El Constitucional rechaza aplazar su debate sobre el aborto por el proyecto de una nueva ley

Los planes del Gobierno para aprobar una nueva ley del aborto han provocado numerosas especulaciones sobre la posibilidad de que esta iniciativa suponga que el Constitucional ya no tenga que pronunciarse sobre el recurso que el PP present¨® en 2010 contra la vigente ley de plazos. Sin embargo, la idea de que la nueva norma desactivar¨¢ la impugnaci¨®n de los populares constituye una hip¨®tesis remota. Sobre todo, porque el tribunal de garant¨ªas tiene en principio el prop¨®sito de someter en breve a debate su proyecto de resoluci¨®n, probablemente a finales del mes de junio, mientras que una iniciativa legislativa sobre la interrupci¨®n voluntaria del embarazo requiere mucho m¨¢s tiempo de tramitaci¨®n y debate.

No cabe dar por descontado, por otra parte, que la nueva legislaci¨®n que prepara el Gobierno hubiera de tener efectos extintivos autom¨¢ticos sobre la impugnaci¨®n existente. En la actualidad, el recurso del PP sigue planteado, sin que el partido que lo present¨® pueda renunciar sin m¨¢s a mantenerlo. La impugnaci¨®n es del grupo parlamentario del PP, pero eso significa que lo es de los parlamentarios que lo suscribieron, la mayor parte de los cuales ya no est¨¢ en el Congreso. Sus sucesores no pueden retirar el recurso.

El Constitucional, a su vez, tendr¨ªa que examinar el contenido de la nueva norma, con la capacidad de decidir posteriormente mediante auto o sentencia sobre la extinci¨®n del recurso de inconstitucionalidad que presentaron los populares. En general, el tribunal de garant¨ªas viene estimando que la derogaci¨®n determina la p¨¦rdida de objeto del recurso, salvo si lo que se cuestiona es precisamente la competencia para dictar la ley. Sin embargo, todo depende de los t¨¦rminos de la derogaci¨®n, es decir, de si es total o parcial, y expresa o t¨¢cita, entre otros factores.

A priori, en el caso del vigente texto cabe pensar que una derogaci¨®n expresa generar¨ªa la extinci¨®n del recurso, al sustituir la ley impugnada por una nueva legislaci¨®n que regule la misma materia. Ahora bien, no hay que dar esta posibilidad como la ¨²nica existente, en especial si el Constitucional llegara a estimar que lo que se pretende es sustituir la normativa actual por otra calcada, o que diga esencialmente lo mismo, con el exclusivo prop¨®sito de dejar sin efecto el recurso de inconstitucionalidad presentado hace 12 a?os.

En tal supuesto, el Ejecutivo y los grupos parlamentarios que apoyasen la iniciativa correr¨ªan el riesgo de que el Constitucional considerara que se ha perseguido un objetivo fraudulento. En el ¨®rgano de garant¨ªas no se guarda memoria de que se haya producido un caso de este tipo, por lo que, ante un supuesto as¨ª, mal podr¨ªa acudirse a los precedentes.

Otro posible recurso

Fuentes del Constitucional consideran que en ese caso ser¨ªa posible intentar la ampliaci¨®n del objeto del amparo planteado. Y, desde luego, tambi¨¦n resultar¨ªa viable la presentaci¨®n de otro recurso de inconstitucionalidad contra la nueva normativa. De todo ello se deriva que la ¨²nica consecuencia de cualquiera de estas hip¨®tesis ser¨ªa volver a la casilla de salida y poner a cero el reloj en el debate sobre la legislaci¨®n relativa al derecho a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo.

En cuanto a la situaci¨®n de los trabajos del Constitucional para resolver el recurso del PP, fuentes del tribunal afirman que est¨¢n muy avanzados. El nuevo ponente del caso es el magistrado Enrique Arnaldo, perteneciente a la mayor¨ªa conservadora del tribunal, compuesta por 6 de los 11 miembros que actualmente componen el pleno. El duod¨¦cimo, Alfredo Montoya, sigue recuper¨¢ndose del ictus que sufri¨® en agosto, y no se ha reincorporado al Constitucional. Los otros cinco puestos los ocupan los magistrados del sector progresista.

El prop¨®sito del tribunal sigue siendo debatir el recurso de los populares en las pr¨®ximas semanas. Iba a ser en mayo, pero tras la convocatoria de las elecciones andaluzas se ha tomado por consenso la decisi¨®n de aplazarlo hasta despu¨¦s del 19 de junio, fecha de estos comicios. En teor¨ªa, el 12 de junio tendr¨ªa que estar renovado el Constitucional, pero se da por hecho que antes de ese d¨ªa no se habr¨¢ producido acuerdo alguno entre el Gobierno y el PP a este respecto. El presidente del tribunal, Pedro Gonz¨¢lez Trevijano, mantiene por tanto el prop¨®sito de llevar a pleno a finales de junio el proyecto de sentencia. De modo que, si este objetivo se cumple, ser¨¢ materialmente imposible que la nueva ley que prepara el Gobierno pueda llegar a impedir que se dicte sentencia sobre la legislaci¨®n vigente.

En todo caso, el proyecto de fallo ser¨¢ objeto de sondeos previos entre los propios magistrados, de modo que no se someter¨¢ a votaci¨®n en el pleno hasta que se haya comprobado que existen posibilidades ciertas de aprobarlo por una mayor¨ªa holgada. Se entiende, por tanto, que no habr¨¢ sentencia alguna por menos de siete votos a favor, aunque en realidad se busca que esa mayor¨ªa sea de ocho o m¨¢s votos. Y se da por descontado que ese apoyo deber¨ªa ser para mantener la actual ley de plazos. Es decir, en medios del propio tribunal se descarta que la ley vigente vaya a ser derogada. Al contrario, se considera que la sentencia avalar¨¢ el actual sistema de plazos, y si no hay acuerdo se dejar¨¢ el recurso para que lo resuelva el tribunal una vez renovado, que ya tendr¨¢ mayor¨ªa progresista. El n¨²cleo del debate para buscar f¨®rmulas de consenso estar¨¢, por tanto, en el establecimiento de requisitos previos de informaci¨®n a la mujer que quiera abortar sobre posibilidades alternativas, por ejemplo, de tipo asistencial.