Seis de cada diez ciudadanos viven en comunidades aut¨®nomas con servicios sociales debilitados
Un informe alerta de que la crisis ocasionada por la pandemia frena el sistema, que est¨¢ estancado pese al aumento de financiaci¨®n en 2020
En Espa?a, 6 de cada 10 ciudadanos viven en comunidades aut¨®nomas que tienen unos servicios sociales d¨¦biles, seg¨²n el ?ndice DEC 2021, un informe que ha presentado este mi¨¦rcoles la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Tras valorar una treintena de indicadores, el 61% con datos de 2020 y el resto de 2021, concluyen que la pandemia fren¨® la tendencia de recuperaci¨®n que constataban desde 2016, ¡°cuando tocaron fondo los recortes¡± tras la anterior crisis econ¨®mica. Los servicios sociales se debilitan. As¨ª, la puntuaci¨®n media en el pa¨ªs, que se sit¨²a en 5,1, baja respecto al 5,33 del anterior informe, presentado el a?o pasado. Tan solo cinco regiones mejoran (Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalu?a y La Rioja) su calificaci¨®n. La clasificaci¨®n general la lidera Navarra (7,39) con la mejor puntuaci¨®n y a la cola est¨¢ la Comunidad de Madrid (3,07). Pese a que el gasto de las autonom¨ªas y entidades locales aument¨® un 10% en 2020, algunos servicios permanecieron estancados o incluso retrocedieron. La asociaci¨®n alerta de ineficiencias en el sistema y de grandes diferencias territoriales.
En el informe se punt¨²a, por un lado, la cobertura en una treintena de indicadores divididos en tres apartados (reconocimiento de derechos, inversi¨®n econ¨®mica y cobertura de servicios), que incluyen por ejemplo el gasto p¨²blico, las plazas en residencias o los acogimientos familiares de menores tutelados por la Administraci¨®n. Paralelamente, se valora si alguna regi¨®n es excelente en alguno de los tres ¨¢mbitos estudiados y, en ese caso, esta adquiere una mejor posici¨®n.
La calificaci¨®n, por lo tanto, no es solo num¨¦rica, sino que tambi¨¦n se ponderan otros aspectos. Por poner un ejemplo, los servicios sociales de Cantabria, Canarias, Murcia y la Comunidad de Madrid se consideran irrelevantes porque ninguna llega al cinco, ni tampoco a la excelencia en alguna de las tres dimensiones analizadas; y los de Castilla-La Mancha, Andaluc¨ªa, la Comunidad Valenciana y Galicia, d¨¦biles, porque o superan el cinco sin ning¨²n aspecto excelente, o no llegan al aprobado, pero s¨ª son excelentes en alguna dimensi¨®n. 6 de cada 10 ciudadanos viven en alguna de estas comunidades.
En el nivel medio bajo est¨¢n La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Arag¨®n y Catalu?a, y en el medio, Castilla y Le¨®n y el Pa¨ªs Vasco. Solo Navarra obtiene la calificaci¨®n de alto. La asociaci¨®n advierte, no obstante, de que el Pa¨ªs Vasco aparece ¡°desenfocado¡± en la foto, dado que es la ¨²nica autonom¨ªa que no remiti¨® algunos de los datos solicitados, y al no contar con esa informaci¨®n, probablemente se ha visto perjudicada en su puntuaci¨®n.
¡°El sistema est¨¢ estancado, o incluso en retroceso¡±, lamenta Gustavo Garc¨ªa, coordinador del estudio. ¡°El informe nos permite ver c¨®mo salieron los servicios sociales del primer golpe de la covid, en 2020, que fue un a?o duro, dram¨¢tico, excepcional. Hemos analizado el presupuesto liquidado: el incremento del 10% en el gasto, hasta superar los 14.600 millones de euros, no ha repercutido en un crecimiento similar en la cobertura de los servicios, posiblemente porque haya ido a atender necesidades imperiosas en aquellos momentos. Hubo que tomar medidas excepcionales que supusieron unos costes tremendos, especialmente en materia de personal, en residencias de mayores y de personas con discapacidad, y tambi¨¦n en centros de personas sin hogar, por ejemplo¡±, explica. Tambi¨¦n ha habido ¡°mayor necesidad de dar ayudas de emergencia social¡±, que no son servicios, ¡°sino prestaciones puntuales a personas y familias¡± que lo necesitan.
Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la asociaci¨®n, quien ha cuantificado en 8,5 millones de personas los usuarios del sistema, a?ade: ¡°Justo cuando llega la mayor crisis social, los servicios sociales p¨²blicos, en lugar de situarse como una red o ascensor social para hacer que las personas m¨¢s vulnerables tengan las garant¨ªas de una convivencia positiva y una inserci¨®n social, se debilitan. Est¨¢n atrapados por la burocracia y la falta de presupuesto, porque el que hay es insuficiente¡±.
Esta es la octava edici¨®n del informe, la primera se present¨® en 2012. Y a?o a a?o la asociaci¨®n afea las fuertes diferencias entre territorios, que suponen ¡°una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy b¨¢sicos de las personas¡±. La inversi¨®n en servicios sociales por habitante y a?o en el Pa¨ªs Vasco (971,1 euros) triplica la de Murcia (317,4). Las administraciones p¨²blicas vascas destinan a los servicios sociales el 3,19% del PIB, el triple que en la Comunidad de Madrid (1,11%). En Asturias se dedica el 9,72% de los presupuestos de la comunidad y entidades locales del sector, mientras que en Murcia se invierte el 6,52%.
Todo ello repercute en los servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales b¨¢sicos por cada 739 habitantes, mientras que la Comunidad de Madrid cuenta con uno por cada 5.515 habitantes, es decir, se multiplica el n¨²mero de ciudadanos por 7,5. Para el conjunto del pa¨ªs, adem¨¢s, esta ratio ha empeorado en el informe de 2021 respecto al de 2020: un profesional por cada 2.064 habitantes, frente a uno por cada 1.875 un a?o antes.
Gustavo Garc¨ªa se muestra preocupado por las ¡°ineficiencias¡± que existen. ¡°Gastar m¨¢s no es necesariamente hacerlo mejor¡±, dice. ¡°Estamos creando un sistema muy farragoso, muy complejo, y eso hace que los presupuestos a veces no se gestionen con la agilidad necesaria o que tengamos una sobrecarga de estructuras gestoras, cuando podr¨ªan dedicarse a estructuras prestacionales¡±. Y apunta que los mecanismos y procedimientos con los que se trabaja, en muchas ocasiones, ralentizan los plazos, como por ejemplo ocurre con la ley de dependencia.
En un a?o como 2020, que vivi¨® el estallido de una pandemia que ha tenido a los mayores como el sector m¨¢s afectado, puntualiza la asociaci¨®n, el incremento de gasto (de una media de 406,3 euros por habitante en 2019 a 446,9 euros) no ha ido acompasado con una mejora en los servicios destinados a esta poblaci¨®n. Las plazas residenciales financiadas por la Administraci¨®n se mantienen pr¨¢cticamente igual que el a?o anterior, como los centros de d¨ªa y el servicio de teleasistencia. La ayuda a domicilio retrocede en su intensidad: 2,8 horas menos de media mensual, al pasar de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020.
El gasto en servicios sociales p¨²blicos alcanz¨® en 2020 el 1,88% del PIB, frente al 1,6% de 2019. Sin embargo, supone una menor proporci¨®n del presupuesto global de las comunidades aut¨®nomas y entidades locales, al pasar del 9,95% en 2019 al 7,78% en 2020. Esto se debe a que, por un lado, el PIB se contrajo debido al impacto de la crisis, lo cual hace que lo destinado a servicios sociales tenga m¨¢s significaci¨®n; y la crisis sanitaria y social hizo que el gasto de las administraciones p¨²blicas se elevara por encima del 10% de incremento en servicios sociales, de ah¨ª que constituya un menor porcentaje.
La asociaci¨®n destaca que en los ¨²ltimos 10 a?os, cuando se han sucedido dos crisis econ¨®micas, hay una mejora en el reconocimiento de derechos, en inversi¨®n econ¨®mica (el gasto por habitante y a?o ha aumentado un 26%) y en cobertura de servicios. Sin embargo, los servicios sociales p¨²blicos no han avanzado al ritmo requerido. Adem¨¢s, y pese a reconocer las mejoras presupuestarias en 2021, afea que en 2020 la Administraci¨®n General del Estado no destinara ¡°ayudas econ¨®micas extraordinarias¡± a los servicios sociales, en el marco del fondo de 16.000 millones aprobado por entonces, como s¨ª se dedicaron a educaci¨®n o sanidad. Tambi¨¦n critica, una vez m¨¢s, la mala calidad de los datos en servicios sociales y llama a las administraciones a mejorarlos.
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