El PP y algunas comunidades socialistas frenan el plan de Belarra para cambiar el modelo de residencias

Varapalo a la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales para cambiar el modelo de residencias. El departamento que dirige Ione Belarra (Unidas Podemos) no ha logrado este mi¨¦rcoles cosechar los apoyos suficientes en la reuni¨®n que ha mantenido con las comunidades aut¨®nomas para sacar adelante un acuerdo sobre los nuevos requisitos que se exigir¨¢n a los servicios de la dependencia en Espa?a. No ha llegado a haber una votaci¨®n como tal, pero las autonom¨ªas han ido comunicando su postura. Todas las gobernadas por el PP (a excepci¨®n de Castilla y Le¨®n, que ha anunciado que se abstendr¨ªa), y tambi¨¦n Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas en manos del PSOE, han mostrado su rechazo. Tambi¨¦n se han opuesto Catalu?a y Pa¨ªs Vasco. Asturias ha informado de su abstenci¨®n. Se ha llegado, por tanto, a la conclusi¨®n de que no se obtendr¨ªan los apoyos necesarios para sacar adelante la propuesta, seg¨²n varias fuentes conocedoras de lo sucedido en la reuni¨®n. Fuentes del ministerio han informado de que han acordado con las autonom¨ªas posponer la votaci¨®n, a la espera de cerrar los ¨²ltimos detalles. El departamento de Belarra conf¨ªa en poder alcanzar un pacto a lo largo del pr¨®ximo mes, en el que incluyan una subida de las exigencias de personal en residencias.

Derechos Sociales y las autonom¨ªas llevan meses negociando para fijar los nuevos requisitos m¨ªnimos que deben cumplir todos los servicios de la dependencia en Espa?a, entre ellos, las residencias de mayores. El objetivo es cambiar el modelo de atenci¨®n, que se tengan en cuenta las necesidades y preferencias de cada usuario, que sean los servicios los que se adapten a los dependientes, y no al rev¨¦s. En su ¨²ltima propuesta, Derechos Sociales planteaba que los nuevos centros tuvieran un m¨¢ximo de 75 a 120 plazas, en funci¨®n de si se sit¨²an en zonas rurales o en ciudades, y que se dividan en unidades de convivencia de, como m¨¢ximo, 15 personas. Pero el texto no ha cosechado suficientes apoyos. Varias fuentes auton¨®micas consultadas en los ¨²ltimos meses hab¨ªan manifestado sus dudas sobre c¨®mo se afrontar¨¢n unos cambios que requerir¨¢n un gran desembolso econ¨®mico.

El texto tampoco cuenta con el visto bueno de las patronales, que lo ven ¡°inviable¡±, ni de los sindicatos, que lo ven insuficiente, igual que las asociaciones de familiares de usuarios de residencias. Fuentes del ministerio explican que en su propuesta final incluir¨¢n que la ratio en los centros residenciales se sit¨²e en un trabajador por cada dos residentes, que se ampl¨ªe el n¨²mero de habitaciones individuales en las residencias p¨²blicas y que las unidades de convivencia sean de 15 personas como m¨¢ximo (esto ¨²ltimo ya recogido en el texto que estaba este mi¨¦rcoles sobre la mesa).

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano Garc¨ªa-Page, ha reiterado este mi¨¦rcoles que es precisa una adecuada financiaci¨®n para el nuevo modelo. ¡°O hay trigo o predicar queda en humo¡±, ha dicho en un acto en Guadalajara. ¡°Espa?a puede y debe plantearse un nuevo modelo de residencias. Est¨¢ bien un modelo ideal donde se triplique el coste de la plaza, pero exigimos que lo que se quiera hacer se financie¡±, ha dicho. ¡°Ya est¨¢ bien que el Estado invite, pero no pague¡±, ha a?adido, seg¨²n informa la agencia Efe. La consejera andaluza de Igualdad, Roc¨ªo Ruiz (Ciudadanos), ha manifestado que el texto le parece ¡°la carta a los Reyes Magos¡±.

El sistema de la dependencia ha estado ampliamente castigado en la ¨²ltima d¨¦cada, especialmente a partir de los recortes de 2012, que no se recuperaron, de hecho, hasta el a?o pasado, cuando Derechos Sociales inyect¨® 600 millones, en el marco de un plan de choque para dar un impulso al sector. En total, hay unos 1.800 millones adicionales entre 2021 y 2022 respecto a 2020. Pero el problema, seg¨²n plantean algunas fuentes auton¨®micas, es que hay que avanzar en muchos ¨¢mbitos: reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales y la calidad de los servicios. El grueso de la financiaci¨®n del sistema recae en los hombros de las autonom¨ªas.

En el texto que se hab¨ªa enviado a las comunidades se precisa que parte de la financiaci¨®n de la dependencia, el llamado nivel acordado (en 2022 son 483 millones que el ministerio reparte a las autonom¨ªas), se ¡°orientar¨¢¡± a garantizar los criterios de acreditaci¨®n y calidad, es decir, los recogidos en el documento. Se establece que las administraciones adecuar¨¢n, ¡°en su caso¡±, la financiaci¨®n de la dependencia y el precio de los servicios concertados a medida que se vayan introduciendo los nuevos requisitos. Y se indica que ¡°el grado de cumplimiento¡± del acuerdo por parte de cada comunidad ¡°vendr¨¢ condicionado por las disponibilidades presupuestarias¡±. Pero no se menciona ninguna cantidad espec¨ªfica. Una fuente auton¨®mica consultada hace unos d¨ªas manifestaba sus reservas respecto a esta f¨®rmula. ¡°Y si en un momento se recorta la financiaci¨®n, ?qu¨¦ hacemos?¡±, dec¨ªa. Otra fuente auton¨®mica replica, en cambio, que no todo radica en la financiaci¨®n del ministerio, sino que aquellas comunidades que han impulsado las plazas en residencias a trav¨¦s de cheques servicio (se le da un dinero a la persona en situaci¨®n de dependencia, y el resto del coste debe ponerlo de su bolsillo) en lugar de en plazas p¨²blicas, ahora deber¨ªan aportar m¨¢s dinero, si quieren evitar que la subida del coste y, por tanto, del precio de las plazas repercuta en los mayores.

Negociaci¨®n

La negociaci¨®n entre el departamento que dirige Ione Belarra y las comunidades aut¨®nomas se inici¨® el pasado julio, con la aprobaci¨®n de los principios que deb¨ªan regir este nuevo modelo de atenci¨®n, como adelant¨® EL PA?S. El Consejo Territorial de Servicios Sociales abordaba este mi¨¦rcoles el texto que deber¨¢ sentar las bases sobre las exigencias m¨ªnimas para los servicios de dependencia (residencias, centros de d¨ªa, ayuda a domicilio y teleasistencia), entre ellos, los concertados y los cheques servicio. Es decir, que afectar¨¢ a gran parte del sector. El texto propuesto por Derechos Sociales prev¨¦ que las comunidades aprueben una normativa para adaptarse al acuerdo, que no solo afectar¨ªa a los centros de nueva construcci¨®n, tambi¨¦n a los que ya est¨¢n en marcha. Para ello, tendr¨ªan que incluir un ¡°calendario de adecuaci¨®n paulatina¡± a estos criterios y se daba a los centros hasta el 31 de diciembre de 2029 para que se adapten al modelo.

Durante estos meses, Derechos Sociales no solo se ha sentado con las comunidades aut¨®nomas, cruciales para que el texto salga adelante, en tanto tienen competencia en la gesti¨®n de la dependencia. Tambi¨¦n ha trabajado, por un lado, en la mesa de di¨¢logo social (con patronales y sindicatos) y, por otro, en la de di¨¢logo civil (con asociaciones y expertos del sector).

En Espa?a, el 73% de las plazas est¨¢n en manos privadas, seg¨²n datos del CSIC. Ninguna de las patronales del sector apoya el texto. Ni las empresas ni las entidades sociales. Este martes, las patronales Aeste, Asade, Ceaps y Fed, que representan a las empresas, han considerado en un comunicado que el modelo es ¡°inviable¡± y ¡°pone en riesgo¡± la atenci¨®n de las personas en situaci¨®n de dependencia. Estiman que implicar¨ªa una subida de precios de en torno al 50% (una plaza cuesta ahora, de media, unos 2.000 euros) y que podr¨ªa suponer el cierre de 72.500 plazas residenciales, el 25% de un sector cuya oferta ya est¨¢ ¡°en punto cr¨ªtico¡±, sin poder atender la lista de espera. Las patronales piden que no haya retroactividad en las medidas. ¡°Los centros ya construidos cumpl¨ªan una normativa que ahora ya no vale y hay que remodelarlos. ?D¨®nde queda la seguridad jur¨ªdica? Nos veremos en los tribunales¡±, opina Ignacio Fern¨¢ndez-Cid (Fed). La Federaci¨®n Lares, que aglutina a entidades sin ¨¢nimo de lucro, cree ¡°imposible¡± aceptar la propuesta y cree que pone en riesgo la viabilidad de los centros medianos y peque?os.

Los sindicatos tambi¨¦n rechazan el documento, aunque por motivos diferentes. En una nota conjunta, CC OO y UGT han lamentado que el texto no incluya ¡°ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo¡± propuestas por ellos. ¡°Pese al incremento de la financiaci¨®n comprometido, el Ministerio de Derechos Sociales, presionado por las comunidades aut¨®nomas, ha decidido incumplir la condicionalidad de esta mejora de financiaci¨®n al aumento de la calidad en el empleo¡±, se lee en la nota. Critican que se hayan rebajado las condiciones respecto a anteriores borradores, por ejemplo, en cuanto a los requisitos de contrataci¨®n, que se han eliminado del texto. En su nota, recuerdan que solo el 39% de los trabajadores del sector tienen contrato indefinido y a jornada completa. Y afean que se pospongan las mejoras de ratios en residencias al 31 de diciembre de 2029. Fuentes del ministerio aseguran que en el pr¨®ximo acuerdo se incluir¨¢ una mejora en cuanto a las ratios.

Por otro lado, el texto tambi¨¦n se ha trabajado con la mesa de di¨¢logo civil. Uno de sus miembros, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarios de Residencias, tambi¨¦n ha criticado el texto. Antes de conocer el resultado de la votaci¨®n, hab¨ªa emitido una nota de prensa en la que criticaba que el Gobierno ¡°se ha doblegado ante posiciones muy restrictivas e inmovilistas¡± de los gobiernos auton¨®micos, que ¡°han intervenido, en buena parte de las ocasiones, como mera correa de transmisi¨®n de las patronales m¨¢s importantes¡± del sector de la dependencia. En su nota informan de que han convocado una manifestaci¨®n para los primeros d¨ªas de julio en Madrid, ¡°invitando a la reflexi¨®n cr¨ªtica de la sociedad¡±.