¡®Ley trans¡¯: El Consejo de Estado plantea informes m¨¦dicos para cambiar de sexo en el registro y aval judicial para los menores

La cuesti¨®n que gener¨® los primeros debates entre los socios de Gobierno, la que ha abierto una brecha en parte del movimiento feminista, la que objet¨® el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es una de las que tambi¨¦n apunta el Consejo de Estado ¡ªel otro ¨®rgano consultivo, junto al CGPJ, por el que deben pasar los anteproyectos de ley¡ª en el dictamen emitido para la norma: la autodeterminaci¨®n de g¨¦nero, es decir, cambiar el sexo en el registro ¨²nicamente con la voluntad de la persona. Entre los cambios que propone, est¨¢ incluir la ¡°exigencia¡± de un informe m¨¦dico o psicol¨®gico y el aval judicial para solicitar el cambio de sexo para todos los menores de edad.

El ¨®rgano consultivo presidido por la exvicepresidenta socialista Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega emiti¨® el dictamen el pasado 23 de junio ¡ªya publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado¡ª, es decir, cuatro d¨ªas antes de que el anteproyecto llegase al Consejo de Ministros solo para ser remitido al Congreso de los Diputados, donde deber¨¢ darse el debate parlamentario. Y aunque respalda el objetivo del texto ¡ª¡°los fines perseguidos por el anteproyecto en lo que hace a la eliminaci¨®n de la discriminaci¨®n y garantizar y promover la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, es claramente coherente con los principios de igualdad formal y material y de protecci¨®n de la dignidad de la persona, y con el marco constitucional, europeo e internacional¡±¡ª, hace varias observaciones que, en gran parte, coinciden con las que ya hizo el CGPJ. Sobre todo en las referentes a c¨®mo se debe proceder para poder hacer el cambio de sexo en el registro. En torno a esto, propone tres cambios.

Informe m¨¦dico o psicol¨®gico. ¡°La exigencia de tal informe m¨¦dico o psicol¨®gico constituir¨ªa una garant¨ªa para el solicitante que deber¨ªa ser mantenida en aras de la protecci¨®n de la persona que libremente decide transitar de un sexo a otro¡±, especifica el dictamen. El ¨®rgano alega que la Justicia no ha considerado ¡°que la exigencia de un diagn¨®stico m¨¦dico o psicol¨®gico de la disforia de g¨¦nero vulnere los derechos fundamentales de la persona¡±, y a?ade que la legislaci¨®n de la mayor¨ªa de los ordenamientos jur¨ªdicos del entorno ¡ª y en Espa?a, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificaci¨®n registral de la menci¨®n relativa al sexo de las personas¡ª, hacen que ese informe previo sea necesario para el derecho a la rectificaci¨®n en el registro.

Arguye tambi¨¦n que esto est¨¢ ¡°en consonancia con lo dispuesto por el legislador en relaci¨®n con otros hechos inscribibles en el Registro Civil¡±, como ¡°el nacimiento o la defunci¨®n de la persona, cuya inscripci¨®n precisa la presentaci¨®n de parte facultativo o certificado m¨¦dico¡±. Y afirma que ¡°en este contexto, no parece necesario ni proporcionado desvincular la rectificaci¨®n registral de la menci¨®n relativa al sexo de todo elemento probatorio que acredite, de un modo u otro, cierta estabilidad en la identidad sexual libremente definida por la persona¡±.

Aval judicial para los menores de 18 a?os. Para el Consejo, ¡°el expediente de jurisdicci¨®n voluntaria¡± es el cauce m¨¢s id¨®neo para canalizar el derecho de los menores de edad¡± a cambiar el sexo en el registro. No le parece ¡°acertada la afirmaci¨®n de la memoria seg¨²n la cual si se ¡°condiciona[se] el cambio de sexo registral de mayores de 14 a?os a la obtenci¨®n de aprobaci¨®n judicial (...) no se estar¨ªa teniendo en cuenta la madurez de cada menor o su situaci¨®n¡±.

El ¨®rgano afirma que, ¡°al contrario, la flexibilidad con la que se ha concebido¡± esa herramienta ¡ªen la que el juez o jueza ¡°comprobar¨¢, entre otros extremos, la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisi¨®n¡±¡ª hacen que sea un cauce ¡°especialmente id¨®neo para valorar las circunstancias de cada caso concreto y, de esta forma, velar por el inter¨¦s superior del menor, tal y como ha sido interpretado por nuestra jurisprudencia y doctrina constitucional¡±.

El Consejo se pregunta si con el sistema propuesto ahora mismo en el anteproyecto, ¡°se va a favorecer que se tomen decisiones precipitadas, no asentadas en una situaci¨®n estable de transexualidad, lo que, a la postre, podr¨ªa terminar repercutiendo de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad del sujeto¡±. Y tambi¨¦n apunta a pa¨ªses del entorno, en los que se ¡°suele reconocer a los menores de edad legitimaci¨®n para promover la rectificaci¨®n de la menci¨®n registral relativa al sexo y, cuando lo hace, incluye cautelas tales como la exigencia de que hayan cumplido diecis¨¦is a?os y posean suficiente discernimiento (B¨¦lgica y Portugal), cuenten con un certificado m¨¦dico de disforia de g¨¦nero (Noruega) o articulen su solicitud v¨ªa jurisdiccional (Irlanda y Malta)¡±.

Acotar los cambios en el registro. ¡°En la medida en que se admite su rectificaci¨®n sobre la base de la libre determinaci¨®n sexual de la persona, se deber¨ªa posibilitar la reversi¨®n de esta decisi¨®n¡±, dice el dictamen. Eso s¨ª, con algunas acotaciones, ¡°cautelas que garanticen una adecuada protecci¨®n de otros bienes jur¨ªdicos concurrentes y el debido respeto a los principios de seguridad jur¨ªdica y de orden p¨²blico, que, como se ha apuntado, precisan cierta estabilidad en la definici¨®n de la identidad sexual del sujeto¡±.

Alude, por ejemplo, al ¡°transcurso de cierto periodo de tiempo entre la rectificaci¨®n registral y su reversi¨®n ¡ªsiendo el plazo de seis meses propuesto por la autoridad consultante insuficiente a estos efectos, al menos si se mantienen inalterados los dem¨¢s elementos del sistema¡ª, e imponer un l¨ªmite cuantitativo ¡ªn¨²mero de veces que una persona podr¨¢ instar¡ª¡±. Y este ¨²ltimo l¨ªmite cuantitativo, a?ade, ¡°deber¨ªa¡± atender a la edad de quien lo solicite: ¡°No parece razonable equiparar la situaci¨®n del menor de edad ¡ªcuya identidad sexual est¨¢ en proceso de construcci¨®n y puede, por consiguiente, ser objeto de alteraci¨®n¡ª, a la del mayor de edad¡±.

Estas modificaciones propuestas, que el Ministerio de Igualdad no incluy¨® en el paso por el Consejo de Ministros, podr¨ªan a¨²n entrar en la nueva norma a trav¨¦s del debate parlamentario que deber¨¢ darse primero en el Congreso, y despu¨¦s en el Senado, antes de entrar en vigor.