci¨®n con un vientre de alquiler. Los magistrados de la Sala Civil s¨ª respaldan que la mujer adopte al peque?o, nacido en M¨¦xico en 2015, pero advierten de que lo hacen para proteger ¡°el inter¨¦s superior del menor¡±, que consideran que ya se ha visto seriamente ¡°da?ado¡± por el contrato de gestaci¨®n subrogada, que ¡°cosifica¡± tanto al ni?o como a la madre biol¨®gica. ¡°Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condici¨®n de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad¡±, se?ala el tribunal.

No es la primera vez que la Sala Civil del Supremo pone sobre la mesa las contradicciones de la legislaci¨®n espa?ola respecto a los vientres de alquiler. Ya en 2014, el tribunal vet¨® las inscripciones en el Registro Civil de los beb¨¦s fruto de gestaci¨®n subrogada porque lo contrario supondr¨ªa sortear la ley de Reproducci¨®n Asistida de 2006, que no permite en Espa?a los vientres de alquiler. En esa sentencia, que solo dejaba a los padres la posibilidad de que uno de los dos inscriba al ni?o (si puede acreditar gen¨¦ticamente su paternidad) y el otro lo adopte, el Supremo ya advert¨ªa de que los contratos de gestaci¨®n por sustituci¨®n vulneran los derechos fundamentales, tanto de la mujer gestante como del beb¨¦, y son ¡°manifiestamente contrarios¡± a la ley. Desde entonces, el Supremo ha tenido que abordar el asunto de los vientres de alquiler en diferentes vertientes, como el derecho a baja paternal o maternal de los padres que contratan estos servicios (prestaci¨®n que ha reconocido el tribunal), y siempre que lo ha debatido ha recordado que estos contratos son ¡°nulos de pleno derecho¡± en Espa?a, pero que, una vez hechos, hay que proteger al menor.

El caso resuelto ahora insiste en esa tesis, pero al hacerlo, el tribunal va un paso m¨¢s all¨¢ en su censura a una pr¨¢ctica que, apunta, ¡°entra?a un da?o al inter¨¦s superior del menor y una explotaci¨®n de la mujer que son inaceptables¡±. La sentencia del Supremo recoge el contrato firmado entre la mujer espa?ola y la ¡°madre gestante¡± a trav¨¦s de una agencia de M¨¦xico. Entre otras cl¨¢usulas, la madre biol¨®gica firma su obligaci¨®n de entregar al ni?o ¡°inmediatamente despu¨¦s del parto sin ninguna interferencia a la futura madre¡±, acepta ¡°mantener una dieta consistentemente nutricional, procedimientos de ultrasonidos frecuentes, prolongada abstinencia de relaciones sexuales, abstenerse de tatuajes, perforaciones en el cuerpo y efectos o cirug¨ªa est¨¦tica, interrupci¨®n del ejercicio vigoroso¡± y renuncia a su derecho a la confidencialidad m¨¦dica. El contrato deja adem¨¢s en manos de la mujer que paga la decisi¨®n ¨²ltima sobre la vida de la gestante en el caso de que esta ¡°sufriera cualquier enfermedad o lesi¨®n potencialmente mortal (como por ejemplo muerte cerebral)¡±: ¡°La madre tiene el derecho a mantenerla con vida con un soporte vital m¨¦dico, con el objetivo de salvar al feto hasta que el m¨¦dico tratante determine que est¨¢ listo para el nacimiento¡±, establece el documento.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Saraz¨¢, recuerda que la contrataci¨®n de un vientre de alquiler no es solo contraria a la legislaci¨®n espa?ola, sino tambi¨¦n a compromisos internacionales firmados por Espa?a, la Convenci¨®n sobre los derechos del Ni?o o a la Convenci¨®n de la ONU sobre la eliminaci¨®n de todas las formas de discriminaci¨®n contra la mujer. Sin embargo, admite el tribunal, estas convenciones y normas ¡°contrastan radicalmente¡± con lo que sucede en la pr¨¢ctica. ¡°Las agencias que intermedian en la gestaci¨®n por sustituci¨®n act¨²an sin ninguna traba en nuestro pa¨ªs, hacen publicidad de su actividad [¡­] pese a que el art. 3.1 de la Ley General de Publicidad considera il¨ªcita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constituci¨®n Espa?ola¡±, lamenta el Supremo, que llama la atenci¨®n sobre el hecho de que estas agencias incluso celebren ¡°ferias¡± presenciales en las que se publicitan y veden su producto.

El Supremo incorpora en su sentencia un reproche directo a ¡°las administraciones competentes para la protecci¨®n del menor¡± que, advierte, no adoptan ¡°iniciativa alguna¡± para garantizar la protecci¨®n de los ni?os, por ejemplo, cuando una revista publica noticias sobre un famoso que anuncia ¡°la tra¨ªda a Espa?a de un ¡®hijo¡¯ fruto de una gestaci¨®n por sustituci¨®n¡±. ¡°El Informe del Comit¨¦ de Bio¨¦tica pone de relieve la incoherencia que supone el contraste entre esta regulaci¨®n legal y que en la pr¨¢ctica no existan obst¨¢culos a reconocer el resultado de una gestaci¨®n por sustituci¨®n comercial en la que se han vulnerado los m¨¢s elementales derechos fundamentales de la madre gestante y del ni?o, si ha tenido lugar en el extranjero¡±, recuerda el tribunal.

La consecuencia de esa situaci¨®n, a?ade el Supremo, es que el ni?o nacido fruto de una gestaci¨®n por sustituci¨®n, entra ¡°sin problemas¡± en Espa?a y acaba integrado en un n¨²cleo familiar durante un tiempo prolongado. Y, llegados a este punto, el tribunal considera que lo esencial es proteger el inter¨¦s superior del menor, aunque eso pase, como en este caso, por favorecer a la persona que contrat¨® los servicios del vientre de alquiler. Con todo, la sentencia no permite a la mujer seguir el camino m¨¢s r¨¢pido para convertirse oficialmente en madre del ni?o, que ser¨ªa su inscripci¨®n directa en el Registro Civil, sino que la obliga a hacerlo mediante una adopci¨®n, una posibilidad recogida en el Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019.